Las increíbles pensiones menguantes

El pasado día 1 de julio, el Gobierno tuvo que sacar otros 8.700 millones del Fondo de Reserva para pagar la extra de verano a los pensionistas y está decidido a hacerlo de nuevo en diciembre para abonar la extra de Navidad. Después del último envite, en el fondo quedan menos de 20.000 millones de euros. Y Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, reconocía que "no existe un Fondo de Reserva lo suficientemente grande que pueda garantizar las pensiones si no hay crecimiento económico y creación de empleo". Le faltó añadir que la hucha es un bluf con el que se engañado a los incautos.

La popularmente conocida como “hucha de las pensiones” está condenada a vaciarse. Servirá, en todo caso, para ganar tiempo, a la espera, primero, de constituir algo parecido a un Gobierno; y después, adoptar medidas que eviten al colapso del sistema hasta que la reforma de 2013, con su temible mecanismo de ajuste automático, empiece a generar millones de jubilados pordioseros. Aun cumpliéndose esas dos condiciones previas (lo cual está por ver), va a ser mucho más que complicado que se constituya una mayoría suficiente y estable con la que abordar algo parecido a una reforma. Y más aún que tal reforma no tenga efectos adversos para la economía.

La “hucha de las pensiones” es una argucia contable cuyo fin es trasladar a la opinión pública la idea de que el Estado guardaba algunos ahorros en un calcetín 

Del bluf de la hucha a la chapuza urgente

Pero vayamos por partes. Lo primero que hay que decir es que, en efecto, la “hucha de las pensiones” es una argucia contable cuyo fin es trasladar a la opinión pública la idea de que el Estado, a pesar de estar con el agua al cuello, guarda algunos ahorros en un calcetín. Si esta partida se utilizaba para comprar deuda pública, para financiar gastos que nada tienen que ver con las pensiones, ¿qué más da llamarla hucha de las pensiones, bomba de relojería o, simplemente, tomadura de pelo? Al fin y al cabo, el sistema de Seguridad Social podría haber acumulado un superávit muy superior a los 66.800 millones que tuvo en su mejor momento, porque durante muchos años los jubilados han sido pocos en comparación con los cotizantes. Cuando el Estado responde por la Seguridad Social, lo importante es el déficit o superávit consolidado, el de todas las Administraciones y la Seguridad Social en conjunto: lo demás es ingeniería contable, prestidigitación política con la que tranquilizar a los tontos.  

Sea como fuere, a estas alturas poco importa si la hucha era un cerdito de barro cocido o un cuento para crédulos. Ya no hay margen para sanear el sistema sin adoptar medidas desagradables y, muy probablemente, contraproducentes. De hecho, nos encontramos justo en el peor momento imaginable para hacerlo. La solución pudo abordarse hace tiempo, en la época del superávit o, en su defecto, cuando España tenía margen para endeudarse. Pero hoy el superávit ha devenido en déficit y la capacidad de endeudamiento del Estado es nula. Así pues, no hay forma de proporcionar liquidez al sistema sin perjudicar el crecimiento económico. Sólo queda un camino: apretarle las tuercas al ciudadano raso, bien por la vía de subir impuestos (o creando otros nuevos) o bien por la vía, también impositiva, de elevar las cotizaciones sociales… o ambas cosas al mismo tiempo. Y esto tendrá un impacto negativo sobre una demanda interna que ya muestra signos de agotamiento, máxime cuando ya destinamos más al pago de impuestos que a la compra de bienes y servicios (gráfico adjunto):

  

Fuente: Think Tank Civismo

Para los partidos hay algunas variaciones en el cómo. Pero de lo que no hay duda es que nos van a apretar las clavijas. Las cotizaciones actuales se van a incrementar y algún que otro impuesto posiblemente también. En cuanto a las cotizaciones, la víctima serán los trabajadores autónomos. Todos coinciden en que deben cotizar según sus ingresos. Y no como hasta ahora, que pueden acogerse a una base mínima. A priori, parece una solución justa, sin embargo, esta medida no sólo afectará a los más boyantes sino también a otros que actualmente ya tienen dificultades para cumplir con la legalidad, que es la mayoría. Pensar, por lo tanto, que esta medida se traducirá proporcionalmente en mayores ingresos para la Seguridad Social, tiene muchas papeletas para ser errónea. Es muy posible que se traduzca en un trasvase hacia la economía sumergida de muchos autónomos que hoy cumplen mal que bien con sus obligaciones.

Pero la suerte está echada. La leyenda negra que tacha a los autónomos de defraudadores sistemáticos, personas que evitan siempre que pueden emitir facturas con su IVA y su canesú, que compensan gastos de todo tipo y pelaje, sean procedentes o no, les convierte en víctimas propiciatorias. Además, su naturaleza de grupo muy heterogéneo, con intereses distintos según actividad y, por lo tanto, con dificultades para organizarse, hace de ellos presa fácil de la arbitrariedad legislativa.  

Actualmente las cotizaciones ya suponen más del 30% del salario bruto de un trabajador en el régimen general, por lo que su incremento tendría consecuencias muy negativas

En cuanto a elevar las cotizaciones de los asalariados, podría ser todavía peor. Actualmente las cotizaciones ya suponen más del 30% del salario bruto de un trabajador en el régimen general, por lo que su incremento tendría consecuencias muy negativas no ya en la generación de empleo, que también, sino en la renovación de contratos temporales y su deseable conversión en indefinidos. Y no tendría por qué traducirse en una mejora significativa de los ingresos de la Seguridad Social. Podría suceder justo lo contrario, que la creación de empleo se desacelerara y los ingresos por cotizaciones, lejos de mejorar, empeoren.

Pese a todo, sin margen alguno y a punto de que suene la campana, la consigna es recaudar más como sea y, además, a la carrera.  

Arrancar el sistema de pensiones de las manos de los políticos

Es importante entender que lo llamen cotizaciones, IRPF o IVA, todos son impuestos. En un sistema de reparto, el trabajador no cotiza para sí mismo, es decir, la cotización no es ahorro sino un tributo para atender las pensiones presentes, nunca las futuras. Y tiene un grave inconveniente: su estrecha vinculación a la curva demográfica y la esperanza de vida. Y lo que ha sucedido en España es que, a partir de 1975, los nacimientos empezaron a desplomarse. Ya entre 1985 y 1990, se constató que el hundimiento de la natalidad y el consiguiente envejecimiento de la población, no eran fenómenos pasajeros sino permanentes. Así pues, hace más de 30 años que los gobernantes sabían que, si no se tomaban medidas, el sistema de pensiones colapsaría cuando empezaran a jubilarse generaciones excepcionalmente numerosas.

Tras décadas de saber lo que ocurriría y no hacer nada, ¿ahora se lavan las manos mediante la imposición de un sistema de ajuste automático? 

Desgraciadamente, para los gobernantes pensar a tres décadas vista es imposible: los políticos sólo alcanzan hasta las siguientes elecciones. En vez de guardar para los momentos de escasez, gastaron a manos llenas, favorecieron a grupos de interés, compraron votos y voluntades… y generaron déficit en vez de ahorro. En consecuencia, con la última reforma de 2013, quienes se jubilen a partir de 2019 verán cómo sus pensiones se ajustan automáticamente a la curva demográfica, al número de trabajadores en activo y, en general, a la disponibilidad del sistema… independientemente de lo que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral. Es decir, sus pensiones serán muy inferiores a lo prometido y soportarán, además, una flagrante discriminación respecto a los que se hayan jubilado antes. ¿Por qué si un trabajador se jubila en 2018 tiene derecho a una pensión decente; y si lo hace tan sólo un año después, no? ¿Dónde queda la igualdad que la Constitución sacraliza? Tras décadas de saber lo que ocurriría y no hacer nada, ¿ahora se lavan las manos mediante la imposición de un sistema de ajuste automático?   

Si alguna lección debemos extraer es que las pensiones no pueden seguir en manos de políticos. Cualquier cosa que aspire a llamarse “reforma”, además de incluir las consabidas chapuzas, las inevitables urgencias, debería contemplar por ley que, en cuanto las condiciones lo permitan, el sistema transite gradualmente a un modelo mixto, donde una parte sustancial de la pensión se constituya por capitalización nominal, para que el trabajador tenga su propia hucha (una de verdad y no ficticia) y sea, al menos, corresponsable de su futuro. Sólo así podrá saber de forma transparente qué recursos va acumulando para mañana. Y sólo así estará prevenido y podrá tomar decisiones cuando aún esté a tiempo de hacerlo. No como ahora. Se tenga la ideología que se tenga, de lo que no hay duda es que si las pensiones continúan a merced de los políticos, seguirán siendo una lotería obligatoria, una lotería cada vez más cara pero con premios cada vez más mezquinos.