Quantcast

Análisis

Broche de plomo para una legislatura miserable

Cristóbal Montoro.

De visita esta semana en Madrid para asistir a los actos de celebración del 80 aniversario del nacimiento de ese genio de la literatura que es Mario Vargas Llosa, un ex ministro chileno del Gobierno Piñera manifestaba su asombro este jueves al escuchar, de labios de un liberal madrileño, el episodio chusco de un presidente en funciones, a la sazón Mariano Rajoy Brey, saliendo a la palestra a finales de febrero para declarar con toda solemnidad que, en contra de las advertencias del cenizo comisario Moscovici, el déficit público español correspondiente al ejercicio 2015 iba a quedar en el 4,5%, apenas 3 décimas más de lo comprometido, pero en todo caso nada grave, pelillos a la mar, porque el Gobierno iba a cumplir su palabra. 

-Pero eso no es posible –manifestaba asombrado el chileno- porque se han ido hasta 5,2% que es mucha desviación. El ministro de Hacienda tenía que estar al corriente de la cifra buena. ¿Cómo pudo confundir de ese modo al presidente de su Gobierno…?

-Pues eso nos preguntamos todos: que Montoro tenía que saber hace tiempo cómo iba a quedar el déficit.

-¡Le hago yo en mis tiempos una faena de esas a Sebastián [Piñera], y a los dos minutos estoy cesado…! –cerraba el chileno.

Difícil imaginar mayor desgracia que este Gobierno para los millones de españoles que piensan y sienten en liberal

Por la cabeza de Rajoy jamás hubiera pasado la idea de cesar a Cristóbal Montoro o cualquier otro de sus ministros, porque cesar o su equivalente, dimitir, es un verbo sin posible conjugación en la primera persona del presente de indicativo de quien es el gran responsable del fiasco de una legislatura que este jueves conoció su broche de plomo: un déficit público para 2015 del 5,24% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 4,2% comprometido, lo que equivale a decir que el desequilibrio entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas alcanzó el año pasado los 56.600 millones de euros, cifra que fue preciso pedir a los mercados y que, casi miméticamente, pasó a engrosar una  deuda pública que ya es de 1.07 billones y que equivale al 99% del PIB.        

Los militantes y simpatizantes del Partido Popular no podían imaginar un final más calamitoso para un Gobierno que hizo de la gestión económica, en general, y de la reducción de los desequilibrios básicos de nuestra economía (el primero de los cuales es el déficit público) en particular, el santo y seña de una legislatura que abordó con una apabullante mayoría absoluta. Todo para la economía, nada para la política. Todos los esfuerzos orientados a sanear las cuentas públicas, ninguno para abordar una crisis política que ya en 2011 era tan grave, si no más, que la económica. Al final, ni lo uno ni lo otro. Difícil imaginar mayor desgracia que este Gobierno para los millones de españoles que piensan y sienten en liberal.

Las cifras son conocidas y no merece la pena extenderse mucho en ellas. Zapatero dejó el déficit en el 9,13% del PIB en 2011, y Mariano Rajoy lo ha bajado hasta el 5,24% en 2015, un recorte de casi 4 puntos para toda la legislatura. La tan cacareada austeridad del Gobierno del PP se ha reducido a rebajar el déficit algo menos de un punto por año. Conviene aclarar que todo el ajuste del gasto se acometió en 2012, bajo la presión redoblada de las instituciones europeas. A partir de ahí, se acabó lo que se daba. De 2013 en adelante el Ejecutivo se encomendó al aumento de los ingresos producto de la incipiente recuperación, y de hecho no se recortó nada en 2014 y mucho menos en un año electoral como 2015. La realidad es que, en cifras absolutas, el Gobierno Rajoy ha reducido el déficit en unos 42.000 millones durante la legislatura, de los cuales 26.000 millones han sido imputables a aumento de los ingresos fiscales, y sólo 16.000 millones a poda del gasto total.

Atacar la estructura del Estado del Bienestar

Es una proporción que aclara muchas cosas sobre el sustrato ideológico de un partido que no tiene nada de liberal, con una inclinación vergonzantemente socialdemócrata, reacia a meterle mano al componente estructural del gasto público. Mera cosmética. Fueron los economistas Alberto Alesina y Silvia Ardagna, de la Universidad de Harvard, quienes en 1998 publicaron un trabajo (Tales of fiscal Adjustments) convertido en canon en materia de ajuste fiscal. Tras estudiar los procesos de consolidación llevados a cabo en los últimos 40 años del siglo pasado en los países de la OCDE, llegaron a la conclusión de que los únicos que tuvieron éxito, saneando las economías y dejándolas en condiciones de crecer con fuerza y crear empleo, fueron aquellos basados en una regla según la cual 2/3 del proceso de ajuste debían ser consecuencia del recorte del gasto público, lo que implica entrar a fondo en las partidas estructurales del gasto, y solo 1/3 consecuencia del aumento de impuestos (y siempre indirectos, nunca directos). Contrariamente a lo que dice el manual keynesiano, las contracciones fiscales expansivas, según ambos autores, implican pues reformas de fondo en la estructura del Estado del Bienestar.

"El nuestro es un gasto muy solidario", rezongaba, en pleno ataque de fervor socialdemócrata, el señor ministro

Es evidente que al Gobierno Rajoy le horroriza la sola idea de tocar el llamado “gasto social”. Conoce el problema, pero conscientemente le da la espalda. Por cobardía patológica, pereza ideológica y cierta miseria moral. Como se ha repetido hasta la saciedad, el problema de las cuentas públicas españolas no es de insuficiencia de ingresos sino de exceso de gasto. Un problema de tamaño del Estado. Ese es el nudo gordiano al que el Gobierno del PP ni siquiera se ha querido acercar en la pasada legislatura, a pesar de contar con una cómoda mayoría absoluta. El ajuste del PP se limitó, en 2012, a congelar el sueldo de los funcionarios y a cortar en seco la inversión pública. La pura verdad es que el gasto público per capita en Educación y Sanidad es hoy significativamente idéntico al existente en 2007, antes del inicio de la gran crisis. El propio Montoro, tan cabizbajo en la patética rueda de prensa del jueves en la que trató de echar las culpas del desastre a las Comunidades Autónomas, presumió de ello. “¿Dónde gasta España?”, se preguntaba don Cristóbal. “En protección social gastamos en 2015 más de 185.000 millones, frente a los 138.000 de 2007; a Sanidad dedicamos 64.000 millones, frente a los 61.000 del mismo año, y en Educación estamos a un nivel muy parecido. En números redondos estamos gastando en protección social 50.000 millones más que en 2007. “El nuestro es un gasto muy solidario”, rezongaba, en pleno ataque de fervor socialdemócrata, el señor ministro. ¿Quién dijo populismo?

Presumir, pues, de austeridad es engañar a los votantes del PP. Ha habido, sí, un “ajustillo” vergonzante, claramente insuficiente, que no ha evitado el castigo inmisericorde de una izquierda inicua acostumbrada a acogotar a una derecha que, además de puta, está siempre dispuesta a poner la cama. Echar la culpa del déficit a las autonomías es, como mucho, una verdad a medias. En efecto, el déficit autonómico ha pasado en 4 años de 55.000 millones en 2011 a 18.000 en 2015 (un ajuste de 27.000 millones), mientras que el de la administración central apenas se ha reducido en 4.000 millones, pasando de 33.000 millones en 2011 a 29.000 en 2015, ello sin tener en cuenta 12.500 millones en que ha aumentado el déficit de la Seguridad Social, cuya gestión corresponde al Gobierno central. El corolario, como muy bien explicaba Ramón Rallo el viernes aquí, es que la austeridad se ha concentrado esencialmente en las autonomías, no en la Administración Central.

El Ejecutivo ha incumplido su propia Ley

Aquellos casi 18.000 millones de déficit con el que las CC.AA. cerraron el ejercicio de 2015, unos 10.400 más de lo comprometido, son en teoría los responsables del desaguisado. Escuchar al ministro de Hacienda escudarse en ese argumento resulta cuando menos penoso, por usar un término amable. Porque el Gobierno de la nación dispone de instrumentos legales más que sobrados para haber metido en vereda a los incumplidores simplemente utilizando los mecanismos automáticos de corrección previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que él mismo hizo aprobar en la legislatura. De modo que el Ejecutivo Rajoy ha incumplido su propia Ley, lo que no obsta para que ahora, en abril de 2016 y estando en funciones, amenace con una especie de “intervención” solapada de las Autonomías, cuando tendría que haberlo hecho en abril de 2015. La situación del déficit es particularmente lamentable en el caso de una Cataluña quebrada, donde el nacionalismo rampante lleva años haciendo mangas y capirotes con todas las Leyes, también las fiscales, mientras el señor Rajoy miraba hacia otro lado.

Esta es la herencia del Gobierno del PP. Se entiende la sensación de bochorno que este fin de semana embarga a los millones de militantes honrados de un partido que ha perdido el rumbo. A pesar de todos los pesares, el Gobierno pudo haber alcanzado el objetivo de déficit del 4,2% si a última hora no se hubiera echado en brazos del electoralismo presupuestario: rebaja fiscal a familias y empresas, relanzamiento de la inversión pública y devolución de pagas a funcionarios. Incluso adelantó en verano la rebaja del IRPF prevista para 2016. Todo sea por los 123 diputados. Es la herencia que deja un Gobierno que ha seguido gastando y ha terminado engañando. La “brillante” gestión económica del PP ha quedado hecha añicos. Ni siquiera creciendo al 3,2% y con los tipos de interés por los suelos ha sido capaz de cumplir los compromisos adquiridos no ya con sus socios europeos, que también, sino, primero y principal, ante los ciudadanos españoles. Entre lo dramático y lo chusco, ha sido Alberto Garzón (IU) quien mejor ha entendido lo ocurrido: “Tal vez haya sido lo único bueno que ha hecho el PP”. Es verdad: con esta derecha, ¿para qué necesitamos populismos?

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.