Un memorándum para acabar (o no) con Rajoy

Semana 1 tras el 26J. Los vetos a Mariano Rajoy se balancean como la aguja del metrónomo. Ahora sí, ahora no. Todo en cuestión de horas. Sin rubores en las filas de Ciudadanos. Su líder Albert Rivera es capaz de argumentar una cosa y su contraria en cuestión de horas. Para ambos razonamientos se parapeta en ‘sus’ más de 3,5 millones de votos. Destellos parecidos salpican al PSOE. El extremeño Vara, antes de recibir el toque de atención de Ferraz, o Borrell se han atrevido a decirlo en público. Otros muchos también lo refrendan en privado. ¿Y por qué no abstenerse en la investidura de Rajoy?

Quienes defienden mantener la mano caída en la sesión de investidura son conscientes del nuevo panorama. Con 137 diputados y su discurso hilarante desde el balcón de Génova, Rajoy, pese a que nos pese, ya no es la pieza a cobrar en el mercadeo de la investidura. Se sabe (es) ganador del 26J, para nada sinónimo de seguir como inquilino en Moncloa. Ahí, en el tapete de las negociaciones, es donde Rajoy debe ganarse ser presidente con unas reglas a las que no está acostumbrado: los pactos. Se acabaron los tiempos de los Reales Decretos en el BOE. Del ordeno y mando. Una oportunidad única para ensamblar aquellos párrafos escritos con todo el sentido común y acertada intención política en los programas del PSOE y Ciudadanos en un memorándum de investidura. Un contrato social en el que Rajoy debe retratarse. Con cesiones por izquierda y derecha para salir de una situación de bloqueo político que amenaza con llevarse por delante la recuperación. Ya suenan determinadas alarmas. La caída de la demanda interna, según los últimos datos del Banco de España, es una de esas variables macro que empiezan a torcer el gesto.

En el tapete de las negociaciones es donde Rajoy deberá ganarse ser presidente con unas reglas a las que no está acostumbrado: los pactos

El contrato debe poner a Rajoy en una encrucijada, sustentándose en la cura del mayor mal de nuestro país: la corrupción. Las condiciones deben ser duras. Tanto como para que el propio Rajoy acepte limpiar el PP desde Moncloa. Ese debe ser uno de los grandes precios de la abstención del PSOE y Ciudadanos. Atreverse a introducir en el código penal el delito del enriquecimiento ilícito, toda una inyección letal para los corruptos. El antídoto, reflejado en los programas ‘rojo’ y ‘naranja’, funciona de la siguiente manera. Se sanciona penalmente la ilícita obtención de beneficios económicos de todos aquellos cargos públicos que se corrompen. Dicho en otras palabras, se contempla la cárcel para todos aquellos alcaldes, concejales, presidentes de comunidades, ministros, o incluso, el propio presidente del gobierno, que llegando a su cargo con un mínimo patrimonio lo abandone con una cantidad de bienes desproporcionada entre sus ingresos legales y los injustificados. ¿Cuántos cargos y ex del PP podrían estar afectados? Decenas, sin duda.

Hasta la fecha, el corrupto puede llegar a ser condenado por prevaricación. Sin embargo, se puede haber quedado con el dinero que sea y eso, en sí mismo, no está tipificado como delito. El enriquecimiento ilícito llenaría esta laguna jurídica actual, que España refrendó, sin embargo, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción celebrada en 2003. En su artículo 20 se hace una mención especial para que se introduzca expresamente este delito en el código penal. Una medida que viene reclamándose desde entonces por algunos sectores de la Fiscalía Anticorrupción, jueces y magistrados, Tribunal de Cuentas, organismos antifraude, Fuerzas de Seguridad, instituciones representativas de entidades públicas y locales, universidades y ONG.

Junto al castigo penal que conllevaría el delito de enriquecimiento ilícito, ambos partidos abogan por el decomiso del patrimonio ilegalmente obtenido, no sólo el del condenado, sino también los bienes transferidos a terceras personas. Una dura exigencia para el líder del primer partido imputado en la causa del borrado de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas. ¿Se imaginan a Rajoy obligando a levantar las alfombras de los supuestos sobresueldos en el PP?

La situación es difícil de imaginar, ciertamente. Más cuando las pasadas elecciones generales han vuelto a demostrarle a Rajoy, y por expansión, a todo el PP, que la corrupción no castiga en las urnas. Los populares han recuperado 300.000 votos en aquellas comunidades y municipios salpicados por la corrupción. Uno de los casos más notables es Valdemoro. El epicentro de la Púnica aportó 1.717 votos más al PP el 26J.  En este municipio, donde en las municipales de mayo de 2015 la formación de Mariano Rajoy sufrió un fuerte varapalo y perdió la alcaldía a manos de Ciudadanos, el PP volvió a ganar las elecciones y, además, con más votos que el 20D, cuando ya había recuperado el primer puesto. ¿Acuden los españoles a votar sin tener en cuenta sumarios y escándalos políticos? Basta echar un vistazo a los resultados del 26J para ver que sí y que el PP es, de hecho, el más beneficiado de esa amnesia. 

En manos del PSOE y Ciudadanos está evitar que Rajoy se mantenga en su inacción habitual. Corrupción incluida. Que adquiera el compromiso, como reclama el partido de Rivera, de llevar a los tribunales los casos de acogidos a la amnistía fiscal de 2012 relacionados con corrupción y blanqueo de capitales. No sólo eso, sino también incluir como paraísos fiscales aquellas geografías no cooperan con la Hacienda española. Habría más casos Rato, sin duda.

PSOE y Ciudadanos tienen en sus manos evitar que Rajoy se mantenga en su inacción habitual

Semana 1 tras el 26J. Seguimos sin fecha para tener gobierno. Los optimistas apuestan porque Rajoy estará investido antes de agosto. “Las negociaciones entre los partidos ya están muy avanzadas”, aducen. De confirmarse sería una buena noticia porque los políticos habrán demostrado tener esa longitud de miras de la que vienen adoleciendo desde las elecciones del pasado diciembre. No es buen momento para estar sin gobierno. El brexit no sólo espantará inversiones en Reino Unido, sino también en toda Europa. Y la falta de Gobierno es otro foco de inestabilidad ante la falta de horizonte sobre las consecuencias de la salida de los británicos de Europa.

En una democracia, como la nuestra, el ganador tiene derecho a liderar ese memorando de reformas urgentes, con la regeneración y la lucha contra la corrupción, como premisas irrevocables. Y ahí Rajoy tendrá que comprometerse (y ceder) para ser investido. Si no, deberá apartarse y entender que 137 escaños no son un bastión suficiente para llevar a la parálisis de un país. Como tampoco el veto de Ciudadanos y PSOE a Rajoy.

@miguelalbacar