Publicado: 25/09/2014 04:00
El Ministerio de Hacienda ha publicado las declaraciones de bienes que exigía la nueva Ley de Transparencia. Pero lo que iba a ser una "declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos" se ha quedado en tres líneas que asomaran cada 30 de septiembre a las páginas del BOE. El Ejecutivo se ha refugiado en la cláusula que decía que debían "omitirse aquellos datos referentes a su localización y salvaguardarse la privacidad y seguridad de sus titulares" para publicar información inútil. La transparencia vuelve a caer en el camino.
La información que se aporta es tan escasa que raya el ridículo
El Gobierno ha valorado mucho el hecho de que "la publicación abarca, ya no sólo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado como hasta ahora, sino también al resto de altos cargos" hasta sumar 250 servidores públicos. Sin embargo, la información que se aporta apenas arroja luz sobre esos responsables y más bien raya lo ridículo resumido en tres líneas: valor catastral (no actual) de la vivienda, ahorros bancarios y créditos pendientes de pago. Con esas tres líneas el Gobierno cree solucionar los "conflictos de intereses" en que pudieran incurrir 250 responsables políticos.
Con esas tres líneas sería imposible dirimir si Arias Cañete, quien figura en esa referencia, tiene o no un conflicto de intereses como Comisario de Energía por tener acciones de una petrolera ya que ese detalle no se aporta en esta declaración. Tampoco se puede saber si su sucesora incurre en esa contradicción puesto que sólo se revela que Isabel García Tejerina tiene activos por valor de casi 2,8 millones de euros. Afortunadamente, ambos están sometidos a las reglas del Congreso que intentarán dilucidar eso. Pero para otros 248 nombres que figuran en esa lista, el gesto de transparencia está prácticamente vacío.
Con los datos facilitados por el Gobierno, las conclusiones que pueden extraerse son más anecdóticas que de fondo. Destacan, sin embargo, dos:
No habrá nuevos datos hasta el próximo 30 de septiembre
Así, por ejemplo, sabemos que el cuerpo diplomático sigue estando reservado a una élite con formidables recursos económicos. La mayoría de embajadores cesados y nombrados declaran considerables fortunas y propiedades inmobiliarias con valor catastral de varios millones de euros. Las declaraciones de esos funcionarios parecen reforzar la idea de que el cuerpo diplomático no se ha abierto a estamentos sociales o económicos más cercanos a la clase media.
Igualmente, las declaraciones publicadas ante Hacienda sugieren que servir al rey exige dinero. Los Jefes de la Casa Real con don Juan Carlos y don Felipe declaran patrimonios que oscilan entre el millón y medio y los dos millones de euros. Tampoco esa institución parece permeable a la sociedad.
En cualquier caso, la transparencia sigue sin llegar y lo mejor que se puede decir de la nueva publicación es que ha avanzado apenas un milímetro.
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