La Constitución que España necesita

Después de gobernar parapetado tras la consigna de toda esta legislatura, la ya famosa frase de San Ignacio de Loyola, que dice que en tiempos de tribulaciones no hay que hacer mudanza, Mariano Rajoy, en la recta final de su presidencia, decidió –oh, sorpresa– salir de la trinchera y abrir la puerta a una futura reforma de la Constitución. Eso sí, sería de cara a 2016... y si Dios quiere.

Plantear asunto tan importante y delicado justo cuando la legislatura está ya finiquitada, y con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, parecía, además de una frivolidad, un gesto con tintes electoralistas. De hecho, recordó demasiado a la malograda promesa electoral de la separación de poderes, tan fotogénica ella, que fue descartada una vez Mariano Rajoy se percató de la tormenta judicial que despuntaba en el horizonte.

En esta ocasión, no ha sido así. No han pasado ni dos semanas y Rajoy se ha retractado. Pero supongamos que el presidente en su momento lo dijo en serio, que de verdad tenía el propósito de acometer la tarea en caso de ser reelegido. ¿De qué reforma hablaba? ¿Qué alcance habría tenido? En definitiva, ¿qué aspectos habrían sido modificados?

Lo preocupante es que la clase dirigente entiende la política constitucional como algo que concierne exclusivamente al ordenamiento del Estado, y no como salvaguarda de las libertades individuales

Reformas exprés

Por más que durante los pocos días que duró la polémica se insinuara una adecuación estructural entre el ordenamiento comunitario europeo y el español, la puesta al día de la sucesión de la Corona y otras cuestiones menores, todo apuntaba a que las reformas constitucionales que estarían en la agenda, no ya solo de Mariano Rajoy sino, en general, de la clase dirigente, serían principalmente las relacionadas con la reordenación territorial y la reasignación de las competencias de las Comunidades Autónomas, seguramente con el objetivo de marcar nuevas líneas rojas a los virreyes regionales y al mismo tiempo asegurar el "encaje" de Cataluña en el conjunto del Estado de forma más o menos permanente.

Visto así sonaría muy ambicioso. Desgraciadamente, era de temer que en la práctica se negociaría como es costumbre una solución de compromiso para que la casta catalana tuviera su estadito propio sin que mediasen ruidosas proclamaciones. Así, por un lado a los nacionalistas se les daría el control absoluto en lo que de verdad les importa: los dineros públicos, que al no ser de nadie terminan siempre en el bolsillo de los que mejor saben organizarse. Y por otro, al resto de España se trasladaría el mensaje de que de ahí en adelante la unidad del Estado quedaba asegurada.

Sin embargo, por más que el trasunto territorial sea trascendente, en realidad esta fallida reforma no habría dejado de ser una reforma puntual, hija de la urgencia, muy similar en su origen apresurado a la reforma exprés de 2011 y su artículo 135. Reforma con la que, para evitar el rescate de España, se decidió poner por escrito y a la carrera la obligación tanto del Estado como a las Comunidades Autónomas de no incurrir en déficit estructural, y que, todo sea dicho, de poco ha servido. Por lo tanto, y más allá de la retractación de Rajoy, si algo ya podemos adelantar es que en 2016 nadie promoverá una reforma amplia, orientada a establecer un nuevo marco constitucional con el que la política por fin funcione aceptablemente bien, aun cuando los gobernantes se obstinen en perseguir sus propios intereses.

Con todo, lo más preocupante es que nuestra clase dirigente entiende la política constitucional como algo que concierne exclusivamente al ordenamiento del Estado, y no como salvaguarda de las libertades individuales. En realidad nuestra política constitucional está diseñada a la medida de los burócratas. De ahí que sea necesario, por más que disguste a los padres de la patria, y también a ilustres representantes del establishment, una profunda reforma y, sobre todo, un enfoque diferente, porque no es solo que la España de hoy sea muy distinta a la de 1978, que también, sino que la Carta Magna (Carta Otorgada a juicio de no pocos españoles de bien) ha sido desde su origen ambigua y peligrosamente inoperante a la hora de evitar los abusos de la clase política, los nacionalismos y, en general, de los grupos de presión que medran a la sombra del Estado. Y es que, guste o no, en una constitución no basta con enunciar derechos y deberes, sino que todo derecho y todo deber ha de sustanciarse de manera inequívoca, de tal suerte que el legislador no pueda redactar a posteriori leyes ambivalentes que, en la práctica, desactiven los preceptos fundamentales.

Por ejemplo, no se puede garantizar el derecho a la vivienda si no se especifica a continuación de manera clara y concisa, es decir, de forma no interpretable por gobernantes, tribunales políticos y grupos de interés, cómo, quién y en qué condiciones se va a sufragar ese derecho. Porque en este mundo nada es gratis. Y si el Estado va a proporcionar viviendas a diestro y siniestro, alguien tendrá que pagarlas. No se puede sancionar tal derecho y que la providencia provea. Porque no es la providencia sino el contribuyente –usted, querido lector– quien paga. Y cuando este tipo de "derechos" no se acotan en la Carta Magna, su desarrollo y aplicación queda a expensas de la arbitrariedad del político de turno, lo que da lugar a impredecibles cambios legislativos y a la indeseable inseguridad jurídica.

Tampoco se deben elevar determinados beneficios sociales, por bienintencionados que parezcan, a la categoría de derechos fundamentales, y menos aún en detrimento de derechos de verdad inalienables, tal cual sucede, por ejemplo, con el derecho a la propiedad privada, que la Constitución actual no enuncia como fundamental. Un colosal disparate, excepto para aquellos, claro está, que están encantados de que España se asemeje más a la antigua Unión Soviética que a una verdadera democracia del siglo XXI.

Solo reemplazando los equívocos preceptos por otros inequívocos, el actual círculo vicioso puede transformarse en virtuoso

Una constitución para una sociedad abierta

Pese a todo, sean ambiciosas o pacatas, amplias o limitadas, las reformas constitucionales no resolverán por sí solas los problemas, ni siquiera la elaboración de arriba abajo de una nueva Constitución garantiza tal cosa. Ocurre que muchas de las reglas que rigen nuestras vidas no están escritas, sino que forman parte de usos y costumbres surgidos al albur de las expectativas sobre el comportamiento de los demás. Y estas reglas informales se superponen subrepticiamente a las leyes. El estatismo, la corrupción y el clientelismo que padecemos tienen su origen precisamente en estas reglas, que han encontrado en la ambigüedad constitucional el medio para propagarse y consolidarse. Luego, ha bastado añadir un maremagnum de leyes para que el atropello más aberrante pueda presentarse a conveniencia como escrupulosamente legal. De ahí, y volviendo de nuevo al principio, la importancia de que la Carta Magna sea extremadamente clara y concreta. Solo reemplazando los equívocos preceptos por otros inequívocos, el actual círculo vicioso puede transformarse en virtuoso, es decir, en un sistema institucional que incentive reglas informales, usos y costumbres que, en vez de debilitar las leyes, las fortalezcan. Recuerde, la corrupción no es fruto de la herencia genética, sino consecuencia de un sistema institucional donde los incentivos no son los correctos.

Como ya apuntaba en otro artículo, Karl Popper decía que la democracia, pese a lo que pueda parecer, no se basa en el principio de que debe gobernar la mayoría, sino en el de que los diversos métodos igualitarios para el control democrático, como el sufragio universal y el gobierno representativo, son sobre todo salvaguardias institucionales contra cualquier tipo de tiranía, incluyendo la tiranía de la mayoría y la del propio Estado. Pues bien, la piedra angular de este sistema garantista, de control del Poder y salvaguarda de los derechos individuales, es la Constitución. De ahí la importancia de que en ésta se expresen unas reglas del juego justas, claras, concretas, tajantes y no interpretables que sean comprendidas, asimiladas y respetadas por todos. Desde luego, nada que ver con reformas puntuales que sancionen los derechos de los territorios mientras ignoran los de las personas; nada que ver, en definitiva, con una constitución donde el ciudadano común siga estando al albur de las ocurrencias de oligarcas, colectivistas y políticos oportunistas.