Cláusulas suelo: ¿hacia el ocaso de los despachos tipo Arriaga?

Correosos despachos de abogados españoles han experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento al calor de escándalos financieros o empresariales como Bankia, Pescanova, o Gowex. Donde los grandes bufetes no se metían, allí estaban ellos. Dispuestos a representar a miles de clientes contra grandes empresas o entidades financieras. Demandas por las preferentes, por la salida a Bolsa de Bankia, por las cláusulas suelo, por las emisiones de Volkswagen... Casos que suponían decenas de miles de procesos judiciales y que han engordado los ingresos de estos despachos por costas y otras gestiones.

Pero el varapalo que supuso ayer el informe europeo sobre cláusulas suelo, unido a la decisión de Bankia el pasado mes de febrero de devolver el dinero invertido a los accionistas en la salida a Bolsa, pone en peligro la facturación futura prevista de este tipo de despachos, con Arriaga a la cabeza (la empresa que tiene al futbolista Iker Casillas como imagen publicitaria).

"¡Es un pucherazo!" exclamaba ayer José Baltasar Plaza Frías, socio director de Bufete Rosales, al valorar el informe del abogado general del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. "Es decepcionante, una vergüenza... si una cláusula es abusiva y por tanto nula, debe tener como efecto inmediato una contraprestación recíproca y la retroactividad", lamentaba en una conversación telefónica.

Arriaga alentaba ayer a seguir demandando la retroactividad por las cláusulas suelo

Al igual que en el bufete Rosales, otros despachos especializados en demandas colectivas y derecho bancario españoles se vieron sorprendidos ayer por el informe del abogado del tribunal con sede en Luxemburgo. Descartaban unas conclusiones cercanas a sus tesis: que los clientes de los bancos cuyas hipotecas tuvieran cláusula suelo podrían reclamar la devolución de los importes desde su imposición, en 2009. Y no sólo desde mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo dictó que las entidades afectadas debían devolver lo ingresado por esas cláusulas.

"Es un informe peligroso", sostenía ayer Fernando Zunzunegui, socio fundador de Zunzunegui Abogados, despacho especializado en derecho bancario y que ha representado a afectados por las cláusulas suelo, la salida a Bolsa de Bankia, o los convertibles de Banco Popular. "No se esperaba un informe así; es sorprendente porque alude a razones macroeconómicas, supone convertir a los jueces en políticos; a partir de ahora los jueces ¿tendrán que valorar la macroeconomía? Es un paso muy peligroso, puede provocar inseguridad jurídica", dijo.

El Tribunal Superior de Justicia europeo analizará el informe del abogado general y dictará sentencia en los próximos meses. Aunque el informe no es vinculante, en la mayoría de los casos el tribunal europeo recoge en sus sentencias las mismas conclusiones. Y la sentencia próxima del tribunal de la UE podrá orientar en España a los jueces que estudian demandas de afectados por las cláusulas suelo que pretenden la retroactividad. Por ejemplo, la asociación de consumidores Adicae ha recurrido este año una sentencia de un juzgado mercantil de Madrid que obliga a 40 bancos a devolver lo ingresado por cláusulas suelo desde mayo de 2013, a 15.000 clientes de la asociación. Ahora el juzgado madrileño podría tumbar el recurso de Adicae si el Tribunal de Justicia de la UE finalmente descarta la retroactividad.

Juan Ignacio Navas, socio fundador del despacho Navas & Cusí, especializado en Derecho bancario y financiero, representante de afectados por cláusulas suelo, bonos convertibles, hipotecas multidivisa..., destacaba también ayer en una conversación telefónica el hecho de que el abogado de la UE haya aludido a cuestiones macroeconómicas. "Hay que esperar en todo caso a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo", advirtió.

La decisión de Bankia de pagar a los accionistas por la salida a Bolsa resta 500 millones en costas judiciales

El banco estadounidense Goldman Sachs estimaba en un informe publicado la semana pasada que la banca española afrontaría un impacto económico de 3.000 millones de euros si el tribunal europeo obligara a devolver todo lo ingresado por cláusulas suelo. Es posible que la cantidad sea mayor teniendo en cuenta que Goldman estimaba que Caixa afrontaría provisiones por 660 millones y la misma entidad había valorado el impacto en más de 700 millones, en un informe enviado recientemente a la CNMV; además, fuentes del banco consultadas por este diario calculaban un perjuicio todavía superior, de 1.215 millones. De esa tarta de más de 3.000 millones de euros, una porción estaba destinada a los despachos especializados en derecho bancario o demandas colectivas.

A pesar de que el informe del abogado del tribunal europeo hace prever que los jueces españoles posiblemente no dicten muchas más sentencias a favor de la retroactividad, el despacho Arriaga Asociados subrayaba ayer en un comunicado que ninguna sentencia "afecta al derecho a reclamar y los ciudadanos afectados por cláusulas suelo pueden seguir reclamando igual que antes porque no ha cambiado nada". Además añadía que la "última palabra es de los Jueces y Magistrados españoles que analizando el caso en concreto, determinarán desde cuando se devuelven los intereses del demandante".

Pero por mucho que se empeñen los despachos en alentar a los afectados a seguir reclamando, parece indudable que el próximo año los ingresos de estos bufetes caerán, o serán muy inferiores a los que podrían ser si el Tribunal Superior de Justicia Europeo obligara a los bancos españoles a devolver todo lo ingresado por cláusulas suelo, más allá desde mayo de 2013.

También han perdido estos bufetes los ingresos que supondrían seguir batallando contra Bankia por la salida a Bolsa. Cuando el pasado mes de enero el Tribunal Supremo falló que el folleto de salida al mercado de la entidad contenía información falsa, Bankia optó por acatar la sentencia y comprar las acciones de los afectados más un 1% adicional por intereses. Una medida que supone que los despachos de abogados dejarán de ingresar 500 millones de euros en costas judiciales por este caso.

Sin un nuevo escándalo financiero a la vista, los ingresos futuros de los despachos como Arriaga difícilmente serán los mismos que en los dos últimos años tras la medida de Bankia y la negativa europea a que la banca devuelva todo lo cobrado por cláusulas suelo. Si uno de estos bufetes ha incurrido en un gasto importante recientemente previendo ingresos futuros por los casos mencionados, es posible que en uno o dos años sean estos despachos los que afronten demandas de acreedores.