Publicado: 01/10/2015 04:00
Rafael Catalá señaló este martes que la citación de Artur Mas por la celebración del 9-N no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas, pero que una vez pasados los comicios catalanes era "lógico y razonable" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) siguiese con sus trámites. Las palabras del titular de Justicia causaron cierto revuelo social y se vieron como un atentado a la separación de poderes desde determinados sectores.
Lo cierto es que, más allá de lo criticable en el hecho de que el ministro actúe de portavoz del magistrado instructor de la querella de la Fiscalía en el TSJC, Catalá dijo una gran verdad. Al molt honorable no se le ha citado antes como imputado por respeto a los comicios del 27-S. Y no se le ha interrogado antes por respeto a la norma no escrita que siguen la mayor parte de los jueces y fiscales que recoge que, con sus decisiones, deben interferir lo menos posible en los procesos electorales y en la intención de voto de los ciudadanos.
A Mas no se le ha citado antes como imputado por respeto a la norma no escrita que siguen jueces y fiscales de nuestro país
La decisión que ha adoptado en este caso el instructor Joan Manel Abril respecto al president Artur Mas no es novedosa ni mucho menos. En el año 1993 la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió 'congelar' la instrucción del caso Filesa -donde se investigaba la financiación ilegal del PSOE- para no interferir en el proceso electoral, limitando el Alto Tribunal así su actuación a las diligencias que fueran exclusivamente de carácter urgente.
Sin echar la mirada tanto años hacia detrás, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, dijo el pasado mes de enero que este tribunal iba a tener en cuenta el calendario electoral -las autonómicas de marzo- a la hora de decidir si imputaba o no los exconsejeros de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio en el caso de los ERE.
Los hechos objetivos reflejan que la querella contra Mas, Rigau y Ortega fue admitida a trámite hace nueve meses. Durante este tiempo, el instructor ha recabado prueba documental y testifical para interrogar al presidente de la Generalitat y sus consejeras con el mayor número de datos posibles encima de la mesa de lo que pasó el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Y otra gran verdad es que, tal y como ha señalado la Fiscalía Superior de Cataluña en el duro comunicado emitido este miércoles, "en un procedimiento penal, la declaración de los querellados en calidad de imputados es una exigencia legal". Es una exigencia también para quienes son presidentes de la Generalitat y encabezan desafíos separatistas.
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