Observando los términos del debate social y político que versa sobre el precio de los arrendamientos de viviendas, se obtiene como sensación que para los españoles autodenominados “progresistas” cualquier ahorrador que haya canalizado el fruto de su ahorro hacia la propiedad de una o varias viviendas adicionales a su residencia habitual es un fascista, un especulador, un explotador o las tres cosas a la vez.
Según esta concepción presente en la progresía española, ser propietario de viviendas adquiridas con el ahorro te convierte en un ser antisocial y pretender obtener en forma de arrendamiento la renta fruto de ese ahorro precedente te hace destinatario de medidas que limiten manu militari el importe que de él se obtiene. Es esta idea perversa e injusta la que se encuentra detrás de la voluntad de nuestros políticos progres tendente a reducir arbitrariamente el precio de los alquileres de las viviendas con diversas imposiciones y penalizaciones.
Pocas dudas pueden caber acerca de que limitar el importe de los arrendamientos de viviendas es limitar hoy la rentabilidad del ahorro acumulado en el pasado a lo largo de la vida laboral del ahorrador y, en su caso, del que acumularon sus progenitores. De ahí el escaso, por no decir nulo, fundamento ético de la política del Gobierno Sánchez tendente a reducir por medios artificiosos la renta que un propietario inmobiliario puede obtener de su propiedad. No hay duda, la actuación del Gobierno en esta cuestión constituye una penalización en toda regla al ahorro y una agresión inclemente al ahorrador, agresión que se añade a la sobre fiscalidad con la que ya se castiga la propiedad inmobiliaria.
Recordemos que la adquisición de una vivienda supone el pago al pago de impuestos al Estado en una proporción sobre el precio de la compra que oscila entre el 6% y el 10%. Que por la propiedad de cualquier vivienda se paga anualmente el IBI municipal y que, según los casos, resulta imputado un ingreso inexistente en el IRPF en una clara injusticia pues al propietario se le hace pagar por una renta que no ha percibido.
Si el propietario no opta por enajenar en vida su vivienda ésta pasará a formar parte de la herencia que reciben sus herederos por la que, de nuevo, se les exigirá pagar impuestos, en este caso el de Sucesiones y, en general, no por escaso importe
Recordemos también que cuando el propietario decide vender una vivienda ha de pagar otra vez en el IRPF por una hipotética ganancia patrimonial que, en muchos casos, no ha tenido dado que la citada ganancia se cuantifica por la diferencia entre los precios de venta y compra, pero sin tener en cuenta el diferente valor del dinero en una y otra fecha con lo que se le está gravando por un supuesto beneficio que en realidad en muchos casos es completamente irreal. Y, adicionalmente, se le obliga a tributar también por la llamada plusvalía municipal en un clamoroso e injusto supuesto de doble imposición. Ambas exigencias fiscales, la estatal y la municipal concurren también en el supuesto de una donación que realice el propietario.
Recordemos, por último, que si el propietario no opta por enajenar en vida su vivienda ésta pasará a formar parte de la herencia que reciben sus herederos por la que, de nuevo, se les exigirá pagar impuestos, en este caso el de Sucesiones y, en general, no por escaso importe.
Y ahora resulta que a esta sobre tributación el universo pogre le quiere añadir la limitación legal del importe de la renta que pueda obtener de las viviendas que haya adquirido con fines de inversión. Definitivamente, en España ahorrar es sospechoso y, a quien ahorra, se le castiga fiscalmente de modo intenso e injustificado y se le quiere castigar ahora con otro tipo de medidas adicionales.
Unos políticos, los que se llaman a sí mismo progresistas, demonizan la propiedad y castigan al propietario. Otros, como ha hecho Núñez Feijóo, se muestran dispuestos a facilitar que los jóvenes españoles puedan convertirse en propietarios
Precisamente, por el escenario descrito, hay que saludar la iniciativa de Alberto Núñez Feijóo materializada con su propuesta de “hucha hogar joven”. Favorecer el ahorro de los jóvenes tendente a lograr en su día la propiedad de la vivienda en la que vayan a residir es una manera interesante y efectiva de posibilitar que lo puedan conseguir. Bonificar en el IRPF con un 20% el importe que destinen a su futura adquisición supone complementar su esfuerzo ahorrador. Y concederles después, en el momento de la compra, un aval estatal por igual importe que el aportado previamente a la “hucha” facilitará la obtención del préstamo hipotecario con el que completar el pago del precio de la vivienda que adquieran.
Es clara la diferencia. Unos políticos, los que se llaman a sí mismo progresistas, demonizan la propiedad y castigan al propietario. Otros, como ha hecho Núñez Feijóo, se muestran dispuestos a facilitar que los jóvenes españoles puedan convertirse en propietarios de algo tan básico como es la vivienda en la que residan. He ahí dos modelos claramente distintos y radicalmente contrapuestos. Conviene señalar en este momento que el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional pues así lo proclama el artículo 33 de nuestra Carta Magna y tras señalarlo es fácil juzgar cual de los modelos antes citados, el del bloque progresista liderado por Sánchez o el conservador-liberal que lidera Núñez Feijóo, resulta más respetuoso con el derecho constitucional a la propiedad.
