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Andrea Mármol

Opinión

Vocabulario para el nuevo curso político

O, también, guía básica para que Pedro Sánchez no permita que Carles Puigdemont siga poniéndole ‘deberes’ o se sienta obligado a pedir perdón a Gabriel Rufián por la existencia de la Constitución

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster en Alemania el pasado 6 de abril.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se dirige a los medios tras abandonar la cárcel de Neumünster en Alemania el pasado 6 de abril. EFE

Empatía. Como sucede con otras palabras que describen emociones o estados de ánimo, suele recurrirse a ella tras considerarse insuficiente el funcionamiento de la democracia representativa para la resolución de problemas políticos. Se alude a la empatía cuando se pide tratar al otro como igual e intentar dar a sus demandas carta de legitimidad idéntica a las propias. No es ningún disparate en absoluto. Su utilización hoy, sin embargo, presenta dos importantes lagunas. La primera obvia la existencia de los Parlamentos como sedes oficiales para el diálogo y el intercambio con aquellos cuyos intereses difieren de los nuestros: acudir a la empatía se convierte así, en una precipitada y abrupta salida del foro que se ideó para canalizarla sin mayores sobresaltos. El segundo y más desalentador error es el derivado de reservar las demandas de empatía a quienes nunca la tuvieron. La ruptura de cualquier pacto de convivencia por las bravas, como ha sucedido en Cataluña, entraña el rechazo a toda consideración hacia los afectados y sitúa a los perpetradores de la quiebra como deudores de empatía. No al revés.

Judicialización de la política. Fórmula que permite reducir a estorbo la actuación de los tribunales en favor de los damnificados por abusos a cargo de políticos sólo cuando se simpatiza con ellos. Requiere altas dosis de desprecio al ser pronunciada para no dar aire a dudas que pongan en entredicho la carga negativa del sintagma. Nunca se usa en sentido contrario. A saber: el ejemplo más claro de judicialización de la política del pasado curso probablemente sea la sentencia de la Audiencia Nacional que ha propiciado un cambio de Gobierno inesperado: nadie ha hablado de judicializar nada. Esa omisión intencionada -que pasa desapercibida- forma parte de la degradación de los jueces, cuya legitimidad se intenta laminar desde la irresponsabilidad de representantes públicos que conscientes de la ilegalidad de las acciones, cargan toda la culpa a los tribunales. Con Juana Rivas, con los agresores de Alsasua, con los procesados por el 1-O o con Valtonyc.

Desescalar. He aquí algo que debería generar consenso en relación con la crisis catalana y, sin embargo, sólo ha servido para que algunos se permitan equiparaciones entre quienes desean menos conflicto y quienes no. Aprovechando el símil que facilita el verbo, uno tiende a pensar que el problema de que alguien se eche al monte se soluciona rápidamente con un descenso, al menos, hasta el punto de partida.

El Gobierno de Sánchez debería convencerse de que quienes se han movido no han sido las reglas del juego sino los actores separatistas"

Sin embargo, la interpretación generalizada pretende establecer que para desescalar hay que subir hasta donde sea necesario, dejando que sean los partidos independentistas quienes establezcan cómodamente desde qué escalón negocian con el conjunto de los españoles. El Gobierno de Sánchez debería convencerse de que quienes se han movido no han sido las reglas del juego sino los actores separatistas. De lo contrario, seguirá con Puigdemont poniéndole “deberes” o pidiendo perdón a Rufián por la existencia de la Constitución.

Choque de trenes. Esta manida expresión es la causa de la anterior. Durante mucho tiempo se usó como metáfora estrella para repartir culpas entre gobiernos, ignorando que dos trenes pueden chocar estruendosamente aunque uno de los conductores no lo quiera. Espero que tras el cambio de Gobierno el PSOE abandone esa expresión, aunque sea a fuerza de tener que comprobar que es el Estado, y no el color de quien lo dirige, el que combate el separatismo.

Corrección política. Aunque se ha colado a última hora, merece mención especial. Cuando alguien denuncia la corrección política -siempre de los demás-, en la mayoría de las ocasiones, sólo busca erigirse como un adalid de la autenticidad, el único capaz de ‘hablar claro’ a los ciudadanos, y convertir a sus adversarios -políticos, contertulios- en meros hipócritas que dulcifican sus palabras. No hay nada de malo -lo decíamos, la empatía bien entendida- en tomar en consideración a una ciudadanía plural y cargada de matices cuando alguien se dirige a ella, siempre que esto no conlleve absurdos como los que, es cierto, a menudo bordeamos. Propongo referirnos a la corrección política como la obligación que tienen los poderes públicos de no convertirse en el altavoz de los prejuicios menos razonados y de las entrañas de las que nadie está exento. Aunque sea por preservar una conversación pública donde impere el respeto a la discrepancia. Si alguien quiere usarlo como subterfugio para colarnos censuras, le llamaremos censor. Pero mantengamos la distinción.



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