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Opinión

UGT y CCOO deben forzar la dimisión de Álvarez y Sordo

Desde el pasado domingo, Pepe Álvarez y Unai Sordo no están en condiciones de representar a las dos grandes centrales del país. De hecho, ya no las representan

Manifestación convocada en Barcelona por Espai Democràcia i Convivència, con el lema "Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, os queremos en casa", coincidiendo con los 6 meses del ingreso en prisión de Jordi Cuixart (Ómnium) y Jordi Sánchez (exANC).
Manifestación convocada en Barcelona por Espai Democràcia i Convivència, con el lema "Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, os queremos en casa", coincidiendo con los 6 meses del ingreso en prisión de Jordi Cuixart (Ómnium) y Jordi Sánchez (exANC). Alberto Estévez

Si los sindicatos de clase querían darle la puntilla al proceso de descrédito en el que llevan años instalados, no podían haber elegido vía más eficaz que la de mezclar los intereses de los trabajadores con los de la casta supremacista que planificó un golpe contra el modelo de convivencia y solidaridad que nos dimos los españoles con la Constitución de 1978.

Aun en el hipotético caso de que tragáramos sin más con el argumento principal que Comisiones y UGT han repetido para justificar su presencia en la manifestación de apoyo a los políticos encarcelados por el juez Llarena, el de “construir puentes” para facilitar que haya un gobierno en Cataluña, lo que no parecen haber sopesado suficientemente los líderes de uno y otro sindicato son las consecuencias de su decisión dentro y, sobre todo, fuera de Cataluña.

Porque la mayoría de la opinión pública, y en particular de los trabajadores, a lo que asistió estupefacta el pasado domingo es a la constatación de que Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) optaron por avalar con sus banderas el secesionismo que ha complotado contra el Estado, ha intentado acabar con las reglas del juego democrático, ha provocado la fuga de más de 3.000 empresas y ha puesto en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo.

Tras no haber movido un dedo en favor de, al menos, la mitad de la población de Cataluña, contraria al llamado procés; después de ponerse sistemáticamente de perfil ante los que se levantaron contra la Constitución y el Estatut, ni Álvarez ni Sordo tienen legitimidad para cuestionar las decisiones de los tribunales y defender, como han hecho -“Nosotros queremos que sean puestos en libertad y que esperen su sentencia siendo libres. No es justo que estén encarcelados” (Álvarez)-, la libertad de los golpistas.

Por si fuera poco, el aval sindical al secesionismo se produce justo cuando arrecia la campaña propagandística del secesionismo en el extranjero y el Estado se juega algo más que un mero trámite judicial en los tribunales alemanes. Álvarez y Sordo no pueden alegar en su descargo desconocimiento. Todo lo contrario. Sabían y saben que el apoyo de UGT y CCOO va a ser utilizado y manoseado por Puigdemont y sus compañeros de viaje a ninguna parte. Lo último que se esperaba de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos nacionales es que asumieran el triste papel de compadres del independentismo.

Desde el domingo, Pepe Álvarez y Unai Sordo no están en condiciones de representar a UGT y Comisiones. De hecho, ya no las representan. Porque lo que han hecho ambos dirigentes sindicales, asumiendo la decisión de sus respectivas secciones catalanas, es precisamente convalidar la tesis secesionista de que las decisiones que tomen los responsables de una comunidad autónoma no conciernen al conjunto de los españoles. O lo que es lo mismo: se han sometido a la consigna anticonstitucional de que la soberanía no reside en el conjunto del pueblo español.

Por todo ello, si algo de respeto a la historia y a las siglas queda en ambas organizaciones, los dirigentes y cuadros de Comisiones Obreras y la UGT ajenos a la decisión de sus líderes, no pueden dejar pasar un solo segundo más sin exigir responsabilidades a quienes blanquean los intereses espurios de una casta superior que durante décadas ha construido su relato con los ingentes recursos obtenidos mediante la sistemática utilización de la corrupción y ahora tiene la desfachatez de pedir el amparo de la clase trabajadora.

Cada día parece más evidente que Cristina Cifuentes no hizo el máster del que presumió. Su cese o dimisión no solo es ya inevitable; es también una medida sanitaria. Lo que han hecho -o dejado hacer- Álvarez y Sordo es mucho más grave. Y lo que esperan muchos trabajadores honrados es que en los sindicatos que dicen representarles quede aún la dignidad y la inteligencia suficientes para no consentir la imparable descomposición de unas siglas históricas.



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