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Jesús Cacho

Opinión

Nuestros Bondurant quieren seguir vendiendo su whisky en régimen de monopolio

La huelga de taxistas en Madrid y Barcelona, en directo
La huelga de taxistas en Madrid y Barcelona, en directo

Alguien escribió esta semana un tuit que en dos líneas resumía el conflicto del taxi mejor que un discurso de mil de palabras: “Comerciantes barceloneses bloquean mañana la Gran Vía para que la Generalitat obligue a los clientes de Amazon a hacer sus pedidos con un año de antelación”. Porque resulta que la Generalidad que dice presidir el indescriptible Torra se ha entregado sin lucha, se ha rendido a las exigencias del taxi con el entusiasmo con el que los fuera de la ley aceptan las ocurrencias de cualquier trasgresor del orden establecido: los usuarios que en Barcelona quieran coger un vehículo VTC tendrán la obligación de contratar el servicio al menos con una hora de antelación. Semejante astracanada ha sido asumida de inmediato por la alcaldesa de la antaño llamada Ciudad Condal, esa señora que tiene por tarjeta de presentación ser “pobre y bisexual” y que esta semana nos obsequiaba con una frase que resume su dimensión intelectual y, quizá, psíquica: “Barcelona no es una ciudad insegura, pero tiene un problema específico de seguridad”.

Sensación de abandono en el ciudadano de a pie. De vacío de autoridad, de pozo tan profundo como el agujero por el que cayó el pobre niño Julen. Sentimiento de que todo está manga por hombro. Millones de españoles asisten hoy perplejos al quebrantamiento de la ley por parte de gremios o grupos de interés con fuerza bastante para intimidar al supuesto depositario legal del Poder y con capacidad de movilización suficiente para paralizar una gran ciudad y hacer la vida imposible a los ciudadanos. El Gobierno central, el autonómico y el municipal se lavan las manos, mientras tratan de endosarse la responsabilidad de impedir las tropelías de los huelguistas. Podría valer el título del viejo western “Dodge, ciudad sin Ley”. “España,  país sin ley”, aunque más adecuado sería decir “España, país donde no se cumple la ley”, porque leyes hay y a pares, montones de leyes, pero nadie las cumple y, lo que es peor, nadie las hace cumplir, sin una autoridad capaz de asumir la responsabilidad inherente al cargo.

En Lawless (Sin ley), el clan Bondurant (Tom Hardy, Shia LaBeouf y Jason Clarke) se establece en una zona de Virginia y edifica su propio negocio de venta de alcohol durante la llamada ley seca. La película de John Hillcoat narra la sangrienta lucha de los Bondurant con otras bandas de gánsteres que, más modernas, incluso más crueles, con nueva tecnología en el destilado, empiezan a amenazar su monopolio en el contrabando de licor. Con todos acaba el representante de la Ley, un sicópata que interpreta Guy Pearce. Nuestros Bondurant son esos taxistas que bloquean Barcelona o, desde el recinto del Ifema, amenazan ahora con quemar Madrid si las Administraciones no se avienen a garantizar su monopolio en el transporte de viajeros. Lockout patronal como una catedral, que no huelga del taxi, o vuelta a la sociedad de gremios. Intento de mantener un monopolio por la fuerza sobre la base de una clientela cautiva. “Peseto Loco” et al, gente que se siente fuerte para amenazar la libertad de todos en el país desencuadernado que hoy es España.

Nuestros Bondurant son esos taxistas que bloquean Barcelona o, desde el recinto del Ifema, amenazan ahora con quemar Madrid si las Administraciones no se avienen a garantizar su monopolio en el transporte de viajeros

El Gobierno pasó la pelota de la regulación del taxi a las Comunidades Autónomas (Sánchez sopesa ahora pasarles también la patata caliente de reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela), en lugar de asumir la responsabilidad de liberalizar el mercado y servir a los intereses generales. Nada que ver con la descentralización administrativa, sino con el miedo a usar el monopolio de la violencia legítima que el Estado pone en sus manos contra quienes amenazan la libre competencia y el derecho de los ciudadanos a elegir el medio de transporte que más les plazca. Pánico, en suma, a tomar decisiones impopulares, ellos que viven enfrascados en absurdas operaciones de imagen destinadas a afianzar el retrato buenista del pobre diablo que padecemos por presidente. Con el problema añadido de que un Gobierno regional, y no digamos ya local, es mucho más sensible a coerción y las presiones violentas de un colectivo como el de los taxis. Cobardía infinita e irresponsabilidad suma.

Garrido y Carmena también quieren rendirse

Como la Generalidad catalana, también la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están dispuestos a rendirse ante los dueños de licencias de taxi. Porque ese es el meollo del conflicto: los propietarios de licencias de taxi que a su vez son dueños de licencias de VTC, y cuya pretensión no es que desaparezcan las citadas VTC sino plataformas como Uber y Cabyfy. La mitad de los taxistas son asalariados que poco o nada tienen que ganar en esta guerra y cuyas condiciones de vida mejorarían en un sector liberalizado. En el otro extremo, el taxista que acaba de adquirir una licencia a precio prohibitivo, digamos que 100.000 euros, seguramente hipotecándose, y que está dispuesto a todo con tal de defender su renta. Pues bien, Ángel Garrido y Manuela Carmena han tenido la ideica de regular las VTC exigiendo que el vehículo esté a una distancia mínima de 300 metros del potencial cliente. A este esperpento reñido con todo vestigio de racionalidad lo han llamado “precontratación espacial”. Para darle más emoción a la cosa, la distancia exacta deberá ser concretada por cada municipio. Como era de prever, los taxistas encastillados en Ifema han dedicado a Garrido y Carmena una sonora pedorreta.

Semejante idea-engendro solo cabe en un país efectivamente sin ley, con criterios de autoridad inexistentes y con el regulador “capturado” (elegante manera de decir corrompido) por grupos de presión o gremios violentos dispuestos a hacer prevalecer sus intereses por la fuerza. Como ahora ocurre con los taxis, como antes con los estibadores y como siempre con los controladores aéreos. Episodios de esta clase vienen a poner de relieve las deficiencias de una economía que sigue estando intervenida en muchos de sus vectores, poco o nada liberalizada y propicia a la existencia de esos grupos con poder suficiente para imponer sus criterios contra el interés general. Taxis, estibadores, controladores, pero también telecomunicaciones, eléctricas, constructoras, sectores que dependen de la tarifa que regula el Gobierno de turno y que gravan el bolsillo del consumidor, sin olvidar la pelea de los horarios comerciales o la liberalización de los servicios profesionales, por no hablar de farmacias, estancos, notarios o registradores de la propiedad. Barreras de entrada al mercado. Obstáculos a la libre competencia. 

De acuerdo con el índice Doing Business que anualmente elabora el Banco Mundial, España sigue siendo una economía fuertemente regulada, con un mercado laboral extremadamente rígido (tercer país de la OCDE por nivel de regulación, después de Luxemburgo y México), con un coste laboral unitario muy alto, y con un sector servicios muy ineficiente, a pesar de su capital importancia en la creación de empleo. Andrei Shleifer, profesor de economía en Harvard y uno de los economistas más reputados del planeta, aseguró durante una visita a Madrid que “la regulación del mercado laboral y de productos español se ha desarrollado para proteger a los insiders en detrimento de los outsiders. Para defender a los miembros de la sociedad más privilegiados, los sindicatos y el sector público, excluyendo así a la gente que no puede acceder a los sectores protegidos. Por esta razón, la liberalización de los mercados laborales y de productos no es sólo una cuestión de eficiencia económica y crecimiento, sino también de justicia social”.

Es esa economía intervenida con la que los Gobiernos de mayoría absoluta del PP (del PSOE no cabe esperar nada en el terreno de la creación de riqueza) no quisieron acabar durante la Transición, en tanto en cuanto liberalizar supone en el 100% de los casos ceder poder, perder capacidad para financiar la costosa maquinaria de nuestra democracia de partidos, y también para corromper y corromperse (los amigos de Rodrigo Rato como preclaro ejemplo). En el caso que nos ocupa, Zapatero liberalizó el sector del taxi mediante la Ley Omnibus 25/2009, ello a requerimiento de Bruselas y en uno de sus locos intentos finales por combatir la crisis. Pero fue Rajoy quien, mediante una nueva redacción del Reglamento de la LOTT, en 2015, estableció el ridículo límite de 1 vehículo VTC por cada 30 taxis. Negativa a perder poder y querencia a chupar del bote: a pesar de su inverosímil provisionalidad, el Gobierno Sánchez se ha apresurado a colocar a sus amigos en los puestos directivos de las empresas públicas, gente a veces sin una capacitación profesional mínima para el desempeño del cargo, pero con remuneraciones millonarias. Las continuas trabas que una CNMC independiente debe superar para cumplir su cometido son reveladoras de esa reluctancia a sacar las manos de la economía de nuestras élites políticas.

O liberalización o monopolio

De este esquema generalizado de corrupción plagado de ineficiencias se benefician los grupos de poder consolidados, pero también grupos marginales -caso ahora del taxi- dispuestos a defender con uñas y dientes esquemas de funcionamiento cercanos al cartel puro, con una  clientela cautiva, que se resisten a modernizarse y a ponerse al día con los avances tecnológicos. La solución que Garrido y la abuelita lobo pretenden para el taxi en Madrid supone una enloquecida exaltación del intervencionismo más rústico, más primario, más iliberal. “Para que España desarrolle en pleno su potencial, necesita liberalizar mucho más su economía, en particular el sector de servicios”, aseguraba el informe del Banco Mundial citado. La disyuntiva para el taxi es clara: o se liberaliza el sector con la eliminación del sistema de licencias –que se compran, se venden y se mantienen artificialmente bajas para que no pierdan valor-, o se consolida el monopolio. Entre la preservación de las rentas de un puñado de personas y la obligación de defender los intereses generales, la alternativa debería estar clara para el regulador.

Pero, en la España sin ley de la segunda década del siglo, no lo está. A los jacobinos del taxi les defiende hoy gente como Irene Montero, Alberto Garzón, Almudena Grandes y otros del mismo palo ideológico. La extrema izquierda pretende que nuestros Bondurant sigan vendiendo su whisky en régimen de monopolio. En ausencia de un sheriff Pearce dispuesto a aplicar la ley de sus pistolas, la patronal del taxi de Madrid sigue decidida a blindar su cartel contra viento y marea. Mientras, los trabajadores del metro de Barcelona han optado por hacer huelga durante el próximo Mobile World Congress (MWC), el evento ferial más importante de los que se celebran en la capital catalana. Dispuestos a tirar piedras contra el tejado propio. A hundir la nave de un país que parece navegar a la deriva, en el que, parodiando a Goethe, conviven la injusticia y el desorden. Lo que queda es esa penosa sensación de desgobierno que hoy domina la vida de tantos españoles hartos del espectáculo de una Autoridad incapaz de fijar a cada cual su derecho. Y poner a cada uno en su sitio.

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