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Margarita Batallas

Opinión

El TC se pone en modo garantista

Haciendo caso omiso de la presión ambiental, el Tribunal Constitucional dicta una innovadora sentencia que amplía los derechos de los detenidos

El ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido.
El ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido. EFE

En estos tiempos en los que se exige venganza más que justicia, el Tribunal Constitucional ha decidido ampliar los derechos de los detenidos en los interrogatorios policiales al dictar una sentencia que será de obligado estudio en las academias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Con este fallo, la policía española se sitúa entre las más avanzadas de Europa, aunque obligue a los agentes a modificar sus técnicas de interrogatorio.

Los magistrados han aprovechado un recurso presentado por un joven que fue detenido junto a otros tres después de que se produjera una reyerta en Madrid, en mayo de 2016, en la que resultó herida una persona por apuñalamiento. El arrestado reclamó a los agentes que le permitieran conocer las pruebas que tenían en su contra, y ante la negativa de estos a facilitarle la información solicitó el auxilio del juez de guardia mediante un habeas corpus que le fue denegado.

Los jueces reconocen en su resolución, redactada por el ex fiscal del Estado Cándido Conde-Pumpido, que hasta ahora no habían sentado doctrina en el ejercicio del derecho a la libertad y a la seguridad o lo que es lo mismo el derecho a conocer las razones de una detención policial y el deber de los poderes públicos a facilitar esa información durante el arresto en comisaría. Por ello, se pusieron manos a la obra y han dictado un fallo de los que marcan un antes y un después en la defensa de los derechos fundamentales, según coinciden diversas fuentes jurídicas.

Con estas estas nuevas normas se evitará que el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales anulen condenas por estar viciada en origen la confesión del detenido"

El TC explica en su sentencia que los detenidos tienen derecho a conocer “los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención” antes del primer interrogatorio en la comisaría. Es decir, los arrestados han de recibir copia de la denuncia de los hechos, la declaración de los testigos, los informes periciales, las actas de registros, y las grabaciones telefónicas y seguimientos fotográficos que haya en su contra.

Esta decisión pretende limitar la facultad de la policía de engañar al delincuente durante el interrogatorio como fórmula de constatar su participación en los hechos investigados. Ocultándole, por ejemplo, que sobre una determinada acción que el arrestado niega existe constancia fotográfica. Y es que, con esta decisión, el detenido puede impugnar desde el primer momento las pruebas que presente la policía y negar que sean suyas las huellas analizadas si el informe no es concluyente, o que sea la persona que aparece en un seguimiento fotográfico si la imagen es borrosa.

Esta información solo se entregará al detenido si la solicita él mismo y no abarcará a todo el atestado policial, como han reclamado los abogados defensores que, no obstante, han logrado dar un paso significativo en el ejercicio del derecho de defensa. Por el contrario, los cuerpos de seguridad del Estado han expresado suspicacias ante este fallo. Sin embargo, los jueces explican que no va a dificultar su trabajo, ya que ahora ya se entrega a los detenidos una hoja con sus derechos en la que se recoge la fecha y la hora de la detención y el delito imputado, y lo que cambia es que a partir de la sentencia del TC tendrán que añadir una casilla que concrete los hechos y las causas de su detención. El Ministerio del Interior tendrá que acatar y obedecer esta resolución, por lo que está obligado a circularla entre los miembros de las FCSE para que la pongan en funcionamiento.

Con esta resolución, el TC vuelve por sus fueros y dicta una sentencia innovadora al apostar por los derechos fundamentales. Además, con estas nuevas normas se evitará que el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales anulen condenas cuando la prueba principal era la confesión del detenido que no se había podido defender porque la policía le ocultó los indicios que había recabado contra él y que motivaron su arresto. Un fallo con el que ganamos todos, aunque ahora lo políticamente correcto sea endurecer los castigos a los delincuentes.



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