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Luis Rodríguez Ramos

Opinión

Separatismo catalán y justicia penal

La inevitable criminalización de los hechos ocurridos en el “procés” no puede convertirse exclusivamente en una “huida hacia la Justicia penal”

Archivo. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Genrealitat, a su llegada a la Audiencia Nacional , antes de quedar detenido.
Archivo. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Genrealitat, a su llegada a la Audiencia Nacional , antes de quedar detenido. GTRES

La denominada “huida hacia el Derecho penal” se ha puesto de moda en el ámbito legislativo, para aparentar que se hace frente a un problema incluyéndolo en el Código penal cuando no se puede o no se quiere resolver un conflicto haciendo un previo estudio de diagnóstico, pronóstico y tratamiento, utilizando otros instrumentos preventivos o represivos. Pero también se produce esta “huida” cuando para la solución de un conflicto, sólo marginalmente penal, se confía exclusivamente en la actividad de este orden jurisdiccional, que es lo que está ocurriendo en gran parte con el llamado “Procés català de desconnexió o independencia”.

¿Delitos políticos?

No es momento de discutir algunos aspectos controvertibles de las imputaciones penales, especialmente si ha habido o no rebelión, pues delitos los hay y además graves. Tampoco parece oportuno y serio cuestionar la medida cautelar de imposición y mantenimiento de prisión preventiva para algunos de los investigados, pues carecemos de todos los elementos de juicio para sopesar el riesgo de reiteración delictiva, pero sí es pertinente tratar algún otro aspecto, comenzando por aclarar si se trata o no de “delitos políticos”.

Delitos políticos eran los que en la época de Franco “criminalizaban al discrepante político”; nada que ver con la sedición, la malversación, la prevaricación o la desobediencia"

Desde una perspectiva jurídica es evidente que no toleran tal calificativo la sedición, la malversación, la prevaricación o la desobediencia, pues delitos políticos eran los que en la época de Franco “criminalizaban al discrepante político”, por el mero hecho de serlo, a través de figuras delictivas como la propaganda ilegal, reuniones no pacíficas o asociaciones ilícitas. Pero otra cosa es la calificación que merecen desde un punto de vista criminológico, pues sin lugar a dudas pertenecen al género de los “delitos de convicción” y, más exactamente, de convicción o motivación “política”, y no puede olvidarse en este contexto que, en los delitos de rebelión o sedición, si el rebelde o sedicioso triunfa es un “héroe” (recuérdese la rebelión/alzamiento de 1936 en España), pero si fracasa es un delincuente que merece las penas más graves.

Posibles indultos

En este contexto, y es un tema que también ha salido en la prensa de los últimos tiempos, una vez resuelto el conflicto y condenados a las penas correspondientes los rebeldes o sediciosos, la historia acredita que para restañar las heridas se solían acordar amnistías. En el presente caso es obvio que no se podrán conceder indultos generales, análogos a las tradicionales amnistías hoy prohibidas por el artículo 62 i) de la Constitución española, pero sí puede llegar el momento de conceder indultos particulares, totales o parciales, para facilitar la convivencia política. Téngase en cuenta que se trata de delitos de motivación política pero no de naturaleza terrorista, sino de delitos sin víctimas personales por lesiones o muertes, teniendo por ello sentido esta medida de gracia pro bono pacis.

Ni es serio cuestionar la prisión preventiva para algunos de los investigados, ni confiar la solución del problema exclusivamente a la jurisdicción penal"

Volviendo al comienzo hay que reafirmar que la inevitable criminalización de los hechos ocurridos en el “procés” no puede convertirse exclusivamente en una “huida hacia la Justicia penal”, en el sentido de no abordar el tratamiento del problema con medios acordes con el carácter político de su naturaleza, sin confiar exclusivamente en un Derecho penal que, con frecuencia y como decía un profesor alemán, “opera con guantes de madera y acaba estropeando todavía más lo que manipula”.

Es pues una aberración confiar la solución de este problema político únicamente a la orden jurisdiccional penal.

* Catedrático de Derecho penal y miembro de la Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP)



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