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Imma Lucas

Opinión

Sentencia de la vergüenza

Es una vergüenza que en este país haya políticos que se salten las leyes a la torera y que carezcan de voluntad para resolver el desaguisado catalán

Los acusados, al inicio del juicio en el Supremo.
Los acusados, al inicio del juicio en el Supremo. EFE

Será a partir de 2069, dentro de 50 años, cuando se pueda escribir sin dolor, con objetividad, la negra historia política de este país ante los hechos acontecidos en octubre de hace dos años en Cataluña. Ese es el tiempo necesario, según los historiadores, para escribir sobre lo sucedido con la suficiente distancia que permita descargar cualquier carga ideológica, valga la redundancia. Algo que sí podemos decir, desde la perspectiva periodística y también histórica, es que ha habido un fracaso monumental en las relaciones políticas, entre unos y otros, entre constitucionalistas e independentistas. Entre Madrid y Barcelona.

Sin voluntad política, sin volver a instaurar el diálogo, nada se va a resolver, no hay que ser una eminencia para dar certeza a tal afirmación. Cualquier otra cosa es puro teatro, puro drama, es incendiar las calles, es crispar. Con represión no conseguimos nada, y de esto sabemos mucho en España tras 40 años de dictadura franquista o de la banda terrorista ETA.

Por llegar está la sentencia de la vergüenza, y digo vergüenza porque es vergonzoso que en este país haya políticos presos, haya políticos que se salten las leyes a la torera, otros que sean corruptos y haya también tan poca altura de miras y tan poca voluntad como para resolver el desaguisado catalán y tener en cuenta a independentistas y no independentistas.

En Cataluña han dejado de respetarse muchas cosas y el ir de campaña en campaña nos instala en una gestión política cortoplacista

Mientras hablamos de una sentencia que no llega y las instituciones catalanas se preparan para dar respuesta -cuando lo único que deberían hacer es acatar lo que diga el tribunal-, ya era hora de que los periodistas protestaran. Todos en pleno sentados en el Parlamento catalán ante los políticos a los que dan voz cada día, para pedir que se rebaje la tensión y se respete su trabajo. En Cataluña y en el resto de España han dejado de respetarse muchas cosas y el ir de campaña en campaña nos instala en una gestión política cortoplacista que para lo único que sirve es para vender programa y no ejercer gestión alguna.

Con ello, el sectarismo de unos y de otros nos lleva a acciones antidemocráticas como a agredir física o verbalmente a un periodista por trabajar en un medio “español” o “catalán”. No, no se debe consentir en un Estado democrático que se vulneren los derechos básicos como el de la libertad de expresión y también de información. El periodista tiene la gran responsabilidad de dar voz al político y hacerlo con la mayor objetividad posible y el político tiene la responsabilidad y la obligación moral de que lo que diga a través de un medio es un potente mensaje para llegar a la ciudadanía y por lo tanto debe medir sus palabras para no incendiar las calles de odio y de rencor.

Generar odio y rencor es decir que aquí en mi tierra hay poco menos que comandos terroristas catalanes, como insinúa Ciudadanos y generar odio y rencor también es decir desde el gobierno catalán que aquí no se necesitan ni policías nacionales ni Guardia civil. Por la seguridad, la justicia y el respeto a la democracia debemos estar todos. 

La violencia que sufrieron hace dos años por parte de la Policía Nacional los ciudadanos que querían hacer escuchar su voz mediante un voto que todos sabíamos que era nulo no fue de recibo. Nadie pidió perdón, nadie se atribuyó la responsabilidad de unas cargas policiales. Los policías no eran los responsables, sino sus dirigentes. Nadie midió el dolor que ello iba a causar en la sociedad, y pasará a la historia como un día negro para la democracia. Ni abuelos, ni niños, ni ninguna familia se merecían ningún tipo de represión. Faltó política de despacho, faltó altura de miras, sobraron mentiras y falacias. Los únicos que se merecían la aplicación de la ley eran los que dirigieron ese referéndum anulado por el Tribunal Constitucional. Y con todo, los periodistas debemos protestar más en aras a reivindicar nuestro trabajo y la libertad para ejercerlo y dejar de perder el tiempo en especular sobre una sentencia vergonzosa que aún está por llegar.

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