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Víctor Moreno

Opinión

Sentencia de ‘La Manada’: ¿benevolencia judicial o pulcritud procesal?

Son comprensibles las críticas a una sentencia que ya sabíamos podía ser polémica, pero los jueces se han pronunciado sobre lo que han visto y oído, y lo que debiéramos preguntarnos es si se han aportado las pruebas de cargo suficientes para convencer de otra cosa al tribunal

Una treintena de ciudades se manifiesta contra la sentencia de 'La Manada'
Una treintena de ciudades se manifiesta contra la sentencia de 'La Manada'

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido imponer la pena de 9 años de prisión, quince años de prohibición de aproximarse y cinco años de libertad vigilada, a cada uno de los miembros de “La Manada” por el delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.

Se ha producido una airada reacción social ante lo que algunos consideran lenidad, o excesiva benevolencia judicial, porque el tribunal solo ha condenado por el referido delito y no ha impuesto una pena mucho más grave al no estimar probada la acusación de violación.

Las manifestaciones ante el edificio de la Audiencia, en muchos lugares de España, y lo expresado en redes sociales, ponen de manifiesto un frontal rechazo y una feroz censura a una resolución judicial que seguramente casi nadie ha leído.

Las sentencias condenatorias solo se pueden dictar sobre la base de una prueba de cargo suficiente, válidamente obtenida, que logre la plena convicción del juzgador sobre la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable

Por supuesto que las decisiones judiciales están sometidas al escrutinio público y los ciudadanos pueden y deben expresar sus opiniones críticas. Dicho esto, habremos de partir siempre de unas cuantas premisas que establece el marco en que se deben desenvolver los tribunales en el Estado de Derecho.

En primer lugar, la decisión judicial es el resultado de una reflexión que parte del conocimiento de las posturas enfrentadas en el proceso, que es una discusión sobre un conflicto en una materia regulada por el Derecho. No es un impulso del juez, ni un acto de voluntarismo. La decisión tiene que estar fundada, motivada, de modo que la sociedad pueda saber por qué se ha dictado esa sentencia.

En segundo lugar, el juez solo puede extraer su convicción del material del proceso, y no puede utilizar su conocimiento privado.

Las decisiones judiciales son el resultado de una reflexión que parte de posturas enfrentadas. No obedecen a un impulso del juez, ni a un acto de voluntarismo

En tercer lugar, la sentencia se alcanza respetando siempre una serie de garantías, las que conforman el debido proceso, entre las que destaca las de preservar la contradicción, la igualdad de las partes y el derecho a la defensa. El juez tiene que velar por que se respeten todas las garantías, y los derechos procesales no resulten vulnerados.

En cuarto lugar, además, el sistema penal que deriva de la Constitución y tiene expreso reconocimiento en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en sucesivas Directivas está conformado por un modelo procesal de respeto a las garantías básicas del proceso penal.

En quinto lugar, la sentencia penal condenatoria solo se puede dictar sobre la base de una prueba de cargo suficiente, válidamente obtenida y practicada, que logre la plena convicción del juzgador sobre la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. Solamente cuando los hechos permiten fundamentar un tipo delictivo se puede dictar una sentencia de condena partiendo de esos hechos. Todo lo demás será una sentencia de absolución, con lo que se mantiene la presunción de inocencia.

El juez solo puede extraer su convicción del material del proceso, y ha de respetar una serie de garantías, entre ellas las de preservar la contradicción, la igualdad de las partes y el derecho a la defensa

Este conjunto de garantías conforma la columna vertebral del Estado de Derecho y del sistema democrático y permite construir una sentencia justa. En los juicios ciudadanos se dicta resolución sin garantía de ninguna clase, y la única referencia es la pura presión social. Así funcionaba la ley de Lynch en el lejano Oeste: el pueblo dictaba la sentencia y se ejecutaba al señalado como culpable.

Dos aspectos relevantes en este punto: por un lado, la sentencia no es unánime; la firman tres magistrados, pero uno de ellos discrepa y redacta un voto particular de más de doscientas páginas (134 a 370), no para considerar que debía condenarse a una pena mayor, es decir, no por entender que se había producido agresión sexual, con violencia o intimidación suficiente, sino concluyendo que procedía una sentencia absolutoria (salvo el hurto del teléfono móvil).

No podemos reprochar al tribunal blandura en la sentencia; se han pronunciado sobre lo que han visto y oído. Debemos preguntarnos si no se han practicado, si no se han aportado los elementos probatorios de cargo suficientes para convencer al tribunal.

Por otro lado, la sentencia no es firme. Es el primer pronunciamiento de un tribunal, pero caben recursos. Solo la sentencia firme será la que haya de tenerse en cuenta. Es importante esta primera decisión; pero sólo la que termine siendo firme será definitiva.

* Victor Moreno es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid.



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