Razón, libertad y ley

Son célebres las definiciones de Aristóteles del ser humano como animal racional y como animal político. El problema es que ambas condiciones no siempre van al unísono como demuestran fenómenos como la ofensiva separatista en Cataluña y, en particular, las primeras declaraciones de sus líderes ante el Tribunal Supremo. La aventura secesionista emprendida por Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y demás procesados por rebelión, sedición y malversación no resiste, en efecto, un análisis objetivo en términos coste-beneficio. Su puesta en marcha y desarrollo han traído a los catalanes y al conjunto de los españoles división, enfrentamiento, incertidumbre, angustia, frustración y evidente perjuicio económico. Nada derivado del choque de las instituciones catalanas controladas por los nacionalistas y el Estado puede ser calificado como bueno o positivo, por el contrario, la dilapidación de recursos, la violencia en las calles, el desgarro interior de familias o de grupos de amigos, la huida de empresas y de inversiones, el clima de odio y de rencor creado en el seno de la sociedad, el desasosiego causado en millones de personas, obligadas contra su voluntad a tomar partido entre dos bandos irreconciliables, dibujan un panorama oscuro, decepcionante y profundamente insatisfactorio. Sólo hay que imaginar cuál sería la situación de Cataluña y del resto de España en cuanto a estabilidad, crecimiento, optimismo, eficiencia y confianza en el futuro comparada con la resultante en la actualidad del fallido golpe perpetrado por los líderes independentistas tras décadas de adoctrinamiento venenoso de sus administrados, para advertir el tremendo daño provocado por esta aventura sin sentido.

No hay nada que hacer cuando el edificio argumental del secesionismo se basa en esa mendacidad que proclama Torra: ‘la democracia por encima de la ley’

Pese a la rotunda obviedad desde una perspectiva estrictamente racional de que las desventajas son muy superiores a los beneficios en este malhadado asunto, el dominio del componente emocional ha sido absoluto y, perversamente manejado por los presuntos rebeldes, ha desembocado en la inmanejable maraña en la que tanto constitucionalistas como independentistas estamos atrapados. Hay un punto central de este debate en el que radica la imposibilidad de una salida no traumática y que aparece nítidamente en esta etapa inicial del juicio en el Tribunal Supremo. Quim Torra en su reciente entrevista con Carlos Alsina ha afirmado textualmente: “La democracia va primero, antes que la ley”. Oriol Junqueras, por su parte, se ha negado a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado indicando así que renuncia a considerar los hechos para refugiarse en las proclamas ideológicas, que son ajenas a la materia que va a ser objeto del examen de los magistrados con el Código Penal como única guía. En la supuesta tensión entre ley y democracia, tan cara a los nacionalistas, -“se nos ha metido en la cárcel por poner las urnas”- existe un equívoco que conviene despejar. Cuando se postula como Cicerón que sin ley no hay democracia ni libertad, se sobreentiende que la política se desenvuelve en un Estado de Derecho en el que están garantizados todos los derechos fundamentales y todas las libertades civiles porque si no fuera así, tal como es el caso de Irán, Cuba o Venezuela, efectivamente la ciudadanía se encuentra moral y políticamente legitimada para desobedecer leyes injustas, crueles u opresivas y para combatirlas hasta disponer de una verdadera democracia.

Por tanto, los separatistas parten de una premisa falsa, la de que España no es un Estado democrático de Derecho y que las normas que se les exige acatar son impuestas por un régimen represor. Como es lógico, semejante patraña no cuela, dado que España, Estado Miembro de la Unión Europea, figura en puestos muy sobresalientes en los rankings internacionales de calidad democrática y de garantismo jurídico. Al estar todo su edificio argumental construido sobre esta base mendaz, no hay forma de hallar un camino que desatasque el embrollo dentro del orden constitucional vigente. Una prueba palpable de la incapacidad de los independentistas para encararse con la verdad y con la evidencia fáctica es su reacción ante cualquier intento de establecer con ellos un debate respetuoso y racional. De inmediato contestan con los peores insultos, franquista, fascista, enfermo mental y lindezas similares. En mis pacientes ensayos de entablar un diálogo argumentado con los portadores de lazos amarillos he recibido las injurias más ofensivas incluyendo mi alopecia, mi edad o mi afonía crónica fruto de una operación de laringe hace más de treinta años, lo que denota el ínfimo nivel ético y humano al que una incansable labor de fanatización en las aulas y en TV3 ha arrastrado a centenares de miles de mis conciudadanos catalanes, en otros tiempos ejemplo de buenas maneras y de elegante seny.

Se requieren un Parlamento y un Gobierno dispuestos a aprender de los enormes errores cometidos en el pasado para emprender el rumbo de la cohesión nacional

Hace poco recomendaba yo en Twitter una terapia para sanar a la sociedad catalana de la infección particularista y antiespañola que padece consistente en la aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera plena y por tiempo indefinido y en la utilización de los medios de comunicación públicos y la educación para limpiar las mentes de instintos tribales agresivos y recuperarlas para la concordia y la solidaridad con el resto de sus compatriotas de más allá del Ebro. Inmediatamente, recibí un alud de descalificaciones indignadas en las que se me tildaba de dictatorial para arriba, probando así que los separatistas rechazan la ingeniería social salvo si la practican ellos.

La tríada indisociable de razón, libertad y ley requiere un demos de ciudadanos bien formados e informados dotados de discernimiento y del hábito de analizar la realidad con el cerebro y no con las tripas. Los dos grandes partidos nacionales desde la Transición hasta la fecha han olvidado esta enseñanza de la Historia -véanse los horrores del siglo XX europeo- y por eso hemos llegado hasta el desastre presente. Ojalá el próximo 28 de Abril emerjan las reservas de sensatez, patriotismo cívico y lucidez que alberga nuestra multisecular Nación y tengamos un Parlamento y un Gobierno dispuestos a aprender de los enormes errores cometidos en el pasado para emprender el rumbo de la cohesión nacional y del compromiso valiente con los valores de la sociedad abierta.