Llegó a la Generalitat con un aviso. “No es tiempo para cobardes ni para temerosos, tampoco para los flojos de piernas”. La hemeroteca, esa memoria viperina que ha aprendido a manejar la sociedad como una especie de control de calidad, se lo recuerda este lunes a Carles Puigdemont. Aquella frase sonó en 2016, cuando Artur Mas le cosió todos los galones del procés, le entregó la vara de mando y los renglones torcidos del argumentario independentista. Eran otros tiempos. Sin duda. Un tiempo para ser valiente ante las masas adoctrinadas por un sistema de educación lacerado y embaucadas por la parrilla chantajista de TV3. Un tiempo sin riesgos judiciales personales y donde meterle gasolina al pulso con Madrid salía gratis. Ahora nada es como era. El artículo 155 espera al jueves para ser activado en que caso de Puigdemont no vuelva a la legalidad. Sinónimo de tener que aceptar que Cataluña no será ni independiente ni se convertirá en una república. Todo ese castillo de naipes que escuchó de Jordi Pujol en un mitin, allá por 1980. Fue el primer mitin de Puigdemont, el tipo del gen independentista.
Con independencia de lo que traslade hoy Puigdemont –en nombre del Govern- a Moncloa, no será un día para celebrar castellers en Cataluña. Suceda lo que suceda, se consume o no el homicidio a la Constitución, Cataluña es más pobre que hace apenas 15 días, cuando centenares de empresas comenzaron a fugarse de su tierra por la inestabilidad política. Un efecto devastador a medio y largo plazo, como todas las consecuencias económicas de una medida concreta, que la adrenalina independentista todavía no ha reparado. Un efecto ya devastador en el corto plazo para todas aquellas profesiones –notarios, registradores- que certifican a diario decenas de operaciones en Cataluña que generan cada una de las empresas que han emprendido la tocata y fuga. No se engañen, cuando Caixabank o Sabadell completan una emisión de cualquier tipo de deuda, ese acto genera riqueza directa en Cataluña. Ahora, esos efectos directos se han trasladado directamente a Valencia o Alicante. Y no hay camino de retorno. El argumentario independentista asegura que las empresas retornarán a Cataluña. Lo mismo dijeron muchos líderes políticos vascos hace décadas ante la fuga de firmas. Los órganos de decisión de BBVA nunca regresaron a Bilbao. Idéntico viaje realizó Iberdrola. El traslado de sede social no es un mero billete de Euromed o AVE para el consejero de turno de Barcelona a Valencia, Alicante o Madrid. Es el inicio de un silencioso movimiento de estructuras que apoyan el cambio social y fiscal, en algunos casos. Estructuras que moverán personas y reestructurarán las organizaciones. Tiempo al tiempo.
Seguro que a más de un catalán que escuchó a Mas afirmar que los bancos no sólo no se marcharían sino que se darían codazos por venir a Cataluña, se le habrá quedado cara de bobo estos días al ver como Sabadell y Caixabank hacían las maletas. Su marcha, como la del resto de empresas, ha empobrecido al catalán de a pie. El traslado conlleva un cambio en el lugar de tributación del Impuesto de Sociedades. Cierto es que este impuesto es recaudado por Montoro y después retorna a las Comunidades Autónomas en función de la cuantía aportada por las empresas radicadas en cada una de ellas. Dinero que después se inyecta –o así debería ser- para mantener el estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones… pero que en Cataluña, como en tantos otros sitios, se ha perdido por el desagüe de los tantos por cientos en los sobres a políticos. La salida de más de 500 empresas desde el toque de campana de Sabadell y Caixabank ha rebajado la renta per capita de los catalanes. El efecto tardará en notarse unos meses. Y, en esta ocasión, no cabe recurso al Madrid nos roba.
España no roba a Cataluña. El mantra es falso. Aunque los argumentos económicos a favor de la secesión han perdido peso frente a eslóganes estrictamente políticos, hay que reconocer el papel fundamental que han jugado durante los últimos años
España no roba a Cataluña. El mantra es falso. Aunque los argumentos económicos a favor de la secesión han perdido peso frente a eslóganes estrictamente políticos, hay que reconocer el papel fundamental que han jugado durante los últimos años. El manifiesto fundacional de la Assemblea Nacional Catalana afirma sin rubor alguno que “el Estado no apoya a los habitantes de Cataluña y perjudica seriamente sus posibilidades de mantener o incrementar su nivel de vida y bienestar social que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social”. Es la acusación más grave que puede hacerse contra un Estado: perjudicar deliberadamente a más de 7 millones de ciudadanos. La acusación se trasladará dentro de unos meses hacia todas aquellas empresas que han decidido hacer las maletas. Ellos, y Madrid, by the way, serán los responsables de que no cuadren los números en las plantas económicas de la Generalitat.
La fuga de empresas tiene otro efecto demoledor para la economía catalana. Cataluña ha dejado de ser el number one de aportación al Producto Interior Bruto (PIB) nacional en detrimento de Madrid. Una posición que es mucho más que un eslogan para las empresas y los grandes inversores a la hora de tomar decisiones. Otra pésima ‘x’ en la casilla de Puigdemont y compañía. Pero el mayor efecto del 1-O es, sin duda, la incertidumbre política, sinónimo también de pérdida de riqueza. Las gentes del dinero, fondos y similares, saben cómo manejar este tipo de situaciones para lograr importantes descuentos en sus inversiones. Baste un ejemplo. Un importante fondo ha decidido reducir sensiblemente el precio de la cartera catalana de un gran paquete inmobiliario nacional que tiene a la venta una entidad financiera. Minimizar el riesgo ante lo que pueda suceder.
Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos. Porque desgraciadamente, el tema catalán amenaza no sólo con ralentizar el crecimiento de la economía española sino con paralizar políticamente otra nueva legislatura. Mientras se habla del tema catalán se deja de hablar de sanidad, de educación, de la situación de los autónomos, de la internacionalización de empresas, del mix energético, del I+d+i y, sobremanera, de esa pesadilla durmiente que aparece cada vez más cerca como el coco en las sueños de los niños. Cataluña está evitando abordar como merece la reforma del sistema de pensiones, uno de los pilares del estado del bienestar que pasará una nueva legislatura sin consenso alguno. Un error imperdonable para nuestros políticos.
El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas?
El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas? ¿Acaso los análisis del Consell Assesor per la Transició Nacional que aseguraban que todo estaba a punto para convertir Cataluña en la Holanda del Sur o Dinamarca eran sólo una broma pesada? ¿No han completado ya con la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social la arquitectura de la república? ¿A qué esperan para repartir los 44 millones del dividendo fiscal que el AVE se lleva a Madrid cada día? Mas y Puigdemont han vuelto a engañar miserablemente a los ingenuos ciudadanos que votaron el 9-N y acudieron de nuevo a votar el 1-O.
“No es tiempo para cobardes ni para temerosos, tampoco para los flojos de piernas”. Puigdemont en plena encrucijada. Ahora debe decidir entre proclamar la república, que es lo que habría hecho un hombre valiente, el político que defiende sus ideas hasta la extenuación asumiendo todas las consecuencias; o retornar a la racionalidad bajo el parapeto que le han ofrecido PP y PSOE con la reforma constitucional. Una coartada perfecta para que Puigdemont pueda vender a los suyos una pírrica victoria –la imposible opción de encajar el derecho a decidir en la apertura en canal de la Constitución-, sabiendo que su mortaja política ya tiene medidas tras unas elecciones autonómicas. “To be or not to be”. Ya lo decía Shakespeare.
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