Lo que mal empieza, mal acaba. De esta manera tan gráfica podemos resumir lo acontecido la semana pasada. La Comisión Europea, la misma que relajó sine die el ajuste presupuestario a Rajoy, se pone dura con Sánchez y el acuerdo de presupuestos pactado con Ahora Podemos. Ello es especialmente grave en el entorno actual de desaceleración global que sin duda llevará a España a una recesión entre 2019 y 2020, y que se intensificaría con los ajustes presupuestarios demandados por la Comisión. Para rematar la faena, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una decisión unilateral sin precedentes, propia de un país bananero, ordenó frenar los recursos pendientes sobre el pago de impuesto de las hipotecas. Así se evitará que se aplique la nueva jurisprudencia.
Ambas decisiones, de alguna manera, están interrelacionadas; tienen un nexo común. Nuestras democracias están secuestradas por una nueva oligarquía caciquil muy perniciosa para los intereses de la ciudadanía. La zona euro, para colmo, tal como señala el historiador Adam Tooze, “es una oligarquía mal organizada, disfuncional; al menos, con la de los Estados Unidos los ciudadanos consiguen mayores niveles de empleo”.
Merkel y el BCE no asumieron la máxima del capitalismo y transformaron una deuda privada, y la insolvencia bancaria, en deuda soberana
La Comisión Europea, la Alemania de Merkel, y el Banco Central Europeo son una maquina de alimentar fascistas. Se negaron a implementar una expansión fiscal, tardaron una barbaridad en usar el Banco Central para comprar los bonos de los países en mayores dificultades, y si al final el euro no sucumbió fue por un tal Mario Draghi, quien implementó una expansión cuantitativa con operaciones a escondidas y al margen de los mandatos oficiales. Eso sí, Merkel y los burócratas del BCE no asumieron la máxima del capitalismo: si un negocio privado toma riesgos excesivos, debe asumir sus consecuencias. Y transformaron una deuda privada y la insolvencia bancaria en deuda soberana.
España no debería implementar ningún ajuste fiscal
El Gobierno de Pedro Sánchez, ante las dudas planteadas por Bruselas sobre el borrador de Presupuestos para 2019, ha afirmado que el ajuste que recoge su propuesta es el “mayor esfuerzo estructural” que se habrá implementado en España desde 2013. Además, se ha comprometido a enviar más información sobre el impacto presupuestario que tendrá la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional. Estas afirmaciones merecen varias consideraciones.
Desde estas líneas venimos avisando que los vientos de cola favorables que disfrutó el anterior ejecutivo se están desvaneciendo, de manera que si la aversión al riesgo en los mercados financieros globales se incrementa, España entrará en recesión entre 2019 y el 2020. En este escenario, se producirá un aumento del ahorro del sector privado y del resto del mundo que forzosamente conllevará a un desahorro del sector público. De las balanzas sectoriales se olvidan muchos economistas, y me temo que también la Comisión y nuestro Gobierno. Dicho de otra manera, si en desaceleración y/o recesión se implementa un ajuste fiscal, la economía colapsará.
El freno de Supremo a la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas es un hecho gravísimo que atenta contra los fundamentos de nuestra democracia
Sánchez simplemente debería hacer notar a la Comisión su permisividad con Rajoy. Se relajó con el consentimiento de Bruselas la austeridad expansiva bajo el período anterior, lo cual era correcto. Pero la razón no era que realmente se hubieran dado cuenta de la necesidad de recurrir a una expansión fiscal en recesión de balances como única herramienta efectiva. El objetivo era evitar un resultado electoral que, antes de la expansión fiscal, era nefasto para ciertos intereses. La austeridad fiscal en recesión de balances privados es dañina. Los datos de la propia Comisión Europea muestran que para España en el período 2010-2013 la política fiscal fue tremendamente contractiva. El déficit estructural se recortó desde niveles superiores al 7% del PIB a cifras próximas al 2%. Pero desde finales de 2013, con el consentimiento de Bruselas, la austeridad se relajó. El déficit estructural ha crecido desde entonces.
Simplemente le quiero recordar a Pedro Sánchez que la socialdemocracia en Europa está en desaparición. Se convirtieron en una expresión más de la derecha económica, siendo sus diferencias con sus rivales de derechas mínimas. Asumieron el catecismo liberal y devinieron en social-liberales. Fue el principio del fin de la otrora socialdemocracia. Sólo suben con fuerza Sanders y Corbyn, con programas orientados hacia las necesidades de sus conciudadanos.
Y en estas llegó la intromisión del Tribunal Supremo
Y en esas estábamos cuando llegó la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que establecía que debía ser el banco el que pagara el impuesto de actos jurídicos documentos de las hipotecas, que hasta ahora recaía en el cliente. Pero ante ello, lo insólito fue la decisión presidencial, sin discusión posible, de retirar un pleito al tribunal encargado de decidir sobre él y hacer que sea la totalidad de magistrados de la Sala los que decidan sobre el mismo. Es un hecho gravísimo, que atenta contra los fundamentos de nuestra democracia, contra la separación de poderes y que debería ser investigado con luz y taquígrafos. Recordemos que la Sala que tomó la decisión es la experta en temas de impuestos, y nadie debería entrometerse en la decisión adoptada.
Lo que subyace tras esta decisión arbitraria, como en los ajustes presupuestarios, es que nuestras democracias son Totalitarismos Invertidos. Y de ahí el punto de conexión de ambos hechos. Las mismas oligarquías disfuncionales que impiden el uso de la política fiscal y monetaria para alcanzar un régimen de pleno empleo, porque simplemente el miedo dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria, son las que maman de la teta del Estado cuando les viene mal dadas.
Porque todo lo que se ha hecho hasta ahora, el rescate bancario, la devaluación interna, el deterioro de los servicios básicos, la reforma laboral, el fortalecimiento de los oligopolios, y un largo etcétera, tiende en realidad a acelerar más aún la concentración de poder -económico, político y mediático-. Además, empeora la competitividad de nuestra economía y aumenta la corrupción sistémica. Pero, reconózcanme que les da igual y que ya no se cortan un pelo.
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