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Miguel Ángel Aguilar

Opinión

El 'Pacto de los montes'

Se puede augurar el tono que empleará Pedro Sánchez en el pleno del Congreso, que será exquisito

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. EFE

Confinados pero activos, tal parece ser la nueva pauta del Congreso de los Diputados que intenta recuperar las tareas de control al Ejecutivo y las comparecencias de los ministros en las comisiones parlamentarias para dar cuenta de sus tareas y comportamientos. Así, la convocatoria del miércoles día 15 intentará recuperar el ritmo perdido y hacer valer que el estado de alarma vigente desde el 15 de marzo para nada debe afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos ni al funcionamiento regular de las instituciones básicas como las Cortes Generales. Carecía de sentido que la regularidad de los plenos se mantuviera interrumpida, salvo para la obligada cuenta que hubo de dar el presidente Sánchez a tenor de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución y, 15 días después, de nuevo para solicitar la prórroga, así como para obtener la convalidación de los reales decretos-ley que imponían medidas extraordinarias.   

Congratulémonos de que se abra el pleno del Congreso de los Diputados con un orden del día que incluye: preguntas, interpelaciones urgentes, convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y solicitud de creación de una comisión de investigación. Pero recordemos para los que hayan llegado tarde nuestra adhesión al principio enunciado por Heisenberg, según el cual no conocemos la realidad, sino tan sólo la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. De ahí el interés que encierra verificar de qué modo nuestros diputados interrogan al presidente y a sus ministros, observar quiénes serán los que formulen las preguntas y a qué grupo parlamentario pertenecen, qué cuestiones son las que despiertan su curiosidad y a quién las formulan. 

En los plenos habituales de los miércoles, las tres primeras preguntas van dirigidas al señor presidente del Gobierno. En el del día 15 son las dos primeras, que correrán por cuenta de Mireia Vehí de la CUP, integrada en el Grupo Mixto, y de Mertxe Aizpurúa de Euskal Herría Bildu, perteneciente al Grupo Republicano donde se suman los catalanes de Esquerra. Mireia quiere la opinión del presidente Sánchez sobre el hecho de “que grandes empresas españolas tengan beneficios mientras aumentan el paro y el endeudamiento de las clases populares y el sector público”. Mertxe quiere saber “cómo asegurará el Gobierno que esta crisis no la pague la ciudadanía como en 2008”. Es fácil anticipar que el presidente Sánchez tendrá buena opinión de las empresas españolas que tengan beneficios y que procurará que sean muchas las empresas de éxito, mientras atiende al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El aseguramiento por el que inquiere Mertxe está fuera del alcance del Gobierno, pero la respuesta permitirá al presidente Sánchez aportar una torrentera de medidas y de buenas intenciones. Ignoramos cuál haya sido el sistema por el que han sido agraciadas ambas formaciones. Algo más se puede augurar sobre el tono que empleará Pedro Sánchez, que será exquisito.

Sigue en el orden del día una serie de preguntas. Así la dirigida por Íñigo Barandiarán, del PNV, a la ministra de Trabajo y Economía Social, para conocer qué implicaciones puede tener la reducción de las cantidades de que disponen las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo; la de Edmundo Bal, de Ciudadanos, al ministro de Sanidad sobre cómo garantizará la disponibilidad de suficientes equipos de protección individual y de tests para detectar el coronavirus, que protejan a los empleados en actividades esenciales y al resto, cuando llegue una eventual desescalada; la de Íñigo Errejón, del Grupo Plural elegido bajo la enseña de Más País, interesado en si hay prevista por el Gobierno alguna medida fiscal para recaudar de quienes más tienen los recursos necesarios contra el coronavirus; de Gabriel Rufián, de ERC, en torno a si el Gobierno cree haber adoptado medidas sociales que protejan de modo efectivo los derechos sociales de los sectores más vulnerables; de Juan Luis Steegmann, del grupo Vox, al ministro de Sanidad inquiriendo el número real de muertos por la coronavirus; de Víctor Manuel Sánchez del Real, del grupo Vox, al ministro del Interior, sobre si seguirá el Gobierno comprando la protección mediática con el dinero de los españoles; de Macarena Olona, del grupo Vox, al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, preocupada de si desistirá de imponer en España el modelo chavista venezolano. 

Repare el lector que esta señora Macarena es la misma que acusa en sus tuits al Gobierno de practicar una política criminal de eutanasia a los mayores. Acusación que sólo podría ser efectiva si los sanitarios, a quienes aplaudimos merecidamente por las tardes, estuvieran conchabados para aceptar instrucciones en ese sentido. Porque ni se puede manipular TVE sin manipuladores que se presten a todos los niveles ni se puede aplicar la eutanasia sin la colaboración activa de nuestros médicos y enfermeras, de los que nunca hemos sabido que hayan recibido instrucciones en ese sentido y que estamos seguros de que las habrían rechazado como gentes honorables que son, si se las hubieran dado. 

La pregunta número 10 de la serie está dirigida como las dos primeras al señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se la plantea Pablo Casado, del Grupo Popular. Su tenor literal es el siguiente: ¿Cómo valora [señor presidente] la gestión del Gobierno de la crisis provocada por el Coronavirus? O sea, quiere que sea el presidente quien califique o descalifique al Gobierno en relación con la manera cómo ha gestionado la crisis. Pero sucede que el Gobierno cuya gestión pide valorar es precisamente su Gobierno. Y debemos prepararnos a que Pedro Sánchez le dé por supuesto una alta valoración. La fórmula de “¿Cómo valora el Gobierno?”, que tanto se reitera en estas sesiones de control parlamentario, es reflejo de una penosa inercia mental porque deja abierta una respuesta de autoelogio. Observemos, en cualquier caso, que la pregunta no tiene un solo gramo de agresividad como si formara parte del cortejo previo al pacto del que se habla. Pero no se descarte que la chispa del encono encienda de nuevo la bronca habitual. 

La serie continúa después con Cayetana Álvarez de Toledo, del Grupo Popular, que se dirige a la ministra de Hacienda para que considere si el Gobierno está ofreciendo información veraz y completa en la crisis. José Ignacio Echániz, del grupo Popular, pretende que la Ministra de Trabajo y Economía Social reconozca que el retraso en la toma de decisiones y en la prevención del coronavirus ha afectado al empleo en España. María Sandra Moneo, del grupo Popular, pide a la ministra de Educación que comparta su pensamiento sobre cuándo se reanudarán las clases presenciales. Y Concepción Gamarra, del grupo Popular, cae sobre el ministro de Sanidad invitándole a poner en duda que el Gobierno esté protegiendo adecuadamente a los españoles de la Covid-19.

De las dos interpelaciones urgentes, una la presenta el grupo de Vox para que el Gobierno explique qué medidas va a adoptar ante la mayor crisis económica en España desde la Guerra Civil; la otra llega de la mano del grupo Popular y reclama que el Gobierno detalle las consecuencias económicas y sociales de las medidas incluidas en los reales decretos-leyes aprobados desde el inicio de esta crisis. El debate de estas interpelaciones puede concluir con la propuesta de alguna moción que sería sometida a votación. A continuación será el debate de convalidación o derogación de Real Decreto-Ley 12/2020 de medidas de protección a las víctimas de la violencia de género que pasará sin las apreturas ni humillaciones de los anteriores. 

Por último, se dará paso a la solicitud de los grupos Socialista y de Unidas Podemos para crear una comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, en el que se contaron 154 muertos. Una solicitud por lo menos desconcertante, habida cuenta de que sucedió el 20 de agosto de 2008, es decir, hace casi doce años. Enseguida veremos. Atentos al tono del que se podrá deducir si se ambienta o desambienta el que empieza a llamarse Pacto de los Montes

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