Ahora que los pensionistas vuelven a la carga, les sugiero que estén muy atentos ante las confusas y preocupantes señales que llegan desde Bruselas. De nuevo los lobbies actuando con alevosía y premeditación. Las élites políticas y financieras occidentales llevan décadas labrando acuerdos tácitos llenos de clausulas implícitas de las que tanto provecho sacan los extractores de rentas. El siguiente pastel que quieren abrir es el de las pensiones. Parece ser que la Comisión Europea renuncia a exigir a los Estados miembros la existencia de pensiones públicas suficientes. A cambio propone complementar/sustituir las pensiones públicas por fondos de capitalización. Como siempre, no saben, no entienden, pero seguro que si los tiros finales van por aquí, la mayoría de los pensionistas serán los nuevos damnificados. Por eso exhorto a los pensionistas de nuestro país que estén ojo avizor.
La Gran Recesión dejó bien a las claras que en realidad el problema de fondo no es la austeridad, ni siquiera la devaluación salarial. El trofeo que persiguen las élites, guiadas por su instinto de clase, es otro, de caza mayor. Se trata de mantener o no el estado de bienestar. Se trata de tener prestaciones sociales o leyes de pobres, de tener un buen sistema laboral o el modelo bangladesí. Se trata de si el sector público tiene o no un papel en la economía. Se trata de pervertir el contrato social, de privatizar, de forrarse. Estamos en una profunda guerra de clases, y si no les paramos a tiempo nuestra sociedad acabará como la de la trilogía de “Los Juegos del Hambre”. Y de nuevo la realidad supera a la ficción.
El reglamento paneuropeo de pensiones individuales
En junio de 2017 la Comisión Europea remitió al Parlamento Europeo una propuesta de reglamento sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). Transcurrido el plazo de estudio y presentación de enmiendas, el lunes 3 de septiembre de este año, la Comisión de Economía del Parlamento Europeo votó el reglamento dejando fuera las distintas enmiendas que solicitaban la retirada íntegra e inmediata del mismo. Pero lo más grave no es eso. De nuevo a la luz de las velas nos la volvieron a meter dobladas. Se tomó la decisión de que el texto en vez de ir al pleno pasase directamente a trílogos (negociaciones entre comisión, consejo y parlamento), para así solo votar el texto íntegro en el pleno cuando exista acuerdo, limitando de esta forma cualquier acción contra dicha propuesta.
Estamos en una profunda guerra de clases y si no les paramos a tiempo nuestra sociedad acabará como la de la trilogía de ‘Los Juegos del Hambre’
El verdadero objetivo del PEPP no es mejorar la protección social, sino alimentar los mercados financieros canalizando hacia ellos más ahorros de los hogares. Uno de los elementos donde la política económica dominante, agrupada bajo el denominado Consenso de Washington, ha centrado su mirada en los últimos años son los sistemas de pensiones públicos de reparto. Están esperando su descomposición para devorarlo. A partir de una serie de problemas reales de financiación, consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, la caída de la productividad, y los cambios en la distribución de la renta, los responsables de las políticas públicas alientan un movimiento en favor de sistemas pre-financiados, total o parcialmente, que incluso lleve a una privatización de parte o de la totalidad del sistema. Curiosamente todos esos problemas son consecuencia de las políticas económicas implementadas por quienes recomiendan ese sistema de capitalización. Remediarlos permitiría solucionar las dificultades actuales de las pensiones públicas bajo el sistema de reparto, sin necesidad de acudir a sistemas financiados y a sus efectos perversos.
Desmontando los argumentos contra el sistema de reparto
En una serie de blogs previos, desmontamos las bases teóricas que están detrás de las opiniones que justifican la adopción obligatoria de esquemas de pensiones completamente financiados, públicos o privados, como sustitutos totales o parciales del actual sistema de reparto, no financiado. Por un lado, la transición desde un sistema público de reparto a otro completamente financiado, público o privado, no tiene un efecto positivo real de dotar a las generaciones futuras de un mayor capital y un producto per cápita más alto. La razón es que la causalidad neoclásica “el ahorro genera inversión” no se cumple. Pero además, la privatización, total o completa, del sistema de pensiones plantea serias dudas relacionadas con el riesgo precio de los activos, es decir, su valoración.
Existe suficiente evidencia empírica que invalida la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros de manera que en un contexto de fuerte sobrevaloración de activos los esquemas de de gestión privada pueden generar pérdidas importantes. Dicho de otra manera, esquemas de sistemas de pensiones completamente privados como los existentes en algunos países, el caso de Chile es el más paradigmático, no solo no supone en realidad una protección real de las rentas futuras a obtener, sino que en determinados episodios de exuberancia irracional, la explosión de una burbuja o inflación de activos financieros como la actual implicaría un empobrecimiento masivo de los pensionistas.
La privatización, total o completa, del sistema de pensiones plantea serias dudas relacionadas con el riesgo precio de los activos, es decir, con su valoración
Pero además del riesgo precio, los sistemas de pensiones completamente privados presentan una serie de riesgos adicionales ignorados completamente. En primer lugar, el riesgo de variabilidad del inversor individual. Muchos inversores invierten e invertirán mal y corren el riesgo de obtener unos muy bajos rendimientos o pérdidas. En este caso, la carga final podría recaer sobre el erario público, si finalmente se pone en marcha una red de seguridad de pensiones con apoyo público. Nuevo ejemplo de riesgo moral. Muchos contribuyentes podrían invertir de una manera excesivamente arriesgada sabiendo que existe una red de seguridad.
Existen otros problemas adicionales como los costes administrativos de los esquemas de sistemas de pensiones de capitalización, muchísimo más alto. Además, los sistemas de pensiones basados en esquemas totalmente privatizados no proporcionan una serie de beneficios que son parte del sistema de Seguridad Social existente. Estos incluyen prestaciones de invalidez por accidente laboral y beneficios para el cónyuge y los hijos a cargo en caso de muerte accidental. Finalmente, los sistemas privados carecen de la dimensión progresiva redistributiva de los sistemas de reparto. En los sistemas de reparto se asegura que incluso en el caso de que el flujo de ingresos derivados de la actividad de un trabajador se interrumpa, los trabajadores aún así podrían terminar con una pensión de jubilación razonable.
Por todo ello, lo dicho, pensionistas de España, ¡ojo avizor con Bruselas!
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