La Comisión del Pacto de Toledo está cerca del acuerdo para revalorizar las pensiones con la inflación. Si se asegura la sostenibilidad del sistema de pensiones con las medidas compensatorias adecuadas es una medida razonable, justa y eficiente. Como cualquier seguro, las pensiones deben asegurar a quienes las reciben un horizonte sin incertidumbres y la inflación es una de ellas. Pero para ello este seguro debe diseñarse de manera eficiente y equitativa, sin poner en riesgo la sostenibilidad futura del propio sistema de pensiones.
La reforma del sistema público de pensiones de 2013 introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones, que permite que las pensiones crezcan igual que la inflación siempre que el sistema esté en equilibrio a lo largo del ciclo económico, aumentando los ingresos o reduciendo el gasto (por ejemplo, mediante el aumento de la edad de jubilación o la disminución de la tasa de reemplazo de la pensión inicial). Por eso la reforma era integral y neutral: permitía cualquier opción sin poner en riesgo la sostenibilidad presente o futura del sistema.
A falta de conocer los detalles, con la información que se ha dado a conocer hasta ahora, no puede decirse lo mismo de la propuesta que se está debatiendo actualmente. ¿Quién y cómo se va a pagar el coste de revalorizar las pensiones con la inflación sin tener en cuenta la restricción presupuestaria? ¿Se está extendiendo un cheque sin fondos y aceptando un compromiso que, llegado el caso, podría no mantenerse en el futuro?
El sistema público de pensiones presenta un déficit persistente desde 2011, que en 2017 supuso casi 19 mil millones de euros. Una cifra equivalente a unos mil euros anuales por afiliado a la Seguridad Social y unos dos mil euros por pensión. Las previsiones a medio plazo apuntan a que, incluso en un escenario de fuerte creación de empleo, el déficit no desaparecerá en los próximos años, antes de que empiecen a jubilarse las generaciones pertenecientes al baby boom. De cumplirse las proyecciones de la Comisión Europea (2018), el déficit actual aumentará desde el 1,6% al 6,3% del PIB en 2050, salvo que se actúe con una estrategia integral de largo plazo.
¿Cuáles son las opciones para evitar este desequilibrio entre ingresos y gastos? Una posibilidad es mantener la edad de jubilación y la tasa de reemplazo actual (78,7% en 2016 en España frente al 46,3% de la UE), y aumentar los ingresos del sistema lo que sea necesario para asegurar que las pensiones se revalorizan con la inflación. Con esta alternativa se traspasa todo el riesgo económico y demográfico a los contribuyentes, aumentando la presión fiscal progresivamente desde 1,6 pp del PIB en el presente hasta 6,3 pp adicionales en las próximas tres décadas. Para hacernos una idea de lo que esto supone, los ingresos por cotizaciones sociales de jubilación tendrían que aumentar desde el 10,1% del PIB actual hasta el 16,4% (un aumento equivalente a unos cuatro mil euros anuales por afiliado). Este aumento de los impuestos tendría efectos distorsionadores que provocarían una caída superior a los 6 puntos porcentuales del PIB y del empleo. Con la evidencia empírica disponible, es muy difícil justificar que una mayor redistribución intergeneracional de la renta a la ya existente dé lugar a un aumento de la demanda agregada que pueda llegar compensar estos efectos distorsionadores de la mayor presión fiscal. Al final las pensiones terminarían siendo más bajas, a pesar de mantener su tasa de reemplazo sobre salarios que serían inferiores a los que existentes en ausencia de este aumento de impuestos.
Al traspasar todo el riesgo demográfico y económico a los contribuyentes se aumentaría aún más el ya elevado desequilibrio intergeneracional, uno de los mayores en la UE. La pensión media sobre salario medio en 2016 era la tercera más alta de la UE, 19 puntos porcentuales por encima de la media. En la actualidad el valor presente de las pensiones a percibir en el momento de iniciar la jubilación ya excede con mucho el de las contribuciones realizadas a lo largo de toda la carrera laboral. No puede descartarse que los aumentos de la presión impositiva, como ya pasó en Grecia o Portugal, hagan que la sociedad española alcance su límite fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Opción más razonable
La opción más razonable consiste en mantener la presión fiscal y la revalorización de las pensiones con la inflación, reduciendo gradualmente el crecimiento del número de pensiones (aumentando la edad efectiva de jubilación con la esperanza de vida) y el efecto sustitución (mediante tasas de reemplazo menores que probablemente converjan a la media de la UE). Este es el camino elegido por países como Suecia, que han implantado un sistema de reparto basado en cuentas nocionales o individuales. El sistema sigue siendo público, de reparto y progresivo, mejorando su contributividad y transparencia. Es más sencillo y fácil de entender, y ayuda a percibir las cotizaciones como un ahorro y no como un impuesto. Además incentiva el crecimiento del empleo y de la productividad, y la prolongación de la vida laboral, al permitir que la tasa de reemplazo aumente con la edad (flexible) de jubilación. Todo ello facilita alcanzar pensiones medias con mayor capacidad adquisitiva, aunque la tasa de reemplazo sea inferior. La disminución gradual de esta tasa de reemplazo hasta equilibrar el sistema sería la prima que hay que pagar para adquirir un seguro con el que la pensión mantiene su poder adquisitivo una vez iniciada la jubilación, evitando que el sistema incurra en riesgos de sostenibilidad.
De manera complementaria al sistema contributivo, las pensiones mínimas deben garantizar un mínimo vital, que elimine el riesgo de exclusión, y deben aumentar conforme lo haga la renta per cápita. Este pilar de solidaridad debe financiarse con impuestos generales y detallarse con total transparencia, de manera que se ponga en valor el esfuerzo que hace la sociedad con aquellos que reciben estas pensiones.
España ha sido una anomalía internacional por sus elevadas tasas de paro estructural y temporalidad. Hay que evitar a toda costa que su sistema de pensiones también lo sea, para no poner en peligro un pilar fundamental del Estado de bienestar. En una Unión Europea con movilidad de factores productivos, un sistema de pensiones que imponga una carga excesiva sobre la población activa puede impedir que se capte y retenga el capital humano, tecnológico y productivo. Su diseño debe contribuir a crear empleo, a aumentar salarios en línea con las mejoras de la productividad, y a alcanzar una redistribución intergeneracional equitativa. En definitiva, una sociedad más próspera. Esta es la mejor estrategia para asegurar la sostenibilidad y suficiencia con pensiones crecientes, sin que ello sea una carga adicional para las generaciones más jóvenes.
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