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Opinión

Pedro Sánchez, las televisiones y el negocio de toda la vida

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados

Digamos que España es un país en el que los milagros no tienen origen sobrenatural, sino que surgen sobre el terreno, especialmente si está engalanado con moqueta palaciega. Existe unos cuantos mandarines en este lugar del mundo que tienen una sorprendente capacidad para beneficiarse de los prodigios, pues basta que eleven la vista hacia el cielo y rueguen por su alma para que reciban todo tipo de parabienes. Así se ha construido el 'capitalismo de amiguetes' hispánico, que durante las bonanzas cuesta apreciar entre el denso humo de la presunta grandilocuencia, pero que recibe luz directa e intensa en los momentos de dificultad.

Sobra decir que el negocio de la televisión privada ha sido agraciado con unos cuantos milagros, pues en las capillas que se ubican en sus dependencias hay algunas personas que saben muy bien a qué santos deben rezar para que atiendan a sus plegarias. El Boletin Oficial del Estado publicaba este miércoles la decisión del Gobierno de ayudar a estas empresas con 15 millones de euros, con la excusa de sufragar una parte de los costes que les supone llevar la señal de sus canales a las zonas de España que tienen escaso interés comercial, pero donde sus habitantes también ven 'la tele'.

Esta partida presupuestaria no surgió por iniciativa del Ejecutivo, sino que estuvo precedida por una petición de UTECA, una asociación que está liderada por Atresmedia; y de la que forman parte Unidad Editorial, Vocento, Kiss Media (Blas Herrero), el Grupo Secuoya, el Real Madrid y COPE (13TV). Hay papeles que amarillean en los anaqueles de los ministerios, donde se almacenan durante un tiempo indefinido. Sin embargo, en este caso se decidió tramitar la petición por la vía urgente, pues 15 días después de que las televisiones la formulara, estaba publicada en el BOE.

Conviene no ocultar que el sector de los medios de comunicación vive días difíciles, pues sus ingresos han caído tras el repliegue de los anunciantes y eso provocará más de un drama entre accionistas e informadores. Sin embargo, su tragedia no es mayor que el de otras actividades económicas. Lo que ocurre es que su capacidad para ayudar a apuntalar la 'verdad oficial' es mucho más elevada, de ahí la prisa del Ejecutivo por conceder esta línea de ayudas.

El estercolero son los otros

Hablaba uno de los periodistas más afines al Gobierno este miércoles de “estercoleros” de desinformación -L'enfer, c'est les Autres- y reclamaba “decencia” a la hora de informar del coronavirus. Lo hacia pocos días después de iniciar su programa entre insultos a Alemania y Países Bajos. Curiosamente, pocas horas antes, desde Ferraz se habían ocupado muy mucho de difundir entre los afines argumentos contra los gobiernos de estos países, que, evidentemente, no sólo llegaron a su cadena de televisión.

No hay que ser un lince para deducir que en su informativo se ha hecho mucho más hincapié en la supuesta insolidaridad -que no es tal- de los países centroeuropeos -los que algún tertuliano llama del norte- que en los argumentos que han esgrimido para negar la barra libre de deuda. Pero no es ningún secreto a estas alturas que una gran parte de los medios de comunicación ha exhibido una flagrante ceguera selectiva ante los sucesos que han acaecido en España durante las últimas semanas. Los más mal pensados podrían llegar a pensar que esta miopía se debe a la promesa de dinero público por parte de quienes más interés tienen en imponer la propaganda gubernamental. Es decir, Moncloa. Pero líbrenos Señor, Dios nuestro, de teorizar sobre las malas intenciones de los demás.

No deja de resultar llamativo, en cualquier caso, que quienes reclaman decencia para los demás no eleven la misma petición en sus empresas, que fueron las que presionaron a un gobierno para que eliminara los anuncios de RTVE, lo que permitió que los asociados de UTECA se repartieran los ingresos publicitarios que hasta entonces acaparaba 'el ente' y dejó a la televisión estatal cautiva -como siempre- y desarmada.

Algunos periodistas de estas televisiones se erigen generalmente como grandes defensores de los servicios públicos, cuando los ejecutivos de sus empresas han maniobrado durante los últimos años para destrozar uno de ellos: el audiovisual. El Gobierno que cedió entonces ante esas presiones estaba liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, si bien la gran interlocutora fue María Teresa Fernández de la Vega, a quien se dispensa un trato de excepción en estos medios.

Reparto de licencias al buen tuntún

Los divos televisivos que apelan a la 'decencia' también podrían recordar la decisión del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, que aseguró la fusión de Antena 3 y La Sexta con una decisión que ninguneó a la autoridad de Competencia. Por cierto, en algún canal aparece estos días como gurú económico Miguel Sebastián, quien era ministro de Industria cuando, en 2010, el Gobierno concedió licencias de emisión a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo (Unidad Editorial) y Net (Vocento). Como el proceso se realizó sin concurso público mediante, el Tribunal Supremo cerró nueve de esos canales. En cualquier caso, conviene recordar que, entonces, el país estaba en crisis y el Ejecutivo quiso rascar la barriga a las televisiones. La historia, desde luego, es cíclica.

Los 15 millones de euros que ha concedido el gabinete de Pedro Sánchez a la TDT podrían definirse como el enésimo salvavidas que un gobierno ha lanzado a estos influyentes medios de comunicación en un momento de dificultad, en el que conviene apuntalar la verdad oficial y airear la propaganda, mientras se minimizan los evidentes fallos del Gobierno en la -compleja- gestión de esta crisis. Así, será más difícil que los ciudadanos se pregunten el porqué el estado de alarma se ha endurecido ahora, y no hace dos semanas; el porqué se ha actuado con tan poca diligencia a la hora de adquirir material sanitario; el porqué el Consejo de Ministros se ha demorado tanto a la hora de adoptar algunas decisiones; o el porqué, cada mañana, los españoles tienen que recibir 'el parte' de multas y detenciones por parte de un uniformado, en una performance castrense y amedrentadora que supone, como poco, una falta de respeto hacia ellos, que viven confinados en sus casas desde hace más de 15 días, recibiendo en muchos casos, malas noticias sobre desgracias personales.

Se han mostrado más controles de carretera que imágenes de ataúdes durante estos días. Desde luego, los medios de comunicación españoles hemos vuelto a quedar retratados durante esta crisis, en especial, las televisiones que alardean de hacer el periodismo más necesario. Pedirá Pedro Sánchez a los ciudadanos que beban de fuentes fiables y no se dejen llevar por el morbo que generan los bulos, pero habría que preguntarse qué es más nocivo: si que los usuarios de Facebook o WhatsApp reciban una mentira conspiranoica o que sintonicen programas que se empeñan en transmitir -a cambio de favores- la patética verdad oficial que prevalece en estos días negros de la historia de España. Los de enfermedad, muerte y mentira. Todo, en elevadas dosis.

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