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Rubén Arranz

Opinión

Pedro Sánchez quiere una prensa 'a la catalana'

Pedro Sánchez en el South Summit
Pedro Sánchez en el South Summit EFE

En los tiempos que corren, resulta complicado disociar algunas formas de transgresión de la pura payasada. Hay una 'asamblea' de artistas en la comarca gerundense de La Garrocha que tuvo hace unos días la genial iniciativa de situar un altavoz bajo las alcantarillas de la localidad gerundense de Olot que emitía, entre otros, el discurso del Rey del 3 de diciembre de 2017, que hirió especialmente el orgullo de los separatistas, en cuanto a que no les dedicó ningún guiño. La 'fiebre amarilla' se propagó en Cataluña prácticamente sin oposición mediática y ahora se encuentra casi en cada esquina. Su antídoto era la crítica, pero, como normalmente no suele ser del gusto del pagador, la prensa miró hacia otro lado para que no se cortara el chorro de dinero público que recibía, puntualmente, cada año. 

El fenómeno ni es nuevo ni es exclusivo de esta región, puesto que son diversos los ejemplos en los que los medios se han emborrachado con el licor del oficialismo y han terminado la noche cantando las alabanzas, casi al unísono, de un grupo de papanatas. Para que una parte de la sociedad preste su apoyo a un personaje que escribió que "todo lo que ha sido tocado por los españoles ha derivado en discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo" (Quim Torra) hace falta haber recorrido varios kilómetros del camino hacia el precipicio, previo acallamiento de las voces mediáticas discordantes. Así ha ocurrido en Cataluña.

Para conseguir esto último, no han hecho falta especiales coacciones, sino una fuerte inversión pagada por la Hacienda pública. La suficiente como para confundir al recibidor o provocar que se hiciera el confundido. Quizá su esposa no quiera pasar una noche con el Robert Redford de Una proposición indecente por 300 euros, pero quizá por 1 millón le deje a usted solo y lloriqueando en su cama.

En las últimas semanas, ha causado cierta sorpresa en Madrid el hecho de que La Vanguardia haya lanzado varios capotes al Gobierno de Pedro Sánchez (ver la portada y el editorial del pasado 14 de septiembre). Un directivo de medios en Cataluña afirmaba que la decisión no le extrañaba ni lo más mínimo: Godó ha sido tradicionalmente oficialista, aunque eso haya implicado poner una vela a Dios y otra al diablo. Digamos que en los años de gestación proceso soberanista, sus medios de comunicación no fueron especialmente críticos con la peligrosa deriva independentista. La pela es la pela.

La mejor arma que empuñó la Generalitat para controlar a la prensa fue el dinero público, entregado en decenas de millones a través de publicidad institucional -como otras Administraciones- y de ayudas a la edición de los medios en catalán. Eso hizo que una inmensa mayoría de las cabeceras, radios y televisiones hicieran la vista gorda cuando Artur Mas decidió dar la vuelta a la tortilla para salvar su pellejo y centrar su discurso en la idea de que España le negaba el agua, el pan y la sal a los catalanes. Mientras eso ocurría, el Govern auspiciaba la creación de decenas de nuevos medios independentistas -acríticos- y financiaba proyectos tan cuestionables como el que permitió a La Vanguardia ampliar su planta de impresión con 5 millones de euros. Pólvora del rey.

Miedo en las alturas

El problema es que imponer el oficialismo cada vez resulta más difícil, dado que la globalización ha provocado un importante desgaste de las tradicionales estructuras de poder y ha propiciado la suma al debate público de muchos millones de personas. Con sus pros y sus contras. Fenómenos como el brexit no fueron una advertencia, sino la constatación de este profundo cambio, que se venía gestando desde hace varios años y que ha provocado que los Estados tengan cada vez más difícil ejercer su tradicional control paternalista sobre la libertad de expresión. Algo, evidentemente, que también ha sido aprovechado por los oportunistas para tratar de tocar poder.

Fenómenos como el brexit no fueron una advertencia, sino la constatación de este profundo cambio, que se venía gestando desde hace varios años y que ha provocado que los Estados tengan cada vez más difícil ejercer su tradicional control paternalista sobre la libertad de expresión

La interpretación que los gobiernos han realizado de esta realidad ha sido interesada y torticera. Lo demostró la vicepresidenta Carmen Calvo hace unos días, cuando habló de la necesidad de legislar sobre la libertad de expresión ante la amenaza que supone la proliferación de los bulos en internet para las democracias occidentales. La Comisión Europea rechazó hace unos meses esta idea, pero Calvo se encontraba en mitad de una pataleta, con la ministra Dolores Delgado asediada por la cloaca, Pedro Duque por el tema de su sociedad instrumental y el doctor-presidente Pedro Sánchez, por el embarazoso asunto de su tesis. Entretanto, Moncloa había comenzado a lanzar mensajes que aludían a una supuesta campaña contra el Ejecutivo. Al poder nunca le ha gustado que señalen sus errores, sus excesos y sus sombras. En ese punto, suele terminar su respeto por ‘el contrapoder’.

Basta con observar el intolerable control que los partidos españoles han ejercido tradicionalmente sobre los medios públicos para cerciorarse del respeto que guardan por la libertad de información. El último episodio en este sentido se registró el pasado verano, cuando el Ejecutivo impulsó un cambio por la vía rápida en la presidencia de RTVE para arrebatarle el control al PP de esta radio-televisión. Los nombramientos, los ceses, las indemnizaciones, los juicios laborales perdidos y los contratos con productoras 'amigas' los paga el contribuyente. Con el dinero que, según dijo Carmen Calvo, no es de nadie.

Una enmienda cuestionable

Mientras el Gobierno incumple su promesa de derogar los artículos más discrecionales de la Ley Mordaza, el Grupo Socialista ha intentado ‘colar’ una enmienda dentro del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (la número 311) que imponía la obligación a las empresas de Internet de "eliminar (previa queja o aviso) contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, según han denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y la Federación de Sindicatos de Periodistas, que han tenido acceso a la propuesta.

Esta propuesta es todo un atropello que, en la práctica, permitiría dejar el derecho de rectificación en manos de las grandes compañías tecnológicas de internet. Las mismas que aplican el denominado ‘derecho al olvido’ con más levedad de la admisible para evitar posibles multas, según denuncian fuentes de la PDLI. A tenor de este precedente, no hay que ser un lince para saber que el objetivo de esta enmienda es que los poderes puedan controlar de una mayor forma –y más sencilla- lo que se publica en internet.

El derecho a la rectificación está recogido en una ley orgánica de 1984 y pueden acogerse al mismo todas las personas “naturales o jurídicas” a las que les afecten informaciones inexactas, falsas o perjuiciosas. Sin embargo, parece que el Grupo Socialista quiere aprovechar la manga ancha demostrada por las empresas tecnológicas con el derecho al olvido para borrar de internet el rastro de las noticias que le perjudiquen.

No digo que no haya indeseables en la prensa. Sólo que tratar de cercenar su libertad es indeseable

La situación es preocupante, dado que detrás de campañas como la que promete luchar contra las fake news dentro y fuera de los períodos electorales; o las que impulsan nuevos derechos en internet lo que realmente existe es una voluntad del establishment por poner coto a la libertad de expresión. A lo ‘inapropiado’.  No digo que no haya indeseables en la prensa. Sólo que tratar de cercenar su libertad es indeseable.

Los líderes del procés invirtieron grandes cantidades de dinero para lograrlo. Lo más selecto del Ibex 35 inventó una operación de salvamento para el Grupo Prisa que ha hecho muy difícil encontrar cualquier crítica a estas compañías por parte de sus medios de comunicación. Estas últimas maniobras y declaraciones de intenciones por parte del Ejecutivo (y del anterior, el que aprobó la Ley Mordaza), parecen preludiar un fuerte ataque a la libertad de información por parte del Ejecutivo y el legislativo. Si tienen éxito, nos aproximaremos hacia la verdad única. Algo lamentable, a todas luces.



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