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Que hayan sido dos tuiteros, @troqueliano y @_Nikator_, quienes hayan destapado el intento de Puigdemont y sus asesores de falsear las palabras del juez Llarena, refiere, una vez más, el crónico desistimiento del Estado respecto a las asechanzas del independentismo. En este caso, además, se da el agravante de que desde el 5 de junio, fecha en la que se presentó la demanda, se sabía que ésta se fundamentaba en unas declaraciones que el magistrado había efectuado en Oviedo el 22 de febrero. Tan sólo había que aguardar a que se divulgara la traducción de esas declaraciones (no más de 100 palabras) para detectar el “et oui c’est ce qui s’est produit”. Vamos, que no había que ser precisamente un cerdo trufero.

Troquel y Nikator no son los únicos espontáneos que han suplido el absentismo de la Administración. El informático granadino Pablo Haro, militante de C’s, recopiló en mayo 440 artículos del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y los difundió en internet a través de Google Drive. Su ingente labor dio a conocer el sustrato xenófobo de la ideología del sustituto de Puigdemont y, de paso, evitó que el blanqueamiento de su figura, al que el Govern ya se había aplicado en las redes sociales, alcanzara a las hemerotecas.

Es la grácil, proverbial e higiénica equidistancia del Gobierno la responsable última del atolladero en el que nos encontramos

Asimismo, y a raíz de que los Mossos d’Esquadra (cumpliendo órdenes expresas de Torra) empezaran a identificar a los ciudadanos que retiran lazos amarillos de calles y plazas, otro particular, el abogado barcelonés José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, interpuso la denuncia que resultó en la apertura de diligencias contra dicho cuerpo policial.

Esas brigadas de descontaminación, por cierto, también deben su existencia a la que, sin duda, es la más flagrante de las desatenciones en que incurre el Gobierno central para con los derechos de los catalanes. No en vano, son el Ejecutivo y el Ministerio Público quienes habrían de impedir, con radical determinación, la apropiación simbólica del espacio público por parte del nacionalismo. En lugar de ello, dan en situar en pie de igualdad a independentistas y constitucionalistas, refocilándose una vez más en la grácil, proverbial e higiénica equidistancia, responsable última del atolladero en el que nos encontramos.