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Negligencia y populismo

Descrédito imparable de la Justicia, seguidismo populista y temor a perder peso electoral. A eso es a lo que estamos asistiendo

Imagen de la fachada del Tribunal Supremo.
Imagen de la fachada del Tribunal Supremo. EFE

Empecemos por las consecuencias: el daño reputacional es enorme; el prestigio, no ya del Tribunal Supremo, sino de la Justicia española en su conjunto, queda seriamente dañado; la independencia de la cúpula judicial, en entredicho; y, en el período preelectoral en el que nos encontramos, el populismo barato de ciertos partidos y asociaciones satélites se frota las manos.

Falacias y manipulaciones de los hechos al margen, la realidad es que el pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha optado por la que, en buena lógica, era la única decisión sensata desde un planteamiento estrictamente jurídico: la de, respetando su propia doctrina -asentada a lo largo de 20 años de resoluciones judiciales-, corregir la decisión tomada el 16 de octubre, rechazando así anular una legislación que lleva aplicándose más de dos décadas; y, paralelamente, diluyendo el riesgo de ruptura arbitraria de la seguridad jurídica, aspecto este de capital importancia en términos de país.

Es perfectamente comprensible que la ajustada decisión del pleno de la Sala de lo Contencioso, 15 contra 13, haya caído como un jarro de agua fría en muchos hogares españoles con hipotecas vivas. Pero lo que resulta extraordinariamente clarificador es que los aparentemente más decepcionados por la decisión del Supremo hayan sido los despachos de abogados especializados en demandas colectivas y la izquierda de Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Pero no solo.

El espectáculo del Supremo deja un rastro de negligencia y parcialidad que va a ser muy difícil de borrar

La necesidad de recuperar el terreno perdido en las encuestas, o la de no retroceder en ellas, parece ser el factor esencial de los líderes políticos a la hora de fijar posición. Si era previsible la reacción de partidos como Podemos e Izquierda Unida, no lo era tanto la patética posición de un centro-derecha que en este asunto parece haberse puesto de perfil y alimenta, por deserción argumental, la imagen de una Justicia parcial, entregada a los intereses de la banca, de una Justicia que favorece a los ricos y castiga a los pobres.

Casi nadie ha puesto de manifiesto que en la actual situación de desaceleración económica, una sentencia contraria a la norma hasta ahora aplicada -y que, como muchos pedían, incorporara la retroactividad de la medida- habría tenido sin duda consecuencias negativas en nuestra economía y en las decisiones vinculadas a la inversión extranjera; muy pocos se han atrevido a señalar el impacto de tal decisión en las ajustadas cuentas de las Comunidades Autónomas; tampoco apenas nadie ha levantado la voz para aclarar que la primera decisión de la Sala de lo Contencioso aligeraba la deuda de los clientes de los bancos, pero castigaba el bolsillo de los contribuyentes.

Seguidismo populista y temor a perder peso electoral. A eso es a lo que estamos asistiendo. ¿Y el Gobierno? Más de lo mismo, aunque es de esperar que, además de activar posibles iniciativas legislativas aún imprecisas, ejerza la función de equilibrio y contrapeso que le corresponde en casos como este, promoviendo la pedagogía necesaria para que los eslóganes falsos y las medias verdades no acaben consolidándose en la opinión pública y den así pábulo a los enemigos del Estado y de la democracia.

Cierto que el espectáculo del Supremo fijando un criterio en febrero, a través de su Sala de lo Civil, y otro completamente opuesto en octubre, desde una sección de la Sala de lo Contencioso, para luego, tras las grandes expectativas generadas en la sociedad y la reacción escandalizada de la banca, retornar de nuevo a febrero, deja un rastro de negligencia y parcialidad, como ya señaló este periódico en su editorial de 23 de octubre (Suprema gravedad), que va a ser difícil de borrar.

“Entre otras razones -decíamos entonces- porque los principales adversarios del actual modelo de democracia constitucional, desde los secesionistas catalanes a los más conspicuos defensores del populismo, a derecha e izquierda, se van a encargar de recordarnos a diario la enorme chapuza perpetrada por quienes en mayor medida deben preservar la certidumbre y la solvencia del sistema”.

La decreciente credibilidad de nuestro sistema judicial es hoy uno de los principales problemas del Estado, y como tal ha de ser tratado

Cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia del Supremo podremos analizar más a fondo las razones de unos y de otros para defender sus respectivas posiciones. Mientras tanto, lo urgente es diseñar cuanto antes una estrategia de recuperación de la imagen de la Justicia española, muy tocada por los últimos acontecimientos, felicidad de Otegi incluida. Y más aún tras constatar los inconcebibles errores de gestión y la profunda herida abierta en el alto Tribunal.

Es responsabilidad de todas las formaciones políticas, y principalmente del Gobierno de la Nación, afrontar una verdadera reforma de la Justicia que no solo atienda a las necesidades de modernización, sino también, y ante todo, a los principios constitucionales y normas legales que garanticen, sin asomo de duda, su independencia. La decreciente credibilidad de nuestro sistema judicial es hoy uno de los principales problemas del Estado, y como tal ha de ser tratado.

Para ello, y de cara a facilitar el imprescindible consenso de los partidos constitucionalistas, el Gobierno ha de tomar la iniciativa alejándose de toda tentación partidista. Promover la renovación de la cúpula judicial sobre la base de los méritos de sus componentes, y no a partir del nefasto sistema de cuotas, sería un primer paso que dotaría al proceso de la necesaria credibilidad. Claro que, antes de eso, Pedro Sánchez debe situar este objetivo en el primer escalón de sus prioridades, y asumir que, desgraciadamente, su ministra de Justicia no está capacitada para liderar este imprescindible proceso.



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