A unos pocos meses de cerrar la presente década, si uno hace balance sobre lo que más ha impactado a los consumidores desde un punto de vista global en estos últimos diez años posiblemente la respuesta sea el uso de la tecnología y, en particular, la interconexión de millones de usuarios a través del mundo online.
Un mundo que permite a los consumidores comunicarse en tiempo real, independientemente del lugar donde se encuentren, siempre y cuando haya una conexión a internet. Un universo que ha situado a la tecnología como la protagonista disruptiva en muchos sectores: el transporte, la distribución, los servicios financieros, el juego, el turismo, la vivienda, los medios, los contenidos audiovisuales, etcétera, y que ha propiciado que las administraciones públicas impulsen el desarrollo de la economía digital.
Dicha disrupción ha transformado nuestros hábitos de consumo e, implícitamente, ha guiado determinados cambios legislativos para preservar, al menos en Europa, los niveles adecuados de protección al consumidor, facilitando una transición justa entre las nuevas maneras de consumir y las ya existentes. Sin duda, este propósito ha centrado una buena parte de mis esfuerzos en la última década, desde mi representación de los consumidores en el Comité Económico y Social Europeo.
El objetivo debe ser impulsar los medios de pago que mejoren la seguridad del consumidor y contribuyan a neutralizar la lacra de la economía sumergida
A día de hoy, la tecnología permite que este mundo online se transforme a golpe de click en un consumo físico, resultando los pagos electrónicos el instrumento facilitador. Sin duda, los desarrollos tecnológicos en los medios de pago han aportado múltiples ventajas y también han contribuido a potenciar un consumo más consciente, pero cabe preguntarnos si la regulación siempre se ha arbitrado desde la óptica del consumidor, atendiendo a sus intereses.
Si nos fijamos en los últimos datos publicados en 2017 por el Banco Mundial sobre inclusión financiera, en España se alcanza al 98% de la población, ocupando el segundo puesto entre los países de la zona del euro, por detrás de Alemania y por encima de Francia e Italia.
Sin embargo, y a pesar de las cifras positivas del Banco Mundial, según un estudio del Banco Central Europeo (BCE) de ese mismo año, el 87% de las transacciones comerciales realizadas en España fueron en efectivo. De acuerdo a este estudio, España es el cuarto país de la UE en el uso de efectivo, superado sólo por Malta (92%), Grecia (88%) y Chipre (88%). Pero es que en cuanto a aceptación se refiere, sólo el 66% de los puntos de venta en España aceptan pagos electrónicos, situándose por debajo de la media de la UE. En este sentido, cabe destacar que la mayoría de estudios sobre economía sumergida en España la cifran entre el 18% y el 24% del PIB.
Transparencia y costes financieros
Allá por 2014, España decidió anticipar un reglamento europeo dirigido a regular las tasas de intercambio, de manera que los bancos bajaran las tasas de descuento a los comerciantes (las comisiones que estos pagan a la hora de aceptar tarjetas de pago) para que a su vez éstos trasladaran los ahorros a los consumidores. Entre los principales argumentos para justificar la aplicación de dicha medida, se encontraba la mejora de la transparencia y la reducción de costes financieros tanto para los comerciantes como para los consumidores, lo que finalmente redundaría en el aumento de los pagos electrónicos.
Pues bien, a tenor de los resultados del estudio del BCE, publicado tres años después de la aprobación de dicha legislación, y pese a gozar de un excelente nivel de inclusión financiera en la zona del euro, vemos que en nuestro país sigue predominando el uso de efectivo, no estamos avanzando como cabría esperar en el empleo de medios de pago electrónicos, transparentes y plenamente trazables.
España suspende en competencias digitales -según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Comisión Europea-, situándose por debajo de la media de la UE
Mientras tanto, no hallamos evidencias claras que prueben si se han trasladado -en todo o en parte- dichas bajadas a los consumidores. Desafortunadamente, sí hemos venido apreciando una tendencia preocupante: los bancos han subido en estos últimos años las comisiones asociadas al mantenimiento de las cuentas bancarias, tarjetas, retirada de efectivo, o en los propios intereses aplicados a las tarjetas de crédito.
Y todo ello sucede en un intenso periodo de digitalización del consumo, en el que España suspende en competencias digitales -de acuerdo al Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) publicado por la Comisión Europea-, situándose por debajo de la media europea. La población de mayor edad y con niveles inferiores de estudios resulta ser la más afectada, la más vulnerable ante este fenómeno.
En definitiva, pese a los desarrollos tecnológicos y la confluencia de nuevos canales e iniciativas empresariales, en España nos encontramos en niveles inferiores en el uso y aceptación de los medios de pago electrónicos. Si desde la Administración se pretende impulsar racionalmente la economía digital, es fundamental reforzar la legislación desde una óptica efectiva de protección del consumidor y, desde ese extremo, conectar la educación financiera con el uso de aquellos medios de pago que mejor contribuyan a la seguridad del consumidor y cuenten con el efecto adicional de neutralizar la lacra de la economía sumergida, responsable de cuantiosas mermas en la recaudación tributaria.
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