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Jesús Rul

Opinión

Legalidad y legitimidad del Gobierno Sánchez

La forma de proceder del presidente Sánchez contradice su compromiso inicial e impone por la fuerza de los hechos un programa político no aprobado por los electores

Pedro Sánchez durante la moción de censura a Mariano Rajoy.
Pedro Sánchez durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Gtres

La moción de censura es un procedimiento de remoción de un gobierno y sustitución por otro mediante mayoría absoluta del Congreso de Diputados, regulado por el artículo 113 y 114.2 de la CE y los artículos del 175 al 179 del Reglamento del Congreso.

La moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno del PP obtuvo el día 1 de junio de 2018  la mayoría absoluta  de la Cámara con los votos del PSOE, Unidos-Podemos, ERC, PDeCATPNV y otros. En total 180 votos a favor de 11 grupos políticos distintos, 9 de los cuales con un porcentaje de votos inferior al 4%. La motivación explicita aducida fue la sentencia judicial del caso Gürtel que relacionaba al PP con la corrupción  y que el testimonio del presidente Rajoy en la vista oral del juicio no había sido  veraz. 

Hasta aquí tenemos la aprobación por el Congreso de los Diputados  de una moción de censura contra el gobierno del PP, que cuenta con 137 escaños (33,01%), y la formación de un gobierno monocolor del PSOE, con sólo 84 diputados (22,63%), obtenidos en las elecciones de 2016, con el compromiso expreso de convocar elecciones generales “cuanto antes”.  

El nuevo gobierno, una vez constituido, lejos de hacer una política de gestión y preparar elecciones generales adoptó una estrategia  de poder como si hubiera ganado las elecciones dándose de plazo máximo lo que queda de legislatura hasta  2020.  Esta forma de proceder del presidente Sánchez contradice su compromiso inicial, e impone por la fuerza de los hechos un programa político no aprobado por los electores.  En concreto se están ejecutando o se pretenden llevar a cabo políticas propias de un programa electoral, pero sin elecciones libres: cambios en la política migratoria y de ciudadanía, designación partidista de altos cargos, dominio de los medios públicos de comunicación, gestos y cesiones a los nacionalistas fragmentarios que votaron a favor de la censura, decisiones  económicas  que afectan al cuadro macroeconómico, y sectoriales de signo electoralista y clientelar, etcétera.  

En las elecciones de 2016 las propuestas políticas del PSOE no obtuvieron el apoyo de los españoles, contando incluso con un apoyo inferior que en anteriores comicios

Los electores españoles no han elegido estas políticas a través del proceso democrático electoral. En las elecciones de 2016 las propuestas políticas del PSOE no obtuvieron el apoyo de los españoles, contando incluso con un apoyo inferior que en anteriores comicios.

Estos hechos son los que suscitan serios interrogantes sobre la legitimidad política y ética del actual gobierno. Puede afirmarse que el gobierno Sánchez legitima su poder en base al criterio de legalidad, que se corresponde con la legitimación “legal-racional” propuesta por M. Weber  en el sentido romano de legitimitas: “Lo legal es legítimo”. No obstante, esta forma de legitimidad sólo expresa  el umbral mínimo del sistema de legitimación en el marco de la cultura democrática cuyo núcleo central es la justificación del poder político, esto es, la desigualdad que produce el poder, y mucho más la dominación, de unos hombres sobre otros al ser  capaces de transformar su voluntad (interés) en derecho  (normas). Las prerrogativas del poder y su capacidad de acción en la sombra decantan la relación entre gobernantes y gobernados a favor de los primeros, incluso en las democracias, por lo que es importante acreditar un alto grado de legitimidad  más allá de la normatividad en función de criterios políticos, morales y éticos.

La legitimidad en un sentido amplio tiene que ver tanto con la obtención del poder como con su ejercicio, que en democracia se otorga a plazo, por contrato público (consentimiento), con controles y contrapesos constitucionales, legales  e institucionales. En consecuencia, la legitimidad no es algo natural y espontáneo una vez logrado el poder mediante una investidura parlamentaria como es el caso, sino un acuerdo entre gobernantes y gobernados a través del vínculo que les une e implica, y  que en democracia se obtiene y actualiza:

  1. De entrada, a través del “contrato electoral” que integra el liderazgo y el programa más allá de la apariencia sugestiva de la propaganda. El rasgo fundamental del liderazgo público es la honestidad, esto es: integridad, valor, veracidad, prudencia, justicia.  Los electores deben sopesar estos valores en los candidatos antes de observarlos o padecerlos en su ejercicio, junto al valor del programa electoral, es decir su concreción, claridad, realismo y eficacia.
  2. Durante el mandato a través de la “gestión pública”. La elección mayoritaria de un programa y de unos gobernantes pone en sus manos el poder público ejecutivo del Estado: instituciones, normas, control de los recursos y de la información que pueden orientarse al interés general de España (bien común) o  a intereses ideológicos y clientelares. Por ello, resultan tan decisivas las instituciones y mecanismos de control y contrapeso político. En nuestro ordenamiento se limita a la cuestión de confianza, la moción de censura constructiva y el control parlamentario de la oposición. Desde la sociedad civil,  la iniciativa legislativa popular, los sindicatos, el periodismo libre, el asociacionismo y las redes sociales.

Criterios de legitimación política. Los más relevantes son el ajuste de las iniciativas y conductas al ordenamiento constitucional y legal, la elección libre y mayoritaria de los ciudadanos como única forma de justificación del poder  político (consentimiento),  la pertinencia y proporcionalidad entre fines y medios de la acción política, y la primacía del interés general de los ciudadanos, más allá de ideologías, sobre el  particular.  

El gobierno Sánchez tiene una simple legitimidad legal de carácter formal, pero adolece de la legitimidad legal material que se deriva del voto mayoritario de los electores

Criterios de legitimación ética y moral.  La capacidad que tenemos para juzgar las acciones humanas, en este caso políticas,  compendia el contenido de la ética y la moral pública: la ética, centrada en las relaciones causales  entre los actos y las responsabilidades; la moral, en el ajuste entre actos y norma, legal o costumbre.  En democracia el juicio ético-moral de los ciudadanos sobre los líderes y el ejercicio del poder, aunque condicionado por  ideologías e intereses, determina el valor de su competencia y virtud cívica con  efectos políticos. 

El  gobierno Sánchez  puede juzgarse,  por lo conocido hasta ahora,  en función de criterios políticos,  éticos y morales:

  • Carece de la legitimidad política, ya que el poder que ejerce no se justifica por el consentimiento democrático de los ciudadanos: sólo cuenta con el 22,63 % de representación en el  Congreso, y el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Los diputados como representantes no pueden soslayar lo que compete a los representados (electores).
  • La honestidad de su liderazgo es cuestionable por motivos razonados de falta de integridad (sus manejos con la tesis doctoral, su forma de acceder y mantenerse en el poder...), y de credibilidad (la gestión de la dimisión o resistencia a dimitir de sus ministros...).
  • Su responsabilidad ética es objetable por motivos de prudencia y justicia al  imponer sus políticas sin el aval de un programa previo aprobado por los españoles, así como también por la utilización partidista de instituciones y recursos, como la RTVE, las encuestas del CIS, etc.
  • Ha llevado la moralidad de la cultura democrática española a los niveles más bajos de su  historia por su forma de mantenerse en el poder a toda costa sin ser elegido directamente por los españoles.
  • La heterogeneidad de partidos que aprobaron la censura y siguen apoyando al Gobierno son corresponsables de los déficits de legitimidad y del deterioro del la cultura democrática al anteponer sus intereses partidarios al interés general de España.

La presencia de  virtudes cívicas en la acción pública como expresión de  criterios políticos, éticos y morales significa madurez y calidad democrática, por lo que procede afirmar que el gobierno Sánchez tiene una simple legitimidad legal de carácter formal,  pero adolece de la legitimidad legal material que se deriva del voto mayoritario de los electores. Su obcecación en ejercer el poder en estas condiciones, con independencia de sus buenas intenciones,  le resta legitimidad política, ética y moral.

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