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Opinión

La Justicia también es Gobierno

Solo desde una perspectiva antidemocrática puede impugnarse el papel de la Justicia como manifestación de la soberanía popular

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. EFE

Uno de los axiomas más errados y sin embargo repetidos a cuenta del extinto procés fue la necesidad de darle una respuesta “política” a un problema “político”. Algunas de las firmas más brillantes del columnismo patrio ya se encargaron en su momento de enfatizar la evidencia de que el recurso al artículo 155 fue por definición un acto politiquísimo, al representar una respuesta perfectamente enmarcada en la Constitución y de consecuencias que no pudieron haber sido más radicalmente políticas: destitución del Gobierno de la Generalitat, convocatoria de elecciones y administración catalana teledirigida desde Madrid.

Los últimos acontecimientos han espoleado una evolución de este lugar común hasta convertirlo en un adagio un poco más matizado, pero igualmente erróneo: que el gobierno ha delegado la respuesta al envite separatista en los jueces. Según muchos comentaristas el juez Pablo Llarena estaría haciendo el trabajo de Mariano Rajoy, lo que lleva implícito no sólo una acusación de dejación de funciones al presidente del Gobierno, sino también un cuestionamiento directo de la legitimidad de los jueces para ser actores principales de la tragicomedia en la que se ha convertido la cuestión catalana.

Muchos parecen dar por bueno el adagio erróneo que acusa al Gobierno de haber delegado en los jueces la respuesta al envite separatista

Sin entrar a defender la labor del líder del PP durante este larguísimo lustro, y mucho menos incidir en la obviedad de que frente a presuntos delitos de extrema gravedad la comparecencia del poder judicial es inevitable, es necesario explicar una realidad mucho más elemental, y es que la Justicia también es Gobierno. No en el sentido administrativo del término (que por otro lado no es al que se refieren los que piensan que el Tribunal Supremo está suplantando al Ejecutivo), pero desde luego en su acepción de institución corresponsable de articular la voluntad del pueblo soberano.

Los padres fundadores de Estados Unidos resolvieron mejor la confusión semántica derivada de la polisemia del término al referirse a la Trias Política y las puissances descritas por Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes” como “las tres ramas de gobierno” (three branches of Government). Esta formulación claramente designa el rol que los tribunales, y especialmente la Corte Suprema (que en la democracia norteamericana como es sabido queda inserta en la función jurisdiccional), tienen a la hora de permitir que los estadounidenses ejerzan su autonomía política. No sólo al garantizar la participación directa de los ciudadanos en cuestiones de vida o muerte –literalmente- por medio de los jurados populares, sino también mediante la toma de decisiones que en España no cabría duda de calificar de “políticas”. Los ejemplos abundan y son bien conocidos: aborto, derechos civiles de las minorías o más recientemente la suspensión de los numerosos planes de Trump para limitar la inmigración legal.

La división de poderes no invalida la cotidiana, deseable y muy democrática coparticipación del poder judicial en la realización del autogobierno (entendido en el sentido griego) de los ciudadanos

Se dirá que España es un sistema parlamentario en el que más que darse una división de poderes al estilo de Charles-Louis de Secondat rige una separación más en la línea original de John Locke, por la cual lo que se encuentra separado son las funciones. De hecho, existe el argumento que plantea cómo, lejos de dividir los tres poderes, los regímenes parlamentarios los “fusionan”. Esta aproximación, si bien tiene cierto mérito en la medida en que en su origen los tres poderes están manifiestamente conectados y la Constitución no establece los pesos y contrapesos propios del presidencialismo (o no todos al menos), no invalida en cualquier caso la cotidiana, deseable y muy democrática coparticipación del poder judicial en la realización del autogobierno (entendido en el sentido griego) de los ciudadanos. Porque solo desde una perspectiva antidemocrática puede impugnarse el papel de la Justicia como manifestación de la soberanía popular. Mientras que, dejando problemas técnicos y preferencias filosóficas de lado, es pensable una democracia en la que no exista un poder legislativo puesto que los ciudadanos participan de forma directa (como en la Grecia antigua) en la promulgación de leyes, sólo en un sistema regido por la arbitrariedad y sin garantía de derechos cabría la posibilidad de prescindir de la rama judicial.

Con todo, esta nueva demostración de la limitada cultura política de muchos a los que se les supone profesionales del ámbito no puede producir sorpresa. De un tiempo a esta parte en España impera una concepción rudimentaria, chata y adolescente de lo que es la democracia. Lo que resulta más difícil de entender es la crítica que desde el mundo independentista se hace de la supuesta utilización de la Justicia por parte de Rajoy, a no ser que se acepte la grosera incongruencia de los que reclaman independencia judicial al tiempo que aprobaban una hoy suspendida ley de transitoriedad jurídica que establecía un control total del futuro ejecutivo republicano catalán sobre los jueces. Pero si a los nacionalistas y sus apologetas se les hubiera exigido coherencia obviamente hoy en día no estaríamos donde estamos.



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