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Antonio Manuel Peña Freire

Opinión

Hadas, manadas, jueces sin juicio y juicios sin jueces

Columnas de ciudadanos, convenientemente indignados, se han manifestado frente a las sedes judiciales exigiendo a los jueces que crean necesariamente a las víctimas. Han pedido “menos ley” y “más justicia”

Sede General de los Juzgados en Plaza Castilla
Sede General de los Juzgados en Plaza Castilla Tere García

En su novela El Unicornio, Manuel Mujica Láinez cuenta la historia del hada Melusina que, enamorada como estaba del caballero Aiol, pidió a su madre que le concediera un cuerpo mortal. La madre prometió a Melusina que cuando despertase de su descanso nocturno tendría su ansiado cuerpo. Y al alba, Melusina, con los ojos aún cerrados, fue deslizando suavemente sus dedos por su recién estrenada piel, desde la cara y hacia abajo.

Aunque la mística de la historia lo desaconseja, imagine el lector que, en esos momentos tan íntimos, un jurista curioso hubiera preguntado a Melusina lo siguiente: “Dime, Melusina, si cuando te creas ultrajada por algún varón, tu palabra al respecto ha de ser suficiente para darle al malhechor su merecido”. Probablemente el hada habría respondido que sí: ¿Por qué iba ella a denunciar a alguien si no la había mancillado? ¿Qué, además de su palabra, es necesario para castigar al agresor? Sin embargo, otra habría sido su respuesta de haber sabido que su madre le había dado un cuerpo joven y hermoso, sí, pero de hombre. ¿Cómo podrá defenderse ahora de quien lo acusa si acaba de conceder que su palabra es razón suficiente de la condena?

Esta variación en el mágico relato de Mujica Láinez me sirve para ilustrar cuál el sentido profundo de nuestras leyes penales, de nuestras garantías judiciales y, en última instancia, de eso a lo que llamamos Estado de derecho. Para entender por qué son importantes no hay que ponerse en la piel de quien afirma ser víctima de un delito, sino más bien en la piel de quien es acusado por otro de haber cometido un crimen siendo inocente.

Es una barbaridad pedir que se escuche solo a las víctimas, porque entonces, ¿qué ocurrirá con los acusados que sean inocentes?

En un Estado de derecho, no se valora exclusivamente la palabra de quien acusa, ni por supuesto la de quien dice ser inocente, sino necesariamente la de ambos. Sus procedimientos judiciales, lenta y laboriosamente construidos durante siglos, son el resultado imperfecto de una infatigable búsqueda del modo más solvente y equilibrado para acceder a la verdad. En un Estado de derecho, además, solo se puede castigar a quienes han incumplido una ley previa que les prohibía hacer algo. En un Estado de derecho, las autoridades no castigan a los ciudadanos por lo que son ni porque nos parecen desagradables ni tampoco porque nos parece justo que sean castigados, sino exclusivamente por algo que hicieron pese a que estaba prohibido por una ley. Por esas razones y otras muchas, el Estado de derecho es uno de nuestros mayores bienes éticos y políticos y un luminoso signo de civilización.

En estos últimos días, sin embargo, ciudadanos bien intencionados, expertos y responsables políticos de primer nivel –ni más ni menos que el mismísimo Ministro de Justicia– se han aplicado denodadamente a su demolición. Columnas de ciudadanos, convenientemente indignados, se han manifestado frente a las sedes judiciales exigiendo a los jueces que crean necesariamente a las víctimas: “yo sí te creo”. Juristas, supuestamente formados, han criticado a los jueces que se limitan a juzgar a los ciudadanos exclusivamente en función de lo que exigía la ley y les han pedido que estén atentos a lo que la sociedad considera justo, es decir, les han pedido “menos ley, más justicia”.

La primera petición o es superflua o es una barbaridad. Es superflua si se pide a los jueces que escuchen también a las víctimas, porque ya lo hacen. Es una barbaridad si piden que se escuche solo a las víctimas: ¿Qué ocurrirá entonces con los acusados que sean inocentes? ¿Cómo explicamos a aquellos cuya palabra ha de ser ignorada que tienen derechos (a defenderse, a que se presuma su inocencia, a que se resuelvan imparcialmente sus pleitos, etcétera) y que por tenerlos no es verdad que cuando los juzgamos estén siendo objeto de un acto de pura violencia y que, por tanto, no pueden reaccionar violentamente contra quienes promueven las leyes por las que se les condena?

Como ocurre con las cosas importantes en la vida, el Estado de Derecho se da por supuesto. Pensamos que estará siempre ahí y que no requiere atención ni mantenimiento. Pero no es así

La segunda petición refleja que algo hemos hecho mal los profesores de derecho en general y los de filosofía del derecho en particular en nuestras lecciones. Porque, en mi opinión, no se trata de elegir entre decidir conforme a la ley o conforme a la justicia, sino de darse cuenta de que es justo aplicar las leyes en el modo en que razonablemente pudieron o debieron entenderlas sus destinatarios al momento hacer lo que hicieron. No es justo, sin embargo, castigarles por algo que hicieron si no estaba expresamente prohibido, por mucho que, después cuando es conocido, ofenda nuestros sentimientos de justicia. Quien aplica la ley no da la espalda a la justicia, sino que la realiza, aunque algunas de sus decisiones parezcan ofenderla. Y quien indignado clama castigo contra quien no incumplió norma alguna no hace justicia, sino que ofende la forma más eficaz conocida de que disponemos para realizarla.

En estos días nos jugamos mucho: nos jugamos el Estado de derecho. Esta afirmación pudiera sorprender, porque, como ocurre con muchas de las cosas importantes en la vida, el Estado de derecho se da por supuesto. Pensamos que estará siempre ahí y que no requiere atención ni mantenimiento. Pero no es así: el Estado de derecho es un logro diario y no sabemos bien cuán frágil es su estructura ni somos conscientes de que cada uno de nosotros, cada uno en su medida, es responsable de su preservación. Estoy convencido de que si un día el Estado de derecho desaparece, nadie estará allí para lamentarlo. Tampoco se habrá producido una proclamación solemne decretando su abolición. El Estado de derecho no desaparecerá así, sino que se desmoronará poco a poco, sin que apenas nos demos cuenta. Esto es precisamente lo que ocurre cuando, por ejemplo, un juez que llega a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para condenar a un acusado, pese a todo, lo condena porque hay miles de manifestantes frente a su despacho y porque tiene miedo a la reacción mediática o política contra su persona. Cuando llegue ese día, si es que no ha llegado ya, tendremos jueces sin juicio y juicios sin jueces y no tendremos Estado de derecho. De todos, incluido usted, depende que ese día no llegue.



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