La decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a la cárcel al ex vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y a siete de sus ex consejeros, acusados todos de tres muy graves delitos de rebelión, sedición y malversación, ha provocado el natural revuelo entre quienes, desde las filas de esa derecha asustadiza y acomplejada que padecemos, creen que se trata de un error de bulto que puede dar alas al independentismo de cara a la jornada electoral del 21 de diciembre, y entre quienes, desde el independentismo siempre presto a inmolarse en ese victimismo totalitario marca de la casa, consideran que esa prisión provisional es una operación política, una agresión intolerable al pueblo de Cataluña, dispuesto el nacionalismo a seguir tomando la parte por el todo, a seguir considerando a la minoría partidaria de la independencia como representación de la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, una ficción que ha quedado arrasada tras las dos grandes manifestaciones del 8 y del 29 de octubre pasado.
El auto de la juez es una pieza jurídica sólidamente construida donde se detalla el ánimo de delinquir de los inculpados y su determinación de llevar a cabo sus planes de forma concienzuda en el tiempo. "Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado día 27 de octubre. Además, todos ellos formaban parte del Govern, en cuyo seno los acuerdos se tomaban de forma conjunta y en reuniones periódicas, y todos eran conocedores de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que consentían y apoyaban, y que incluían las movilizaciones tumultuarias organizadas".
Más que el riesgo de fuga es la voluntad reiterada de los imputados de seguir vulnerando la ley lo que justifica la medida
"Los querellados", prosigue el auto, "se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 años por el de sedición, y 8 años por el de malversación, que pueden ascender a 10 años en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad". Quienes anoche ingresaron en distintos centros penitenciarios disponen en la puerta de casa de una cómoda frontera por la que escabullirse, no sin antes haber destruido todas las pruebas posibles, una eventualidad que ha demostrado factible ese botarate llamado Carles Puigdemont y los ex consejeros que le acompañan en Bruselas, episodio convertido en testigo de cargo viviente contra Junqueras y sus compañeros de fatigas. Con todo, más que el riesgo de fuga es la voluntad reiterada de los imputados de seguir vulnerando la ley, de seguir delinquiendo, lo que justifica la medida. "Es destacable para la evaluación del riesgo de fuga, la relevancia de la gravedad de los delitos que se imputan a los querellados y de las penas que lleva aparejadas, teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida". Solo con una gran dosis de cinismo puede alguien sorprenderse de la decisión adoptada por la juez.
Es verdad que existe una tan fuerte como vieja controversia sobre los límites de la privación de libertad, entre quienes consideran que la prisión provisional debe ser una medida de carácter "excepcional", y la de quienes, jueces y fiscales incluidos, consideran que debe ser impuesta sin vacilación cuando los supuestos delitos contemplen penas tan graves como las descritas. Puestos a rasgarnos las vestiduras, convendría recordar que el acusado Bárcenas pasó 574 días, más de 19 meses, en la cárcel, acusado de una serie de delitos económicos, básicamente fiscales, muy alejados de la gravedad de los que se imputan a Junqueras et altri, y convendría también recordar que un expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de nombre Ignacio González, lleva en prisión preventiva desde el 22 de abril por supuestos delitos de blanqueo, prevaricación, malversación y fraude. Convendría, por tanto, que quienes a un lado y otro de la empalizada se escandalizan con exceso gestual se tomaran un lexatin y repararan en la vieja predica, hoy más útil que nunca, de que la justicia es igual para todos, y de que, como el cartero del cuento, termina siempre por llamar a la puerta de los que vulneran la ley.
Lo que no pueden pretender quienes desde la derecha acollonada se asustan por lo ocurrido y quienes desde el independentismo golpista interesadamente lo dramatizan, es que la Justicia, en general, y la juez Lamela que entiende del caso, en particular, dejen de aplicar la ley simplemente porque el reo del supuesto delito se llama Oriol y se apellida Junqueras. Dura lex, sed lex. Es seguro que si el afectado se llamara Pedro y se apellidara Pérez, el asunto no hubiera llamado la atención de nadie. Lo que ocurre es que en la historia reciente de España ningún Pedro Pérez que se sepa ha llegado a plantear, de forma consciente y reiterada, un desafío al Estado democrático de la dimensión del perpetrado por estos golpistas, unos señores que, por cierto, han tenido mucho tiempo, al menos desde el mes de septiembre del 2012, para pensar en las consecuencias de sus actos y obrar en consecuencia.
El escándalo no es que ingresaran en prisión preventiva, sino que hayan estado tanto tiempo con la vista gorda
La suya ha sido una conducta delictiva de una gravedad y contumacia extremas, que ningún Estado de Derecho de nuestro entorno dejaría sin castigar como se merece. De acuerdo a nuestra legislación penal, como corresponde a un Estado donde hay separación efectiva de poderes. El escandalo no es que Junqueras y sus copains ingresaran ayer en prisión preventiva, no, sino que hayan estado tanto tiempo, con la vista gorda de los poderes públicos encargados de impedirlo, el Ejecutivo y el Judicial, delinquiendo, y sin que la Fiscalía procediera contra esas conductas mucho antes como era su obligación, de forma incontestable desde que el 6 y el 7 de septiembre pasado los ahora detenidos, y los turistas hoy en Bruselas, violaran con total impunidad todas las leyes y reglamentos habidos y por haber, empezando por el Estatuto de Cataluña y siguiendo por la propia Constitución Española.
Si estamos en un Estado de Derecho hemos de creérnoslo y dejar para siempre en el cubo de la basura los complejos
Los jueces están obligados a aplicar la ley con independencia de la coyuntura política, de si va a haber o no elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina, o de si esa aplicación va a beneficiar o perjudicar a unos u otros. La prisión preventiva era de libro tras la petición en tal sentido formulada por la Fiscalía. Si estamos en un Estado de Derecho hemos de creérnoslo y dejar para siempre en el cubo de la basura esos complejos de quienes apelan a la ley y se asustan mucho, se acollonan, piden prudencia, cuando la ley llega. Y debe también importarnos un bledo el desgarro impostado de los enemigos de España y su Constitución que ayer nos ofrecieron otro deleznable espectáculo de lamentaciones, empezando por la indecente señora Forcadell, siguiendo por esa analfabeta funcional que preside el Ayuntamiento de Barcelona, la señora Colau, y terminando por el infatuado e infausto Pablo Iglesias. De la mano del rey Felipe VI, España dejó ayer de ser una pseudo democracia corporativa para pasar a ser una democracia plena donde el que la hace la paga, ello merced a una Justicia dispuesta a controlar al poder y a castigar al poder corrupto que osa pasarse la ley por el arco de sus caprichos. Ya era hora.
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