A Mariano Rajoy le gusta señalar que, en la vida, siempre acaba imponiéndose la sensatez y no lo que él denomina "líos" y "espectáculos"... Debe de ser que en Cataluña no tienen su misma visión de la vida porque, si uno analiza la secuencia de los acontecimientos, comprueba que el independentismo no solo no da pasos atrás sino que en estos cuatro años ha ido imponiéndonos su lío, por más abracadabrante que parezca.
El último episodio es el de la investidura "telemática" de Carles Puigdemont, en la que el Gobierno, una vez más, da sensación de ir a remolque de unos acontecimientos delirantes (más aún): Que el prófugo de Bruselas haya logrado instalar en Junts per Cataluña, su plataforma, ERC y la CUP, que es president "legítimo" de la Generalitat y como tal tienen que reponerle en el cargo, tiene lógica... entre ellos. Pero que el resto de las fuerzas políticas se limite a decir que no lo apoyaran, es de traca. ¡Faltaría más!
Todavía nadie de La Moncloa, de los ministerios, o de los partidos constitucionalistas, ha salido a decir algo así: "¡ojo!, si vuelven por donde solían, con el añadido de provocación que supone para el Estado de Derecho investir a un huído, que sepan que no lo vamos a tolerar digan lo que digan los letrados del Parlament. Recurriremos al Constitucional o al Vaticano; y si en lugar del discurso en plasma desde Bruselas, resulta que ponen a Jordi Turull o Josep Rull de candidato, sepan que el elegido, no Puigdemont, será el presidente legítimo y legal de la Generalitat para los próximos cuatro años. Nuestro interlocutor. Punto y final".
Un Gobierno que admite el debate de la investidura de Puigdemont sin cortarlo de raíz está dando a entender que lo toleraría
El problema es que el Gobierno sigue de perfil, convencido de que la aplicación del 155 ha ido bien y de que, cuanto menos ruido organice, menos protagonismo le da a Puigdemont. Pero alguien debería recordar que sin ruido el independentismo ha vuelto a ganar el 21-D, y que si la intervención de la Generalitat ha resultado indolora es porque el funcionariado, y la ciudadanía catalana en general, rechaza jugarse nada en aventuras suicidas, no porque sus dirigentes hayan dado un paso atrás; solo hay que ver las disquisiciones que nos entretienen en estos días sobre si hay que reformar el artículo 146 del Reglamento de la Cámara, o no, para que Puigdemont pueda poner un plasma en su escaño y empezar allí a debatir con los portavoces desde Bruselas.
Pero un Gobierno que admite ese debate sin cortarlo de raíz está dando a entender que lo toleraría... ¿Después de la investidura -en el supuesto de que el Rey firme el decreto de nombramiento, que esa es otra materia de discusión legal- y Puigdemont vuelva a España, el Ministerio de Economía le va a dejar gobernar con mando a distancia desde la prisión de una economía catalana que ha sufrido uno de los mayores shocks de los que se recuerdan?.
¿Y si no vuelve, recurrirá Rajoy ante el TC todas y cada una de las decisiones que emanen de ese gobierno en el exilio bruselense? ¿Hasta que sima bajará la valoración de la monstruosa deuda catalana? ¿Quedará para entonces empresa que no haya huido a otra zona de España o, directamente, se haya vuelto a su país?... ¿Hay alguien ahí?
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