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Roger Senserrich

Opinión

Factorías de corrupción

El triste récord de la política madrileña: sus cuatro últimos presidentes, Ruiz-Gallardón, Aguirre, González y Cifuentes, implicados, directa o indirectamente, en pufos de dudosa legalidad

Factorías de corrupción
Factorías de corrupción

Una de mis historias favoritas de política local americana es la saga de los alcaldes de Waterbury, Connecticut. Waterbury tiene la reputación de ser extraordinariamente corrupta; el senador Joe Lieberman siempre bromeaba que cuando muriera quería que le enterraran en Waterbury para poder seguir activo en política. Es esa clase de sitio.

Durante una época gloriosa desde finales de los sesenta hasta mediados de los noventa, Waterbury envió seis de sus siete alcaldes a la cárcel por delitos de corrupción. Mike Bergin fue la única excepción, ya que se libró de ir a la cárcel por soborno cuando los fiscales estatales pifiaron su caso.  Aun así, el tipo perdió las elecciones en 1995, y su sucesor, Philip Giordano, prometió limpiar la ciudad.

No lo hizo. Unos años después, el FBI ya tenía pinchado su teléfono, en lo que a estas alturas sólo podía calificarse como una investigación rutinaria por corrupción en el ayuntamiento. Tuvieron que dejar el caso sobre sobornos a medias, ya que en las grabaciones descubrieron que Giordano estaba pagando a una prostituta para tener relaciones sexuales con su sobrina de diez y su hija de ocho años. Fue detenido inmediatamente, y condenado a 37 años de cárcel. Bergin, una vez en prisión, tuvo la jeta de poner un pleito a la ciudad para reclamar que le pagaran los días de vacaciones y baja por enfermedad que no había cobrado cuando era alcalde.

Waterbury es un caso ciertamente extremo de corrupción y depravación política generalizadas (aunque todo hay que decirlo, post-Giordano llevan dos alcaldes que no han acabado en la cárcel), pero no es algo especialmente único o inusual. En Estados Unidos hay un número considerable de cargos políticos aparentemente malditos que tienen una tasa inusualmente elevada de acabar con sus ocupantes en chirona, a veces en repetidas ocasiones. Algunos Estados (siendo Illinois el más famoso) prácticamente sólo dan salida a sus gobernadores camino de un centro penitenciario. Providence, Bridgeport y Washington DC incluso han tenido alcaldes que han sido reelegidos después de pasar varios años en la cárcel.

Quizás sea hora de preguntarse si el problema no va más allá de algunas ‘manzanas podridas’ o luchas intestinas entre facciones y de lo que estamos hablando es de degeneración institucional

Todos estos casos de gloriosa perversión política me venían a la cabeza leyendo las historias de los últimos cuatro presidentes de la Comunidad de Madrid, y el hecho de que todos y cada uno de ellos han acabado en su carrera política salpicados por escándalos. Alberto Ruíz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes están todos implicados, directa o indirectamente, en pufos de dudosa legalidad. Aunque es pronto para decir si el PP de Madrid llega a la escala de latrocinio y criminalidad de los grandes clásicos estadounidenses, quizás sea hora de preguntarse si el problema va más allá de “manzanas podridas” o luchas intestinas entre facciones, y no estamos hablando de un problema institucional.

En contra de lo que se dice habitualmente, la corrupción política no es un problema de gente sin escrúpulos y políticos de poca talla moral. Los políticos de media no son demasiado distintos de los ciudadanos que representan, y los seres humanos somos bastante parecidos en todas partes. En Dinamarca no hay menos corrupción porque el país esté lleno de daneses virtuosos que no caen la tentación del lucro personal y el desfalco. Lo que sucede es que en Dinamarca los políticos están mucho menos expuestos a la tentación que en sitios como Madrid. Mas en concreto, los políticos en ayuntamientos, gobiernos y empresas públicas de la comunidad tienen una capacidad enorme de influir en dos temas importantes: contratación pública y decisiones sobre urbanismo.

La inmensa mayoría de políticos, cuando tienen el poder de tomar decisiones discrecionales sobre quién hará una obra o cómo se recalificará un terreno, tenderán a hacer lo correcto, y simplemente darán el contrato a quien haya presentado la mejor oferta, o darán a un solar el uso que crean mejor para el municipio. Esta honestidad, sin embargo, no es generalizada; tarde o temprano algún político recibirá un favor o un regalo de un contratista antes de tomar una decisión, y descubrirán que esto de irse de vacaciones a Cancún gratis es algo muy relajante.

En parte para protegerse, en parte porque quieren ser generosos con sus amigos, empezarán a pedir favores para compañeros de partido, amigos y demás. Al cabo de unos años, es muy posible que todo el mundo en el ayuntamiento ande de mierda hasta las cejas, y dado que todos están implicados, protegiéndose mutuamente. Si este pequeño gran desfalco sucede en tiempos de bonanza económica, es además perfectamente posible que las “facilidades para hacer negocios” hayan contribuido a la popularidad del alcalde, y su capacidad de recaudar fondos para financiar las campañas del partido haya aumentado su poder dentro de este, y generado una pequeña legión de alcaldes intentando copiar el “modelo de gestión”.

Una de las claves es que, en España, los políticos en ayuntamientos, gobiernos y empresas públicas regionales, tienen una capacidad enorme de influir en dos temas importantes: contratación pública y urbanismo

En casos como Waterbury, Illinois o (me temo) el PP de Madrid, no importa realmente demasiado quién es alcalde o presidente. El problema es que el alcalde o presidente que lo sustituya estará sujeto a los mismos cantos de sirena que su antecesor y, además, probablemente, proviene de una estructura de poder que lleva años decidiendo quién “asciende” en el partido según su capacidad para recaudar dinero para campañas vía corruptelas y quién ha montado la mejor red clientelar. Por mucha gente que envíes a la cárcel, las instituciones están creando un sistema de incentivos que favorece la corrupción.

Los partidos a veces confían en “mirlos blancos”, alguien que, aunque había vivido dentro del partido, los dirigentes mantienen fuera del sistema de corrupción para que siga siendo políticamente viable. La ironía, obviamente, es que por muy limpio que sea tu líder, el resto del partido nunca va a tolerar que intente hacer limpieza.

Afortunadamente, es posible deshacer esta clase de estructuras; las reformas institucionales son bastante obvias. Cerrar agujeros en el sistema de contratación pública, limitar la regulación urbanística (o lo que pueden decidir los políticos), arreglar el sistema de financiación de los partidos, crear instituciones de fiscalización verdaderamente independientes son ideas fáciles, obvias y populares. El problema, obviamente, es que estas mismas reformas no son demasiado populares entre los políticos, especialmente con aquellos que están metidos en este sistema.

Que le pregunten a Cristina Cifuentes.



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