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Jesús Cacho

Opinión

Elites extractivas y defensa del consumidor: el caso de la CNMC

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. Europa Press

"La CNMC denuncia situaciones de monopolio u oligopolio a las que el poder político debería dar respuesta. El problema del poder político es que en muchas ocasiones está capturado por elites empresariales cuyos chiringuitos estaría obligado a desmontar. Esas elites también pueden influir en los medios de comunicación para que no se enfatice lo suficiente la necesidad de privarles de sus privilegios". El párrafo pertenece al economista Juan Ramón Rallo y aunque pronunciado hace tiempo viene como anillo al dedo para ilustrar la situación que nos ocupa: el fenomenal revuelo en que vive instalado el mundo empresarial, fundamentalmente las compañías energéticas, con sus gestores y accionistas a la cabeza, tras la publicación por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) del borrador de circular que establece las nuevas fórmulas de cálculo para retribuir (durante el periodo regulatorio 2020-2025) las actividades reguladas de gasistas y eléctricas en el transporte y distribución de gas y electricidad, fórmulas que supondrán un importante recorte en las tarifas que perciben, que va desde el 7% de media para las eléctricas hasta el 21,8% para las gasistas. Por una vez y sin que sirva de precedente, los ganadores de esta decisión serán los consumidores españoles (sin olvidar el propio tejido empresarial, que soporta un precio de la energía igualmente abusivo). Este auténtico "milagro español" se lo debemos a la CNMV y a su presidente, un probo funcionario de nombre José María Marín Quemada.

Como era de prever, se armó la de Troya. Presidentes y consejeros delegados se han llevado las manos a la cabeza y han movido sus peones en los medios para enfatizar las consecuencias, desastrosas en su opinión, de tales recortes para sus cuentas de resultados y sus políticas de inversión en redes de transporte, que amenazan con suspender, utilizando para ello los llamativos desplomes bursátiles sufridos nada más conocerse la noticia. La realidad es que la acción de Naturgy (antigua Gas Natural), la más perjudicada por los cambios, no ha llegado a tocar los mínimos del año, lo que parece revelar la existencia de una alarma artificial no respaldada por la realidad. Ha sido precisamente Naturgy, la gasista participada en un 25,65% por La Caixa, la que más se ha distinguido en sus protestas contra la nueva política de tarifas, circunstancia que pone sobre la pista de algunas decisiones políticas recientes que ilustran la realidad de un sector hiperregulado, sobredimensionado y poco competitivo, que factura luz y gas a precios que dañan el bolsillo de los consumidores y la competitividad de las empresas, mientras los Gobiernos de turno, "capturados" por los grupos de interés, miran hacia otro lado.

Hay que remontarse a la reciente gran crisis económica para encontrar las bases del actual revuelo energético, a la situación de aquella España a punto de ser rescatada, con las Cajas en liquidación y Bankia intervenida a golpe de millones. En aquella tenebrosa realidad, el ministro José ManuelSoria y su secretario de Estado, Alberto Nadal, se vieron obligados a meter drástica tijera en las subvenciones que el mendaz Zapatero, como él mismo acaba de reconocer (“En cuanto hay un sector que se incentiva, que se prima, que hay expectativa de demanda, pues el riesgo que tienes ahí inmediato es la burbuja. Lo sabré yo…"), se comprometió a pagar a las renovables, ello para atajar un déficit de tarifa eléctrico que había llegado a escalar hasta los 30.000 millones. Contrastan los epítetos proferidos entonces por Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, contra los Nadal, conocidos como los "hermanos Dalton", con el silencio estrepitoso entonces de Gas Natural. Sin que se sepa muy bien por qué, aunque se sospeche, el Gobierno Rajoy se había olvidado del incipiente déficit de tarifa gasista, con los empresarios del ramo callados cual muertos, empezando por el siempre influyente Isidro Fainé, quien por vía indirecta (La Caixa) estaba participando en el banquete de aquellos dineros que el Estado se estaba dejando en Bankia. Los técnicos de la CNMV elaborarían después un informe que concluyó en la necesidad de rebajar los casi 300 millones con que se retribuía el transporte de gas para dejarlos en apenas 80, no obstante lo cual el gran Mariano hizo lo que mejor sabe hacer, es decir, nada.

En fecha tan cercana como 2018, y tras la polémica causada por las subidas de los precios de la energía y la traumática destitución del presidente de Mibgas Antonio Erias (otro “amigo” de Rajoy), el ministro Álvaro Nadal llegó a la conclusión de que había que meter mano a los costes de distribución gasista, pero la moción de censura que llevó a Moncloa al estadista Sánchez impidió llevar a término su propósito. Lo que entonces, como ahora, estaba claro es que el Gobierno no había hecho los deberes con el sector gasista y que no quedaba más remedio que meterse en faena por una razón fundamental: era obligado poner freno a la retribución que se paga a las gasistas so pena de terminar generando una bola de déficit parecida a la formada en su día con las eléctricas y que tantos disgustos costó al ministro Soria y a su lugarteniente Alberto Nadal. A esa tarea se ha aplicado Marín Quemada y la CNMC, haciendo buen uso de las facultades que le fueron conferidas por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de adecuación de las competencias de la CNMV a las directivas comunitarias sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, procediendo a adecuar los peajes que se pagan por el transporte y la distribución al nuevo escenario macroeconómico. En suma, haciendo los deberes que no hizo Rajoy.

El chollo de los negocios regulados

La fórmula empleada hasta ahora establecía una tasa de retribución del 6,5% para las empresas por el coste de esos servicios, ello de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que reconoció para el período regulatorio ahora extinguido un pago vinculado al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, más una prima de 2 puntos adicionales. A cuenta de la política monetaria del BCE, empeñada en soportar la deuda de países como Italia, Francia o la propia España, e incluso en animar de forma suicida su crecimiento, el bono español a 10 años que antes rendía un 4,5% se sitúa ahora en un raquítico 0,5%, con la prima de riesgo por debajo de los 80 puntos. Asumiendo que una cosa es el coste de la deuda y otra muy distinta el coste del capital, la necesidad de acabar con el chollo de las energéticas, particularmente las gasistas, era un clamor, entre otras cosas porque las eléctricas siguen invirtiendo y las gasistas no. Lo que tiene poco sentido es que REE y Enagás, con un negocio regulado, figuren entre las más rentables del Ibex, aunque en honor a la verdad hay que decir que tanto Jordi Sevilla como Antonio Llardén llevan tiempo preparando sus compañías para el "palo" que antes o después tenía que llegar vía CNMC.

Tras el Real Decreto de 11 de enero, la CNMC tomó la decisión de crear una comisión integrada por tres vocales de la propia CNMV y otros tantos del Ministerio de Energía, que durante estos meses ha procedido a realizar los cálculos correspondientes, adelantados en este borrador de circular, que serán sometidos a definitivos en otoño tras el oportuno periodo de alegaciones ahora en vigor. Una vez oído el Ministerio, la decisión definitiva corresponderá a la CNMV, sin intervención del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Será quizá la primera vez en la historia moderna de España en que una medida que afecta a las elites empresariales se tome con criterios técnicos y no políticos, y estamos hablando de una bajada significativa para el consumidor en el recibo de luz y gas, consecuencia de meter en cintura a un sector que estaba retribuido (subvencionado) en exceso y en base a criterios de otra época.

Dicho lo cual, tampoco conviene llamarse a engaño pensando que CNMV y su presidente se han transformado en esforzados Robin Hoods dispuestos heroicamente a mejorar el nivel de vida del consumidor modesto, porque el recorte general apenas llega a los 350 millones, no obstante lo cual los afectados han puesto el grito en el cielo. Trabajo a destajo de nuevo para bufetes de abogados y grandes lobistas. La cabeza de Marín Quemada se paga a buen precio. Wanted, dead or alive. Las iras de los indignados de la energía apuntan a tratar de apartarlo de la presidencia del organismo regulatorio antes de que en otoño se apruebe la circular definitiva. Quieren jubilarlo antes de tiempo. Y desde un punto de vista cínico no les falta razón, porque así es como han funcionado las cosas en esta democracia sin demócratas nuestra. Algo que está en el origen mismo de esa corrupción que ha terminado con el Régimen del 78, hoy un cadáver en demanda de cristiana sepultura. Porque hay una corrupción obscena, practicada casi a la vista del público, la de los Correa y sus Gürtel, pero hay otra mucho más sofisticada, más sutil: la de aquellos que viniendo obligados por razón de cargo a cumplir y hacer cumplir la Ley, no solo traicionan este principio sino que reman a favor de los poderosos dispensadores de prebendas, bien manufacturando leyes a beneficio de las elites, o sencillamente no legislando porque hacerlo perjudicaría los intereses de esos “extractivos” grupos de poder.

Políticos en los Consejos de Administración

El sector energético está lleno de una letanía de injurias en forma de decisiones políticas y cálculos erróneos (las disparatadas primas a las renovables, por ejemplo, que han provocado un exceso de capacidad que, de una forma u otra, al final termina pagando Juan Español), buena parte de los cuales cabe sospechar interesados. Una reedición del “No sabes escuchar ruegos baratos,/ y sólo quien te da te quita dudas;/ no te gobiernan textos, sino tratos” del soneto del ilustre Quevedo. Y al perder la poltrona, el premio gordo de la lotería de Navidad siempre va a parar al legislador jefe y sus distinguidos comparsas. Alberto Nadal en REE, Ana Palacio en Enagás, Ángel Acebes en Iberdrola, Felipe González en Gas Natural, Pedro Solbes en Enel, Elena Salgado en Enersis Chile, José María Aznar en Endesa… La lista es muy larga. Incluso Josep Borrell en Abengoa, condenado hace menos de un año por la CNMV a pagar 30.000 euros por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de la andaluza de su propiedad, ligero traspié que por lo que parece no ha sido obstáculo para que el citado haya sido cooptado para dirigir la política exterior de la Unión Europea.

Es la prueba del nueve de la pobre calidad de la democracia española: la confusión entre lo público y lo privado de que hace gala nuestra clase política; el desprestigio de unas instituciones incapaces de servir al interés general; la existencia de barreras que aún hoy impiden la libre competencia en tantos y tantos sectores; la capacidad de algunos curiosos “grupos extractivos”, caso ahora de los taxistas, para poner al Gobierno de rodillas si se lo proponen. Y ello por no hablar de las restricciones que el propio Estado, inveterado perseguidor de vidas y haciendas, impone a la libertad individual, la más notoria de las cuales atañe al permanente atraco vía impuestos al producto del trabajo y el esfuerzo personal. Este es un país disfuncional, carente de esa urdimbre democrática de siglos que hace posible que tipos con el cerebro mal pertrechado y la voluntad mellada consigan llegar a la presidencia del Gobierno, caso del infausto Zapatero, del inane Rajoy y de esta bomba de relojería que el PSOE ha entronizado en Moncloa con la ayuda de los variopintos enemigos de la libertad y la igualdad entre españoles llamada Pedro Sánchez. En este entorno, será un milagro que José María Marín Quemada logre en otoño meterle mano a los sobreprecios que eléctricas y gasistas han venido facturando a los consumidores con el v/b del Gobierno de turno.

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