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Margarita Batallas

Opinión

El Constitucional y Puigdemont, o cuando lo urgente aparca lo importante

Juan José González Rivas.
Juan José González Rivas.

Los magistrados del Tribunal Constitucional reciben dos viernes al mes el orden del día del pleno que celebran desde los martes hasta los jueves. Los magistrados estudian entre pleno y pleno las sentencias o los autos que van a dictar en esas sesiones. Sin embargo, en los últimos meses estos planes se vienen abajo porque han de incorporar a la discusión alguna cuestión relacionada con el desafío independentista. En su lenguaje, este añadido al orden del día se llama adición. Pues bien, en el pleno de esta semana se repite la historia y los jueces han vuelto a examinar la demanda que el Gobierno presentó contra la investidura de Carles Puigdemont.

Los magistrados incorporaron esta adición después de recibir un informe del líder independentista el pasado 23 de febrero en el que les pedía que se pronunciaran sobre la admisión o no de la demanda del Ejecutivo de Mariano Rajoy porque hasta que no lo hagan no puede acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En un escrito anterior, el líder independentista defiende su derecho a ser investido como president y acusa a los jueces “de la jurisdicción penal”, es decir, al Tribunal Supremo, de llevar a cabo “una intromisión ilegítima en el funcionamiento de una cámara parlamentaria” por haber dictado su ingreso en prisión, y el de los consejeros que huyeron junto a él a Bélgica, así como de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez  (aspirante a presidir el Govern), Jordi Cuixart y Joaquin Forn. Además, acusa al TC de otorgar “un trato discriminatorio” hacia “determinadas opciones políticas”.

El TC fue informado en el pleno de la decisión de Torrent de anular la investidura de Puigdemont y la designación de Sánchez para presidir el Govern

Los jueces empezaron la sesión con la intención de admitir el recurso del Gobierno, pero durante el debate fueron informados de que Roger Torrent, presidente del parlamento catalán, había publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña la designación del preso Jordi Sánchez como candidato a la presidencia del Govern y de que había fijado para el 12 de marzo la sesión de investidura.

Los magistrados tuvieron que buscar entonces una salida porque entendieron que ya no podían suspender un acto que había sido anulado “por el autor de la convocatoria”, es decir, por Torrent. Sin embargo, el TC no quería dejar ningún cabo suelto y optó por otra solución “tacticista” y acordó mantener las medidas cautelares que acordó el pasado 27 de enero en las que exigía la presencia de Puigdemont en el debate y prohibía su elección telemática por si acaso el político huido se vuelve a promover para este cargo si la investidura de Sánchez no se lleva a cabo al no contar con la autorización del Tribunal Supremo.

Algunos magistrados muestran su preocupación por tener que dedicar tanto tiempo a Cataluña, restándole dedicación a asuntos que afectan al conjunto de los españoles

Tras este acuerdo, los jueces intentarán esta semana recuperar el debate de otras sentencias de importante calado como es el recurso presentado por el PSOE y varias comunidades autónomas contra la LOMCE. Hace un par de semanas, el TC ya tumbó las ”becas Wert” para estudiar en castellano en Cataluña. Ahora deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de la segregación por sexos en los colegios y las clases de religión y de ética. Otro asunto pendiente de fallo es el que afecta a la relación del Gobierno con el Parlamento, es decir, a la capacidad del Ejecutivo de vetar propuestas de la oposición.

 Algunos jueces del TC explican que empiezan a estar cansados de tener que dedicar tanto tiempo a unos dos millones de ciudadanos, los votantes de los partidos independentistas catalanes, y restarlo al resto de españoles que esperan respuestas a temas tan sensibles como la educación o la gobernabilidad. Por ello, reiteran que el desafío catalán debe ser resuelto por los políticos. Y comparan esta crisis con la de un enfermo en fase terminal. “Cualquier solución siempre es mala”, afirman. Y es que como dijo Lord Byron: “Apenas son suficientes mil años para formar un Estado, pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo”. Bien lo saben los jueces del TC que emplean una hora, o unas horas, en desmontar la República catalana. Y lo hacen porque, a pesar de sus quejas, en el fondo saben que en esta ocasión lo urgente coincide con lo importante.



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