Tarde o temprano en Cataluña deberá haber un plan b; eso es indudable. Estén o no justificados los cargos de rebelión, las prisiones preventivas y la suspensión del autogobierno, la gigantesca división social y política sólo se podrá resolver mediante una solución negociada.
Los detalles generales del acuerdo son también bastante claros. Cataluña tendrá un nuevo sistema de financiación autonómica, como parte de una reforma global del sistema de financiación de las administraciones regionales en todo el país. Esto debe hacerse no como una cesión para contentar a los independentistas, sino porque los independentistas tienen razón cuando dicen que el sistema actual es un galimatías sin sentido que pone el gasto en mano de las comunidades, pero no la recaudación fiscal.
El pacto también incluirá una reforma del Senado, de nuevo porque es algo que tiene sentido hacerlo. Es incomprensible que las administraciones públicas que gestionan directa o indirectamente la mitad del gasto público en España sólo puedan hablar y debatir entre ellas de vez en cuando en conferencias de presidentes, y no tengan apenas voz en el proceso legislativo nacional. El acuerdo también incluirá un componente de blindaje competencial en materias cultural y lingüísticas para las comunidades que así lo pidan, porque es justo que las minorías nacionales puedan decidir sin injerencias ello.
Finalmente, es necesario que el acuerdo incluya un procedimiento formal para convocar un referéndum para votar una secesión. Algo reglado, que exija supermayorías amplias y estables, y que ofrezca garantías de una votación justa, imparcial y abierta, así como límites sobre la frecuencia de esa convocatoria.
Algunas de estas medidas pueden ser aprobadas mediante ley orgánica (financiación); otras requieren una reforma constitucional simple (Senado, blindaje). El referéndum requiere una reforma constitucional agravada, algo políticamente difícil pero quizás necesario si realmente queremos una reconciliación duradera. Es necesario hacer ese esfuerzo; arreglar este problema va a exigir políticos valientes, capaces de llevar el país hacia cambios legales duraderos.
Los independentistas se han llenado la boca de palabras como diálogo, pacto, negociación y acuerdo mirando a Mariano Rajoy y el gobierno de Madrid, mientras han ignorado sistemáticamente al 53% de catalanes"
La mayoría de los artículos sobre la solución al conflicto catalán se quedan aquí, en la lista de medidas necesarias para hacer de España un sistema plenamente federal con una cláusula de secesión legal. Son ideas válidas; es más, creo que son necesarias no sólo para Cataluña, sino para mejorar la calidad institucional de España en general. Sin embargo, soy de la opinión que estas reformas por sí solas no bastarían para solucionar el problema, ya que parten de una idea equivocada sobre el conflicto catalán.
Los secesionistas siempre insisten que esto es un problema entre Cataluña y el resto de España. La voluntat del poble catalán exige democracia, dignidad, derecho a decidir e independencia, y los malvados gobiernos españoles quieren impedirlo. El conflicto real, sin embargo, es entre catalanes. Más concretamente, es entre el 47% de votantes que apoyan a los partidos secesionistas, la mayoría fuera del área metropolitana de Barcelona, y el 53% que se oponen a la secesión.
Durante los últimos años, los independentistas se han llenado la boca de palabras como diálogo, pacto, negociación y acuerdo mirando a Mariano Rajoy y el gobierno de Madrid, mientras han ignorado sistemáticamente al 53% de catalanes que no tienen la más mínima simpatía por la secesión. Esta división dentro de Cataluña es lo que garantiza que una reforma en profundidad del sistema autonómico no vaya a solucionar por si sola el problema.
Por mucho que mejorar el acomodo de la región en España sea necesario, la división dentro de Cataluña seguirá intacta. La mitad de la sociedad catalana seguirá oponiéndose a la secesión; la otra mitad seguirá trabajando por conseguirla, ignorando activamente al resto. Gracias a una ley electoral favorable que les garantiza el control de la Generalitat y una amplia representación en ayuntamientos, comarcas y diputaciones en la mayor parte del territorio, los independentistas seguirán gobernando de espaldas a la mitad de los catalanes. Mantendrán la misma hegemonía institucional de siempre, pero con aún más poder político. Un acuerdo federal, sin más, no haría más que agravar el problema, empeorando aún más la creciente división social.
Es por este motivo que cualquier paquete de reformas para solucionar el problema catalán a largo plazo debe ir más allá de meras reformas en el sistema autonómico, sino que también debe incluir reformas de calado en las instituciones catalanas. Cualquier cambio legal que dé más poder y autonomía a los nacionalistas catalanes debe incluir como condición irrevocable la obligación de que estos compartan ese poder con la otra mitad de la sociedad catalana que llevan años excluyendo del sistema político.
Los partidos secesionistas llevan años autoconvenciéndose que Cataluña son ellos, y que todos aquellos que les critican son franquistas, autoritarios, antidemócratas o algo peor"
Esto puede requerir, por ejemplo, un cambio de la ley electoral catalana que la haga estrictamente proporcional, obligando a los partidos a tejer acuerdos transversales para formar gobierno. También puede que sea necesario descentralizar las competencias de la Generalitat dando mucho más poder a las veguerías “tabarnesas”, siguiendo indirectamente el modelo vasco de sobrerrepresentar Álava en las instituciones. Si queremos ir más allá, podemos establecer mecanismos consocionales en el mismo estatuto, obligando que las instituciones tengan representación paritaria nacionalista/unionista.
Estos cambios legales son necesarios por dos motivos. Primero, porque es necesario garantizar que las instituciones catalanas reflejan la diversidad de la sociedad que representan. El diálogo dentro de Cataluña es más importante que entre los independentistas y el gobierno central.
Segundo, porque a no ser que los partidos independentistas ofrezcan garantías creíbles que no van a volver a utilizar las instituciones bajo su control para subvertir el orden constitucional y excluir a la mitad de los catalanes, ningún presidente del gobierno español o coalición de partidos nacionales debe asumir que el desastre institucional actual no volverá a repetirse. Nadie con dos dedos de frente se planteará la posibilidad de ofrecer un mecanismo de referéndum de secesión a nadie que pueda utilizar las instituciones como los nacionalistas hicieron el año pasado. La posibilidad de secesión sólo deber existir bajo la condición que las instituciones catalanas estén basadas en el consenso, y garantías creíbles que el referéndum sólo se convoque con un amplio apoyo social.
Este doble acuerdo, obviamente, no será fácil. Los partidos secesionistas llevan años autoconvenciéndose que Cataluña son ellos, y que todos aquellos que les critican son franquistas, autoritarios, antidemócratas o algo peor. Si quieren diálogo, sin embargo, deberán atenerse a la realidad que el país también incluye a los millones de catalanes que han dejado al margen durante los años del procés. Si quieren reformas federales y derecho a la secesión, deben convencer no sólo a Rajoy sino también al 53% de catalanes que no les han votado que pueden hacer política de forma responsable.
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