Cincuenta mil muertos

“Quienes comprendemos la vida nos reímos de los números.” A. de Saint Exupéry, El principito.

Uno de los debates más tristes, y sin embargo importantes, de las últimas fechas está relacionado con las cifras de fallecimientos que, diariamente, desgrana Fernando Simón, director del CCAES, y que causan malestar a quienes, como yo, llevamos tiempo advirtiendo de la llegada de le enfermedad y haciendo un seguimiento de distintas fuentes que desafían la verdad oficial.

A fecha de 27 de mayo, el ministerio de Sanidad anuncia un total de 27.117 fallecidos por la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, denominada covid-19, tras la reducción de 1.918 del lunes 25. Se alude a un enésimo cambio de metodología introducido por el equipo de expertos del ministerio, lo que ponía el foco, de nuevo, en la calidad de los datos que con los que estamos trabajando. El primero de ellos ocurrió ya antes de la declaración del estado de alarma, lo que me llevó a renunciar a efectuar predicciones tan pronto como el día 17 de marzo. Si hay un área donde los modelos predictivos funcionan con gran exactitud es el de las enfermedades infecciosas como la actual; pese a ello, otros investigadores de la pandemia como Miguel Sebastián o @CoronaRealTime han tirado la toalla por los continuos, inexplicados e inexplicables cambios del equipo encargado.

Series históricas

Una de las condiciones básicas que debe exigirse a cualquier serie temporal es la de ser reproducible; así, las series históricas de fallecimientos en accidentes de tráfico de la DGT o la de precios del INE son ejemplos de buen hacer. Por supuesto que han ocurrido cambios en la definición de los elementos base, como la del número de días que transcurren desde la fecha del accidente hasta el fallecimiento para que la persona sea considerada como fallecida en el mismo, o las ponderaciones de los distintos componentes en el IPC; pero eso no ha impedido nunca a los investigadores trabajar con ellas, por la transparencia de las hipótesis, la comunicación de las mismas y los enlaces de las más series antiguas a las nuevas. Todos esos elementos se pierden en este caso.

Si para el CCAES los fallecidos por covid-19 son 27.117, para las CCAA sometidas al mando único del ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa, las muertes alcanzan las 43.456 en la misma fecha, como recoge Luis del Pino en su recorrido diario por las tablas oficiales. La diferencia de 16.339 personas se debe, nuevamente, a un cambio metodológico, pues si Simón y su equipo sólo recogen fallecimientos confirmados con prueba positiva de PCR, las CCAA, ante la ausencia de test, incorporan también las pruebas serológicas y los fallecimientos sin prueba, pero con diagnóstico positivo de un profesional sanitario.

A pesar del aumento del 60% sobre las cifras de Simón, desgraciadamente el valor sigue estando alejado de la realidad. Una de las defensas que esgrimían los seguidores acérrimos de la verdad oficial, los famosos sologripistas, ha sido que las muertes reflejadas por el MoMo eran bastante compatibles con las ofrecidas por Simón e Illa. Gestionado por el Instituto de Salud Carlos III y el Centro Nacional de Epidemias, como es sabido es un sistema para la vigilancia de la mortalidad diaria por todas las causas en España, cuyo objetivo es identificar patrones inusuales de mortalidad y estimar el impacto en la mortalidad de la población de cualquier evento de importancia para guiar la acción en Salud Pública. Se desarrolló tras la ola de calor del verano de 2003 para monitorizar las muertes producidas por todas las causas a partir de la información procedente de los registros civiles españoles informatizados, con una cobertura que alcanza ya alrededor del 95% de la población.

Cierto que este exceso de mortalidad, como he señalado, no se debe exclusivamente a la covid-19, pero el alejamiento de las cifras oficiales empieza a ser preocupante

Es evidente que el MoMo ofrece una muy buena información, aunque menos precisa que la que el INE ofrece en sus series anuales; sin embargo, estas solo se conocen después de mucho tiempo, lo que hace que sea, a pesar de su exactitud, un sistema demasiado lento para situaciones de emergencia como la actual. De ahí la importancia del MoMo. Pues bien, esta semana el sistema ha incorporado repentinamente 12.205 nuevos fallecimientos, llevando la serie de los aproximadamente 31.000 del martes (superiores pero cercanos a los 27.000 del CCAES) a más de 43.000. Cierto que este exceso de mortalidad, como he señalado, no se debe exclusivamente a la covid-19, pero el alejamiento de las cifras oficiales empieza a ser preocupante. La razón fundamental de ese afloramiento repentino hay que buscarla en los retrasos que se han venido produciendo en los registros civiles debido a la sobrecarga de trabajo estas pasadas semanas. Y nadie, a estas alturas, ha señalado que ya estén al día.

Efectivamente, otras fuentes llevan a pensar que sigue existiendo retraso en la comunicación de los fallecimientos, por lo que la cifra real estaría, ya hoy, por encima de los 50.000 fallecidos por la enfermedad. A finales de abril se conoció que MAPFRE asociaba a la covid-19 un total de 3.100 de sus servicios de las pólizas de decesos. Ese dato es compatible con los de alguna otra aseguradora que no los ha hecho públicos, y que permiten estimar en alrededor de 50.000 los fallecidos por la enfermedad al finalizar el cuarto mes del año, como señalaba aquí. Si esa fue la primera estimación de tal cantidad de fallecimientos, posteriormente hemos conocido que los muertos que señalaban las cifras oficiales en Castilla La Mancha y Castilla y León a finales de abril eran prácticamente la mitad de los que los registros civiles de esas comunidades autónomas reflejaban, lo que, extrapolado al resto de España, nos vuelve a acercar a los 50.000 fallecidos a finales de abril. Asimismo, un informe de una consultora señalaba a mediados de mayo que los muertos superaban ya los 50.000.

La terrible cifra de los pensionistas

A estas tres estimaciones hay que añadir la procedente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal de las residencias de ancianos de España, que confirmaba la muerte de más de 17.500 ancianos con covid-19 o síntomas compatibles, no recogidos en las cifras de Simón, volviendo a superarse, así, las 50.000 muertes. Por último, hemos conocido que la nómina de las pensiones a 1 de mayo ha caído un 0.27%, por primera vez en la serie histórica. Sólo un acontecimiento excepcional puede provocar que, en una situación de paz, en un país envejecido, con la segunda mayor esperanza de vida del mundo, considerado como el octavo mejor destino del mundo y segundo mejor de Europa, y con un magnífico sistema de salud, el número de pensiones haya caído en alrededor de 51.000 en los tres meses que van de febrero a abril. La caída bruta esconde una realidad terrible: faltan también los pensionistas que han dejado de sumar, en un país en el que se han incorporado una media de 118.000 pensionistas adicionales cada uno de los diez últimos años.

No se trata aquí de acudir al consenso al que algunos apelan siempre cuando defienden la “emergencia” climática. No se trata de saber si es mejor una forma de inferir los resultados u otra. Se trata, fundamentalmente, de guardar el debido respeto a los fallecidos y a sus familias, de no descargar la responsabilidad de quien ha gestionado la crisis sin criterio. Se trata, también, de observar que las cifras que manejan el CCAES, el ministerio de Sanidad y el Gobierno, los valores con los que alimentan a los organismos internacionales y a unos medios de comunicación que parecen haber renunciado a su labor de fiscalización de la verdad oficial, son o no sostenibles. Yo mantengo que no lo son, aunque quizá, como el Principito, debería ser el niño que los miembros del Gobierno llevan dentro para así entender que la vida es mucho más bonita sin números.