Cataluña es más pobre que en los días posteriores al 1-O, cuando centenares de empresas comenzaron a fugarse de su tierra por la inestabilidad política. Hoy nadie lo duda. Salvo esa parte de la población catalana ciega por esa sed de independentismo que condenará a Cataluña a 100 años de pobreza. La posibilidad de un nuevo gobierno independentista tras el 21-D incrementa la inestabilidad de Cataluña como foco de atracción económica. Un efecto devastador a medio y largo plazo que la adrenalina independentista todavía no ha reparado. Un efecto ya devastador en el corto plazo para todas aquellas profesiones –notarios, registradores- que certifican a diario decenas de operaciones en Cataluña que generan cada una de las empresas que han emprendido la tocata y fuga. No se engañen, cuando Caixabank o Sabadell completan una emisión de cualquier tipo de deuda, ese acto genera riqueza directa en Cataluña. Ahora, esos efectos directos se han trasladado directamente a Valencia o Alicante. Y no hay camino de retorno. El argumentario independentista asegura que las empresas retornarán a Cataluña. Lo mismo dijeron muchos líderes políticos vascos hace décadas ante la fuga de firmas. Los órganos de decisión de BBVA nunca regresaron a Bilbao. Idéntico viaje realizó Iberdrola. El traslado de sede social no es un mero billete de Euromed o AVE para el consejero de turno de Barcelona a Valencia, Alicante o Madrid. Es el inicio de un silencioso movimiento de estructuras que apoyan el cambio social y fiscal, en algunos casos. Estructuras que moverán personas y reestructurarán las organizaciones. Tiempo al tiempo.
Un total de 3.120 compañías han trasladado su sede social de Cataluña a otras regiones de España desde el ilegal referéndum del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores. Anteayer, 20 de diciembre, se fugaron otras 24 empresas más. Y aunque el cambio de sede no tiene porqué ir acompañado del de domicilio fiscal, hasta los primeros días de noviembre, cerca de 1.000 empresas cambiaron su sede fiscal de Cataluña a otras regiones, según la Agencia Tributaria. El traslado social no implica ningún cambio operativo para la empresa, pero el fiscal sí exige que se trasladen las juntas y parte de la gestión operativa a la nueva sede. Las 62 principales empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña suponen un impacto directo en el PIB catalán de 11.540 millones, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la economía española en su conjunto. Pobreza motivada por el órdago independentista.
La fuga de empresas tiene otro efecto demoledor para la economía catalana. Cataluña ha dejado de ser el number one de aportación al Producto Interior Bruto (PIB) nacional en detrimento de Madrid. Una posición que es mucho más que un eslogan para las empresas y los grandes inversores a la hora de tomar decisiones. Otra pésima ‘x’ en la casilla de Puigdemont y compañía. Pero el mayor efecto del 21-D es, sin duda, la incertidumbre política, sinónimo también de pérdida de riqueza. Las gentes del dinero, fondos y similares, saben cómo manejar este tipo de situaciones para lograr importantes descuentos en sus inversiones. Baste un ejemplo. Un importante fondo ha decidido reducir sensiblemente el precio de la cartera catalana de un gran paquete inmobiliario nacional que tiene a la venta una entidad financiera. Minimizar el riesgo ante lo que pueda suceder.
La cohorte independentista no habla de economía salvo en esa ‘moleskine’ en las que niegan el pan y la sal a la viabilidad económica de la república catalana"
Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos. Porque desgraciadamente, el tema catalán amenaza no sólo con ralentizar el crecimiento de la economía española sino con convertirse en un castigo de hondas consecuencias para la economía española.
Por eso, la cohorte independentista no habla de economía salvo en esa ‘moleskine’ en las que niegan el pan y la sal a la viabilidad económica de la república catalana. Ni rastro de economía en su ley de Transitoriedad ni tampoco en programa electoral alguno. Quizás, simplemente, porque su plan para empobrecer a los catalanes –eso supondría la independencia- es a nivel económico tan a las bravas como lo ha sido a nivel institucional. No reconocer las deudas con el Estado, como anticipo de un probable impago, en base a esa legitimidad en la que impusieron la aprobación de las leyes del referéndum y de la desconexión.
El castigo del independentismo a la economía catalana es superlativo. Un último dato. La inversión extranjera productiva ha caído un 75% en Cataluña en el tercer trimestre del año, según datos del Ministerio de Economía a los que ha tenido acceso este periódico. Estas cifras no recogen aún el efecto post referéndum, pero sí toda la campaña previa. Es decir, que puede que cuando se conozcan las cifras del cuarto trimestre la caída en Cataluña sea incluso mayor y más preocupante. Y es que si Cataluña recibió en el tercer trimestre de 2016 más de 2.000 millones en inversión extranjera, este año ha recibido solo unos 500 millones.
Gabriel García Márquez escribió ‘100 años de soledad’. Puigdemont, el político a la fuga que puede volver a ser investido ‘president’ antes de acabar con sus huesos en la cárcel, relata ya otro título para Cataluña: ‘100 años de pobreza’.
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