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Enrique Feás

Opinión

Brexit: todavía hay jueces en Londres

La separación de poderes funciona en el Reino Unido. Los jueces no son tontos, le acaban de recordar a Boris Johnson, que toma buena nota

Boris Johnson, nuevo ministro de Exteriores británico.
Boris Johnson, nuevo ministro de Exteriores británico. EFE

A mediados del siglo XVIII, Federico II el Grande, Rey de Prusia, decidió construir un nuevo palacio como residencia de verano en Sanssouci, a las afueras de Potsdam. Una vez instalado, pronto se vio importunado por el ruido de un molino cercano y dio orden de adquirir el terreno a su propietario y echarle de allí si se negaba. El molinero acudió a los tribunales, que le dieron la razón: nadie, ni siquiera el Monarca, podía desalojarle de su propiedad. Cuando recibió la sentencia, el Rey no solo no se molestó, sino que, admirado de la valentía e independencia del poder judicial en su reino, exclamó: “Todavía quedan jueces en Berlín”.

En el Reino Unido, aunque el Brexit ha deteriorado la esencia misma de muchas instituciones, todavía quedan jueces en Londres dispuestos a enfrentarse al Ejecutivo y, si hace falta, a la Corona. En esta ocasión fue Lady Hale, una magistrada de 74 años quien, con un broche de araña plateado como única decoración sobre su negra toga, resumió ante las cámaras de televisión el contenido de una sentencia aprobada por unanimidad y doblemente maravillosa: por el fondo, pues constituye toda una oda a la primacía de la soberanía parlamentaria y a la separación de poderes, y por la forma, porque está escrita con un inglés pulcro y elegante, con la claridad que solo se puede permitir quien está muy seguro de lo que es justo.

Confieso que, aunque era evidente que Boris Johnson suspendió el Parlamento durante cinco semanas para que los parlamentarios no le molestaran, muchos pensamos que el hecho de que dejase un par de semanas antes de la fecha límite del 31 de octubre permitía darle una apariencia de legalidad a la suspensión, y hacía difícil demostrar el abuso de poder. Lady Hale, sin embargo, al igual que los diez jueces restantes del Tribunal, consideró que lo importante no era la idea que tuviera el primer ministro en la cabeza cuando decidió suspender el Parlamento, sino el resultado.

Es decir, la sentencia viene a establecer que, con independencia de las intenciones ocultas de Johnson o su asesor –inescrutables, pues la decisión nunca se motivó–, el triple hecho de que la suspensión sea anormalmente larga, impida claramente que el Parlamento ejerza sus funciones constitucionales (legislar y controlar al Ejecutivo) y no esté justificada hace presuponer que constituye un abuso de poder, y por tanto es ilegal y nula de pleno derecho. Como ilegal y nulo fue también el consejo que el primer ministro le dio a la Reina, y el anuncio de suspensión que los emisarios reales llevaron a la Cámara de los Lores, que equivalía “a un papel en blanco”, según gráficamente expresó la presidenta del Tribunal.

La sesión parlamentaria sigue, por tanto, su curso. ¿Qué efectos puede esto tener respecto al Brexit? Por desgracia, pocos. A poco más de un mes para que venza el plazo, las posibilidades de evitar un Brexit sin acuerdo siguen siendo tres.

En primer lugar, que el gobierno consiga cerrar un nuevo Acuerdo de Salida que sea aprobado por el Parlamento. El optimismo inglés sobre la marcha de las negociaciones no se corresponde con la realidad. Más allá de confirmar que la estrategia de Boris Johnson nunca fue tan suicida como para querer entrar en noviembre como primer ministro liderando un Brexit sin acuerdo (al menos, imputable a él), la insistencia sobre la buena marcha de las negociaciones tiene una parte de verdad, dos de mentira y tres de ingenuidad.

La parte de verdad es que la delegación británica está negociando sobre la base de lo que es la única solución razonable para el Brexit: una salvaguarda aplicable solo a Irlanda del Norte (y no con una unión aduanera extensible al resto del Reino Unido), que era la propuesta inicial de Barnier. Las dos partes de mentira, son, por un lado, que para que una salvaguarda evite una frontera física no basta con que Irlanda del Norte tenga el mismo régimen arancelario y de regulación sanitaria y fitosanitaria (SPS) que la UE, sino que es preciso completarlo con controles en el mar de Irlanda para los productos que llegan de Gran Bretaña –sujetos a regulación, impuestos y aranceles diferentes y que, una vez desembarcados, circularían libremente por la UE–, algo a lo que por el momento se oponen los británicos; y, por otro, que el gobierno de Su Majestad quiere darle a Irlanda del Norte poder para modificar la regulación SPS, algo que la UE jamás podría aceptar.

El fin de la carrera política e Johnson

En cuanto a las tres partes de ingenuidad, se derivan de que, incluso aunque al final hubiera un nuevo acuerdo que asumiese los controles en el mar de Irlanda y los demás requisitos, nunca pasaría el triple filtro parlamentario: el de los conservadores y unionistas, muchos de los cuales jamás validarán nada que les insinúe que Irlanda del Norte no es exactamente lo mismo que Gran Bretaña; el de los laboristas, cuyos votos necesitan indefectiblemente y que –aunque tengan dudas sobre si quieren o no el Brexit– nunca van a aprobar ningún acuerdo que salve a un Boris Johnson acorralado y en minoría; y el de la coalición anti-Brexit formada por liberal-demócratas, verdes, escoceses y galeses, que quieren seguir en la UE y jamás aprobarán un acuerdo que haga efectiva la salida. Con esta receta, el fracaso está asegurado.

La segunda posibilidad de evitar una salida sin acuerdo es que Boris Johnson cumpla la ley y, llegado el 19 de octubre sin Acuerdo de Salida, pida una prórroga a la UE. Pero eso no solo supondría el fin de la carrera política de Johnson, sino también un duro golpe para las posibilidades electorales del partido conservador a costa de su archienemigo, el Brexit Party de Nigel Farage. Veo más probable que Johnson dimita antes de tener que pasar por ese trago (aunque este hombre es realmente imprevisible).

El relato no será el mismo si la prórroga la solicita el propio Johnson que si la ha solicitado un Gobierno de concentración tras su dimisión

La tercera y última posibilidad de evitar un Brexit caótico es que la prórroga la pida un gobierno de concentración nacional tras una moción de censura contra Boris Johnson, o tras la dimisión de éste (la salida del actual primer ministro no bastaría: de no ser sustituido, tendría en su mano elegir la fecha de las nuevas elecciones). Una moción de censura precipitada resulta, sin embargo, bastante arriesgada –aunque algunos como el Financial Times la defiendan– por dos motivos. Primero, porque provocar la salida de Johnson antes de que pida la prórroga es hacerle un favor: si su estrategia ha sido siempre fingir que iba directo a una salida sin acuerdo para que alguien asumiera por él la responsabilidad de pedir la prórroga (si la UE no cedía antes, algo casi imposible), echarle antes de que se vea obligado a cumplir la ley es regalarle una imagen de defensor del Brexit a toda costa y de “víctima de las elites parlamentarias” que, en una campaña electoral muy cercana, sabría aprovechar convenientemente.

Y es que, de cara a unas inevitables elecciones tras una prórroga, el relato no será el mismo si la prórroga la ha solicitado el propio Johnson que si la ha solicitado un Gobierno de concentración tras la dimisión del primer ministro o tras una moción de censura contra él. Johnson lo tiene claro, y en ese sentido hay que interpretar muchas de sus provocaciones de estos días. El segundo riesgo es que, debido al rechazo que suscita Jeremy Corbyn por su incompetencia e indefinición, el Parlamento sea incapaz –una vez más– de ponerse de acuerdo, en este caso sobre quién lideraría el gobierno de concentración nacional, lo que conduciría a un Brexit sin acuerdo por accidente.

El despotismo está de vuelta

¿Sirve entonces para algo la sentencia, más allá de distraer a gobierno y Parlamento del asunto principal? Sí, para dos cosas. En primer lugar, para recordarnos que en el Reino Unido el Estado de derecho y la separación de poderes siguen funcionando, pese a las tentaciones populistas del ejecutivo. Algo es algo. Y, en segundo lugar, para recordarle a Boris Johnson que los jueces no son tontos, y que se enfrentarán con firmeza a cualquier triquiñuela legal para evitar tener que pedir la prórroga exigida por la Ley Benn, si no hay acuerdo antes del 19 de octubre.

El conflicto de poderes en el siglo XVIII en Prusia terminó bien, pero entonces eran los tiempos del despotismo ilustrado. Hoy en el Reino Unido el despotismo está de vuelta, pero hay que tener cuidado, porque lo de ilustrado –pese a las élites de Eton– es algo bastante más dudoso.

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