El domingo 30 de diciembre de 2018, un día antes de abandonar la presidencia del BBVA, Francisco González apareció en la portada de El País Semanal bajo el título "El banquero outsider". En páginas interiores se incluía un amplio reportaje con declaraciones del banquero a modo de testamento tras 19 años al frente de una de las entidades financieras más importantes de Europa. Era el supuesto broche de oro a una dilatada carrera.
González seguramente quedó muy satisfecho con aquel reportaje, pero la alegría apenas le pudo durar más de una semana. El 7 de enero de 2019, su imagen y la del banco quedaron seriamente dañadas cuando se conoció que el BBVA encargó al excomisario José Manuel Villarejo una serie de espionajes para conocer quién estaba detrás del intento de asalto a la entidad por parte de la constructora Sacyr en el año 2004.
Todo lo que vino después de ese 7 de enero fueron malas noticias. Para FG, pero también para el banco. Una semana más tarde, el nuevo presidente de la entidad, Carlos Torres, se vio obligado a romper amarras con su predecesor y dijo sentirse avergonzado por las prácticas reveladas por la prensa. El ambiente se caldeó tanto entre Torres y FG que el 15 de marzo, apenas un día antes de la Junta General de Accionistas, González renunció a la presidencia de honor de la empresa.
Mientras tanto, la Justicia fue haciendo su trabajo y en julio imputó a ocho directivos del BBVA por los delitos de cohecho y revelación de secretos. En agosto se sumó la imputación del propio banco. Y el 14 de noviembre acabó imputado hasta el mismísimo González.
Annus horribilis
Annus horribilis sin paliativos para el BBVA. Ni los peores años de la crisis económica, con enorme desprestigio de las entidades financieras, pueden igualar los últimos doce meses. La sombra de la corrupción y las malas prácticas ha empañado cualquier buena noticia para el banco. Y, aunque los hechos tengan que ver con otra época, lo cierto es que Torres tampoco ha estado muy ducho a la hora de lidiar con esta crisis reputacional.
El BBVA, que tradicionalmente ha sido uno de los bancos más opacos de España, ha acentuado este año su alejamiento de todo lo que tenga que ver con la transparencia. Con excepción de un par de comunicados obligados por los acontecimientos, se han echado en falta más explicaciones, y más detalladas, sobre todo lo sucedido con Villarejo. Es verdad que el caso está sub iúdice y bajo secreto de sumario, pero el daño en la imagen no entiende de plazos legales.
El banco realizó una investigación interna en 2018 y en enero encargó otra a un equipo de consultores externos. Los resultados de las pesquisas no se conocen del todo, pero apuntan con claridad a que Villarejo facturó a la entidad un máximo de 12 millones de euros entre los años 2004 y 2017.
La relación de Villarejo con el BBVA se estableció a través de Julio Corrochano, jefe de Seguridad del banco en 2004 y a quien FG y el entonces consejero delegado, Ángel Cano, le pidieron que tratara de averiguar quién estaba detrás de la maniobra de Sacyr. Corrochano acabó contratando para ese encargo a Cenyt, la agencia de detectives de su amigo Villarejo, con quien coincidió en la Dirección General de la Policía años atrás.
Por los espionajes del caso Sacyr, Villarejo le facturó a la entidad apenas 600.000 euros. Y no es hasta el año 2010 cuando el excomisario empezó a cobrar fuertes sumas de dinero del BBVA como consecuencia del encargo de la división inmobiliaria del banco para averiguar si algunas promotoras morosas estaban realmente en quiebra. Dado que ahí Cenyt cobraba un porcentaje del dinero recuperado, las cifras acabaron siendo mucho más cuantiosas y superaron los 8 millones de euros.
Finalmente, el excomisario hizo algunos trabajos más para el banco, informes de variopinto pelaje, normalmente poco elaborados y de dudosa utilidad, según aseguran fuentes conocedoras de su contenido. Los más importantes tuvieron que ver con Ausbanc, pero alguno de ellos también afecta directamente a FG porque tienen que ver con el uso de su avión privado o arreglos de seguridad en alguna de sus fincas.
Los culpables
Tanto las investigaciones del BBVA como las declaraciones ante el juez de algunos imputados apuntan a Corrochano como máximo responsable de la contratación de Villarejo. ¿Estaban FG y Cano al tanto? Del espionaje, casi seguro; de que se hubiera contratado específicamente a Villarejo, es mucho más discutible, pues en cualquier gran empresa el presidente no suele interesarse por el nombre de los proveedores.
La madre del cordero está en determinar quién sabía que se estaba contratando a Villarejo, pues el delito de cohecho se produce porque él por entonces todavía era policía
Contratar a una agencia de detectives es perfectamente legal, independientemente de lo que desde el punto de vista de la ética pueda parecer. Por eso la madre del cordero de este asunto está en determinar quién sabía que se estaba contratando a Villarejo, pues el delito de cohecho que imputa el juez se sostiene con el argumento de que se estaba contratando a un funcionario público, pues el excomisario seguía siendo policía en aquel entonces.
Aparte de ello, queda por ver cómo se dilucidan los delitos de revelación de secretos y de corrupción. El primero tiene que ver con la supuesta grabación ilegal de miles de llamadas a políticos, empresarios y periodistas, pero hasta el día en que se levante el secreto del sumario no sabremos el alcance real de este asunto. Y el segundo se sustenta en los supuestos regalos que recibieron algunos directivos del BBVA por contratar a Villarejo.
Según señalan fuentes conocedoras del caso, será muy difícil que los hechos anteriormente relatados lleven aparejada una condena judicial más allá de la figura de Corrochano. Otra cosa será, obviamente, la responsabilidad empresarial que cada cual deba asumir por unas actuaciones de dudosa ética. Porque, por mucho que el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, se esfuerce en desmarcarse de los hechos, lo cierto es que este feo asunto no caduca con 2019, sino que amenaza con seguir dando que hablar durante un par de años más. De ahí que la estrategia del avestruz quizás no sea la más adecuada para defender los intereses de una empresa con 125.000 empleados y 75 millones de clientes.
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