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Miguel Ángel Belloso

Opinión

Apreteu sí, pero al cabrón

No hay noticia de algún empresario catalán que haya sacado los pies del tiesto en defensa de la Constitución o repudiando los actos de vandalismo alentados desde el poder público autonómico

Quim Torra
Quim Torra

Hace poco más de dos años, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de desconexión y declaró la independencia, las entidades financieras residentes, y singularmente La Caixa, llamaron al ministro de Economía de la época, Luis de Guindos, pidiendo socorro. La fuga de depósitos estaba siendo alarmante y necesitaban cobertura legal para trasladar sus sedes fuera de Cataluña, como así ocurrió tras la aprobación de un decreto del Gobierno que facilitaba los trámites para aprobar la deserción en un tiempo exprés. Más de 6.000 empresas se han ido de allí desde entonces sin que haya noticia de que ninguna planee el regreso. El Gobierno de Rajoy, animado inexorablemente por el Rey, y después de vencer la resistencia casi numantina del líder socialista Pedro Sánchez, e incluso las reticencias que entones mostraba Albert Rivera, consiguió aplicar el artículo 155, aunque por un tiempo limitado, hasta la convocatoria de elecciones autonómicas, y una extensión acotada, evitando por ejemplo la intervención de la incendiaria televisión pública catalana, que era, y sigue siendo, oxígeno vital del proceso.

Su intervención fue en exceso prudente no solo por pereza, que posiblemente también, sino porque, además de abrir un periodo legal ignoto de desarrollo impredecible, jamás contó con la lealtad del Partido Socialista. Recuerdo estos hechos evidentes para realzar la perfidia con la que sigue comportándose este Gobierno en relación con los partidos constitucionalistas que hasta la fecha le han prestado todo su apoyo en el nuevo órdago, a pesar de la pasividad manifiesta y el propósito electoralista con el que está manejando el mayor asalto a la convivencia social y la concordia que hemos conocido los españoles desde la Transición. El secretario de Organización del PSOE, y uno de los hombres fuertes del Ejecutivo, el señor Ábalos, se ha permitido decir que lo que está ocurriendo estos días en Cataluña no es del todo culpa de los nacionalistas, sino de la gestión del señor Rajoy. Y lo dice así, con dos cojones, en los mítines que celebra y a los que asiste la masa idiotizada de acólitos que aplaude sin pudor esta colosal muestra de obscenidad.

Mientras tanto, aquellos empresarios a los que el Gobierno de Rajoy echó en su momento una mano sobrenatural para asegurarles la supervivencia, como era su obligación y su responsabilidad, están, igual que en los trances duros de hace dos años, desaparecidos en combate. No hay noticia de ningún empresario catalán, y los hay muy importantes, que haya sacado los pies del tiesto en defensa de la Constitución o repudiando los actos de vandalismo alentados desde el poder público autonómico. Tras varios días de discusiones, la patronal Fomento del Trabajo, Pimec (la de pequeñas empresas) y los siempre turbios y sedicentes sindicatos de trabajadores UGT y Comisiones Obreras han logrado pactar una declaración en favor del diálogo político para resolver el conflicto.

Colau y los 'excesos policiales'

Otra vez el puto diálogo, como si no hubiera sido ensayado hasta la extenuación durante el último siglo, y cuando Cataluña arde en llamas con un presidente de la Generalitat que ha sido el principal instigador e incluso partícipe de las revueltas, o cuando tenemos a los alcaldes independentistas, y singularmente a la iletrada y siniestra Ada Colau, que tiene por todo currículum la licenciatura en activismo okupa, decir que lo que está sucediendo en Cataluña es la consecuencia de los excesos policiales.

Hay más de doscientos policías heridos, alguno de gravedad, después de una semana continuada de violencia absolutamente trágica, con niveles de destrucción y de agresividad que no hemos visto en la historia de España jamás. Yo he estudiado mi carrera universitaria en Navarra, soy de allí, y conozco a la perfección lo que sucedió en los años de plomo en Pamplona, y sobre todo en el País Vasco. Por supuesto que la mayor parte de los días de aquellos tiempos delirantes había conflictos en las calles, la mayor parte de ellos circunscritos al núcleo histórico de las ciudades, donde los filoterroristas encontraban más resguardo para salir indemnes de sus ataques. Pero lo que nunca hubo es impunidad.

La policía cargaba con dureza contra los manifestantes, procedía a las detenciones que le era posible y hacía todo lo que estaba en su mano para sofocar las revueltas. Los cuerpos de antidisturbios de la Ertzaintza, ataviados con pasamontañas negros, y provistos de todo el armamento legal posible, eran temibles y practicaban una violencia de respuesta notablemente disuasoria. Y por supuesto contaban con el respaldo y el aliento de sus jefes.

En Cataluña, por el contrario, y singularmente en la capital, los cuerpos policiales se han limitado a resistir, algunos de ellos han estado acuartelados, y los responsables políticos les han impedido ejercer su función hasta el pasado viernes, cuando, en Barcelona, peligraron gravemente sus vidas, así como las de los vecinos, incluidas sus propiedades y haciendas. En Cataluña todavía hay responsables políticos dispuestos a estudiar los excesos policiales, cuando es evidente que lo que ha habido hasta el viernes pasado es una dejación inducida de las labores policiales de disuasión y persecución de los criminales a gran escala, que han tenido en vilo al conjunto de la nación.

Como a la grave irresponsabilidad de los políticos catalanes o a la falta de coraje cívico y social de los empresarios catalanes no son ajenos los medios de comunicación, todavía tenemos que leer al inefable Nacho Escolar que dos personas han perdido un ojo en los altercados de Barcelona, o al no menos delincuente intelectual Antón Losada explicando en 30 segundos por qué Sánchez debe coger el teléfono al xenófobo Torra y negociar con el cabrón.

Todo lo que está ocurriendo arriba del Ebro es el producto más rematado de una sociedad catalana gravemente enferma, con una falta alarmante de referencias civiles que reivindiquen y defiendan el sentido común y la hegemonía incuestionable de la ley, así como de unos medios de comunicación, sobre todo las televisiones privadas y públicas, y todos los digitales de izquierda, mayoritariamente aliados del presidente indigno que dirige la nación, que amparan la violencia. El pasado sábado, el diario El País -comandado por sus feministas radicales y los viejos progres de salón-, que es el buque emblemático del nocivo sanchismo, abría su edición en Cataluña con este titular indecente: ‘Masiva marcha del independentismo contra el fallo del Supremo’. Lo hacía después de una noche del viernes y de una madrugada posterior absolutamente bélica, en la que los cuerpos de seguridad estuvieron a un tris de perder toda clase de control sobre una masa enfervorizada de chiquillos -según la terminología izquierdista- que buscaba a toda costa un muerto.

Según el propio Centro de Investigación de Opinión Pública de la Generalitat, con datos de junio de 2019, sólo el 44% de los ciudadanos apoya la independencia

He escuchado estos días en la Cope al periodista deportivo Miguel Rico, que sabe mucho de fútbol pero que es un rabioso independentista, decir que lo ocurrido en Cataluña pasa en todos los países del mundo, como así evidencian la crisis de los chalecos amarillos en Francia o los sucesos de estos días en Chile. Pero se trata de una falsedad sólo explicable por la complicidad de fondo con el terror, si así lo exige el objetivo último de la secesión. En ningún país del mundo se permite que un gobierno legalmente constituido, que es la representación del Estado en una zona del país, aliente las protestas, las justifique, las encabece e impida hasta el último extremo a la policía que las combata.

Esto sólo pasa en España, que se ha convertido, por mor del presidente Sánchez, en el país mas vergonzoso del planeta. Es un país realmente vergonzoso porque está dejando desamparados a más de la mitad de los ciudadanos que vive en Cataluña. Según el propio Centro de Investigación de Opinión Pública de la Generalitat, con datos de junio de 2019, sólo el 44% de los ciudadanos apoya la independencia. Puede que las manifestaciones sean importantes, como señalaba arteramente el diario El País, pero no representan ni a la mitad de la sociedad catalana, que está inerme y completamente desprotegida por los poderes del Estado central.

No es el momento de los ansiosos, de los excitados o de los hiperventilados, afirma estos días el presidente Sánchez para justificar su inacción: “El problema de orden público se resuelve con la entrega y sacrificio de la policía, que da la cara modulando la respuesta”. ¡Váyase usted a la mierda! El pasado lunes, Sánchez viajó a Barcelona para visitar en el hospital a los policías heridos a los que durante toda la semana pasada había conducido hasta el desolladero. Su gesto renueva una desvergüenza y un despliegue de falta de escrúpulos como no habíamos conocido jamás en la historia democrática.

El 56% de la sociedad catalana que no es independentista se merece la protección, la seguridad, el amparo y además el cariño que debería presidir todo Estado de derecho que se precie. Hay que apretar, claro que hay apretar -usando las palabras del criminal Torra-, pero hay que apretarle a él, al gran cabrón que está ejerciendo de joker de este circo trágico y grotesco. Como es improbable que Sánchez se atreva antes de las elecciones, el 10-N tenemos la oportunidad de echarlo a patadas de La Moncloa. Todavía está en nuestras manos.

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