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Andrea Mármol

Opinión

¿Aguantar a cualquier precio?

Cualquier reforma de fondo será torpedeada con la exigencia de imposibles, porque el nacionalismo necesita alimentar el relato de la confrontación permanente

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. Gtres

Sería ingenuo pensar que un presidente del Gobierno que desde el día uno fio a la mercadotecnia toda su acción política no hubiese planeado saldar con un par de consignas claras su primera entrevista en prime time. Aunque a ratos, viendo “El Objetivo” en La Sexta parecía como si Pedro Sánchez no tuviese previstas algunas de las preguntas más pertinentes, -como si no existiesen en este Ejecutivo las rectificaciones, por ejemplo-, era fácil comprobar hasta qué punto se había planificado el empeño del equipo de líder socialista en dejar claro que, a día de hoy, Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno. Repitió hasta rozar el ridículo la afirmación, a la que recurrió como evasiva para evitar sancionar públicamente a sus ministros críticos con el Tribunal Supremo y la causa del 1-O. Pero, sobre todo la utilizó para vestir de responsabilidad institucional una acción de Gobierno marcada por el abandono de la misma.

“Yo soy presidente del Gobierno” en contraposición a mis ministros, que pueden permitirse el lujo de ir anunciando globos sonda, generar conflictos diplomáticos de difícil solución o poner en tela de juicio a los tribunales españoles justo cuando el nacionalismo más necesita ese tipo de declaraciones. “Yo soy presidente del Gobierno” como para no tener que acudir al Congreso de los Diputados a dar cuenta de mi tesis doctoral o para ir respondiendo a las preguntas de la Oposición, que, como su propio nombre indica es Oposición y no Gobierno, porque yo soy el presidente del Gobierno. Y es que, con declaraciones a medio camino entre la soberbia y el paternalismo para con los ciudadanos, Sánchez trató de situarse en una atalaya moral para evitarse explicaciones incómodas -sin mucho éxito, por cierto-.

Viene siendo habitual en el Ejecutivo compensar con palabras lo que desmienten los hechos. Prueba de ello lo fue el horizonte de 2030 que hace solo unos días Sánchez se fijaba para poder desplegar con todo su esplendor la obra de Gobierno que prepara: solo quería acallar las críticas contra la condición provisional, que no ilegítima, que pesa sobre su mandato. Hoy, en cambio, sabemos que no está en condiciones de agotar siquiera la media legislatura que le queda. Sánchez ha dado la razón a quienes arguyen que los apoyos de los que se vale para apuntalar su andadura en Moncloa le debilitan. Nada de lo que pueda hacer verá la luz sin el aval de los grupos que él enumeró en la entrevista: Podemos, PNV, ERC y el PDeCAT –estos dos últimos, según Sánchez son los “grupos catalanes”- tienen mucho que decir antes de consumar cualquier decisión. El presidente del Gobierno es consciente de esta limitación, pero no parece considerar las negativas consecuencias que pueda tener para el proyecto común.

No existe disposición alguna dentro del separatismo a negociar nada que no tenga que ver con la neutralización de la Justicia española

A estas alturas, los nacionalistas catalanes -así sí- ya han dejado clara cuál es la situación en Cataluña. No existe disposición alguna dentro del separatismo a negociar nada que no tenga que ver con la anulación de la actuación de la Justicia española. Con esta radiografía, a Sánchez se le antoja buena idea la de hablar abiertamente sobre su dependencia respecto a estos socios de más que dudosa lealtad constitucional. Habida cuenta del horizonte que tienen estos partidos en mente, seducirles con obsequios cada vez que el Gobierno del PSOE necesite demostrar que sigue caminando parece una muy mala idea.

La primera prueba de ello la tenemos con el anuncio de suprimir los aforamientos al que Sánchez se acoge para reflotar su semana fatídica y del que hasta ahora no había sentido la necesidad de hablar, pues tenía a mano otros tantos decretos cosméticos calculados al milímetro para colarse en la historia. Incluso para la tarea de la regeneración democrática se permiten poner condiciones los socios de Sánchez: cada uno quiere que se abra el melón constitucional para sacar su respectiva tajada, diluyendo así cualquier acuerdo común para transformarlo en contrapartidas. Ninguno de los socios del Gobierno tiene interés en que puedan contarse buenas noticias de España con facilidad, por lo que cualquier reforma será torpedeada con la exigencia de imposibles, porque el nacionalismo necesita alimentar el relato de la confrontación permanente. Incluso para quitar aforamientos. Esa es su principal misión, y la de Sánchez debería ser tomar nota y decidir si convoca elecciones o se planta. O quizás es que le parecen más asumibles las demandas del separatismo que volver al cauce constitucional.



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