Somos huéspedes de una casta de políticos parásitos que, al igual que las garrapatas, no sólo nos chupan la sangre sino que también nos inoculan enfermedades. El ecologismo y la sostenibilidad medioambiental son los nuevos mantras bienintencionados a los que recurren estos ácaros de lo público para seguir saqueando los bolsillos de las clases media y trabajadora. El feminismo es el pretexto con el que socavar el Estado de derecho y propiciar el cambio de régimen. Un totalitarismo identitario, una tiranía de la interseccionalidad tribal preñada de tintes neomarxistas en lo económico y pseudo fascistas puritanos en lo social.
Respecto a esta segunda derivada destaca cómo, en nombre de la identidad colectiva, nos imponen la renuncia al discernimiento propio. Quieren que dejemos de pensar por nosotras mismas, como individuos libres. El yugo del heteropatriarcado que nos sometió en el pasado es reemplazado por el estatal. Por un ministerio de Igualdad que velará por nosotras, dado que no nos valemos solas. Es el nuevo feminismo tutelar que nos convierte por sistema en víctimas del varón y en lacayas del Estado.
Dado que la libertad es incompatible con el vasallaje, entenderán que esta nueva ola feminista no le haga ascos al velo islámico femenino mientras abomina de nuestros cuerpos desnudos en el arte, en el cine, en la publicidad y en los medios de comunicación. Los segundos son cosificadores mientras el primero dignifica. Nuestra belleza, nuestras curvas y nuestra feminidad han de permanecer ocultas por voluntad ajena. Nos censuran en nuestro nombre y por nuestro bien.
Más dudas ofrece el pago en especie, que consiste en escalar en el escalafón y conseguir cargos y puestos gracias al ser “la pareja de”. Éste no sólo no conlleva humillación alguna, sino que puede llegar a ser hasta edificante
Hasta tal punto es así que, si sale adelante la reforma del Código Penal que pretende Irene Montero, habremos dejado de ser dueñas de decidir cómo consentir en nuestras relaciones sexuales. Tendremos que verbalizar el sí -y, por qué no, documentarlo- para colmar las exigencias legislativas estatales. Y si nos negamos a hacerlo, nos lo demandarán nuestras parejas sexuales, no vaya a ser que seamos incapaces de hacernos entender y nos acaben agrediendo sexualmente por un malentendido. Hay que burocratizar el sexo para proteger a la parte contratante más débil, inconsistente e inestable: nosotras. “Sólo sí es sí”, salvo si el intercambio sexual voluntario no es a título oneroso sino lucrativo, porque la prostitución libremente ejercida hay que prohibirla. Más dudas ofrece el pago en especie, que consiste en escalar en el escalafón y conseguir cargos y puestos gracias al ser “la pareja de”. Éste no sólo no conlleva humillación alguna, sino que puede llegar a ser hasta edificante dependiendo del color del carnet del partido de los involucrados.
La biología prima sobre el hecho
Desde el punto de vista institucional, el identitarismo feminista se ha revelado como un martillo percutor capaz de perforar los cimientos estructurales del sistema. En su nombre se ha reinstaurado el derecho penal de autor, introduciendo una figura delictiva que pone el foco en el sexo del acusado y de la víctima, en lugar de en la lesión al bien jurídico producida por el acto cometido. Sólo los hombres que maltratan a una mujer, pareja o expareja, pueden ser condenados por el delito de lesiones tipificado en el art. 153 del Código Penal vía Ley de Violencia de Género. Una mujer que inflija las mismas lesiones a su pareja mujer, o una señora a su pareja varón, serán condenados a menor pena que el primero aunque el daño provocado sea el mismo. La biología prima sobre el hecho, resucitando un derecho penal del enemigo en el que la potencialidad criminal radica en la entrepierna. Francisco Franco, el dictador fallecido, tildaba de posibles delincuentes a los homosexuales. Pilar Llop, presidenta del Senado, considera que todos los hombres del país, sin excepción, ejercen violencia sobre las mujeres. El crimen en potencia se le queda corto a la buena señora.
Invertir la carga de la prueba en el proceso penal, para que el hombre acusado de un delito contra la libertad sexual sea considerado culpable hasta que demuestre lo contrario
También quieren acabar con la presunción de inocencia, un derecho fundamental que define a los regímenes democráticos. Es lo que subyace tras el paternalismo estatista que destila la famosa ley del “Sólo Sí es Sí”, su objetivo último: invertir la carga de la prueba en el proceso penal, para que el hombre acusado de un delito contra la libertad sexual sea considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Una vez se abra esta puerta en nombre del feminismo, irán colándose otros delitos ideológicos. La libertad de expresión tiene todas las papeletas para convertirse en un nuevo caballo de Troya.
Por cierto, la pandemia ha dejado en cueros a todos los que usan a las mujeres como escudo político mientras afirman que lo hacen por nosotras, por mejorar nuestra vida y seguridad. Ya afloran los estudios que revelan que, si no se hubiese demorado el confinamiento para celebrar el 8-M de 2020, se hubieran evitado en torno a 23.000 muertes. Debieron suspenderlo recurriendo a la prudencia más elemental pero lo celebraron optando por la política más irresponsable. A pesar de ello, este año Irene Montero acusa a quienes critican las convocatorias de manifestaciones para celebrar la efeméride de querer criminalizar al movimiento feminista. Los mismos que han señalado como delincuentes a la mitad de la población española por razón de su sexo, que han llamado machistas y opresores heteropatriarcales a cualquiera que ha cuestionado sus postulados, temen ahora que su afán por reivindicarse en las calles no sea bien visto en un contexto en el que las Administraciones prohíben a los ciudadanos viajar entre CCAA o reunirse con amigos y familiares.
Como tuiteó mi paisana, la periodista Pepa Gea, si los niños entendieron que no habría cabalgata por el coronavirus, parece mentira que se lo tengamos que explicar a una ministra. Si de verdad las mujeres fuésemos el objeto de sus preocupaciones, este año no debería haberse convocado ni una sola manifestación, al margen de lo que decidan las diferentes delegaciones de Gobierno y, en su caso, los tribunales.