Mi pequeño Salottino

Evitar el uso temerario de las finanzas públicas

El artículo 134.6 CE establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Interesa recordarlo porque es fácil aventurar hoy día la intención de algunos de los nuevos actores parlamentarios de promover proposiciones de ley que pueden afectar directa o indirectamente a la cuestión del aumento de créditos y los ingresos presupuestarios.

La lectura del precepto constitucional es suficientemente clara, pero tal vez conviene ofrecer alguna explicación adicional y recordar que este asunto en verdad no representa ninguna novedad, puesto que ya en el año 2010 el Gobierno tuvo que pronunciarse al respecto con ocasión de la tramitación de una Proposición de Ley relativa a la supresión del capítulo II “medidas de seguridad social”, contenida en el Real Decreto-Ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit (expediente 122/000230).

Aquella norma no era una excepción de nuestro país, pues el esfuerzo fiscal era ya algo común en muchos otros países

El citado Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, se había convertido por entonces en uno de los caballos de batalla parlamentarios por ser la norma que contemplaba las medidas relacionadas con reducción del déficit y el ahorro previsto en el gasto público, que ascendía a 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011. Hay que decir no obstante que aquella norma no era una excepción de nuestro país, pues el esfuerzo fiscal era ya algo común en muchos otros países, mentalizados –unos más que otros– de la necesidad de corregir el deterioro de las finanzas públicas para no poner en riesgo los compromisos adoptados en el ámbito de la Unión Europea e incluso la divisa común.

Es así como surge el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo; una disposición que recogía una serie de medidas de ajuste con la intención de distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo económico que como nación debíamos realizar y contribuir de este modo a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La norma se convalidó por el Congreso el 27 de mayo de 2010 y en su propia exposición de motivos se refería a  la importancia e inmediatez de sus efectos económicos: “… aún cuando los ciudadanos no vayan a ver afectados sus derechos concretos de forma inmediata por la adopción de alguna de estas medidas, es evidente que la aprobación de todas ellas va a producir unos importantes efectos económicos desde esta fecha, directamente orientados a remediar la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que el presente Real Decreto-Ley responde, pues la rapidez, seguridad y determinación en la actuación forma parte del compromiso asumido por los países integrantes de la zona euro para reforzar la confianza en la moneda única y la estabilidad de la eurozona”.

Entre estas medidas se encontraba una muy polémica y es entonces cuando una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular intentó derogarla: la suspensión, excepcional, de la revalorización de las pensiones de carácter contributivo para el año 2011, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Se trataba de una medida que preveía un aporte de 1.400 millones de euros en el ajuste en el régimen de Seguridad Social y que se insertaba en la batería de medidas contenidas en el Real Decreto-Ley con carácter excepcional. Se argumentaba entonces que para ello se habían tenido en cuenta todas las circunstancias y de modo muy particular la situación y evolución de los perceptores de pensiones, en concreto las correspondientes revalorizaciones y su poder adquisitivo. Nótese a este respecto que en los últimos años – se aducía – la mayoría de pensiones habían mejorado sustancialmente sus cuantías por encima incluso del IPC, pero aun así es evidente que la medida no era nada popular y parlamentariamente se aprovechó por los diferentes grupos parlamentarios, especialmente cuando el Gobierno decidió rechazar la toma en consideración de la mencionada Proposición de Ley.

Una explicación para el artículo 134.6 de la Constitución

Citar el artículo 134.6 parece que no es suficiente, hay que explicarlo, y para ello conviene aclarar que en un contexto económico-financiero como el que arrastramos desde hace años, identificar y asegurar las medidas de recorte de gasto, a cuya finalidad obedecía el Real Decreto-Ley 8/2010, resulta algo elemental. Es por esto por lo que una Proposición de Ley que se encamine a derogar o poner en cuestión las medidas aprobadas con anterioridad y que ya han determinado un escenario, supone una marcha atrás en el cumplimiento de nuestro objetivo de déficit y puede causar perjuicios importantes. Esto justifica esa habilitación constitucional.

La aprobación de proposiciones de ley que afecten a los créditos o ingresos presupuestarios conllevan una pérdida de credibilidad y confianza en nuestra consolidación fiscal

Las consecuencias de una previsión de este tipo vienen a ser más o menos las siguientes. La aprobación de una Proposición de Ley como la señalada más arriba conlleva un aumento inmediato y significativo del coste de financiación con efecto directo sobre el gasto y el déficit. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del mercado ante cualquier duda sobre la voluntad de ajuste es muy elevada y hay que aceptar que automáticamente dejaríamos sin concretar cómo lograr los objetivos de déficit, lo cual provoca inmediatamente una penalización de nuestra deuda por las dudas que surgen respecto de nuestro compromiso con el proceso consolidación fiscal. Es decir, la aprobación de proposiciones de ley que afecten a los créditos o ingresos presupuestarios conllevan una pérdida de credibilidad y confianza en nuestro proceso de consolidación fiscal y en nuestra solvencia que puede ser difícilmente recuperable, además de costosa, tal y como aseguran las instituciones internacionales y los agentes económicos en general.

Alguien puede pensar que esta explicación es de carácter ideológico y/o especulativo. Bien, también puede pensar alguien que quienes así lo consideran en verdad no saben de lo que están hablando. Guste más o guste menos, los operadores financieros reaccionan inmediatamente ante las noticias que se producen en cualquier lugar del planeta, por lo que no tiene nada de especulativo considerar que una medida de esta naturaleza provoca inmediatamente unas consecuencias, más bien debe contarse con esa reacción. Recuérdese a estos efectos, por ejemplo, que la aprobación de las medidas extraordinarias de consolidación fiscal en el mes de mayo de 2010 produjo una disminución de la prima de riesgo y del tipo de interés que pagaba el Estado para financiar la deuda pública. Aquellas medidas, como otras muchas que se han ido aprobando sucesivamente, han procurado una mejora indiscutible de la financiación de nuestro país, y con ello una mejor llevanza de todos los asuntos públicos, debiéndose subrayar que no es necesario siquiera esperar a que esas medidas se materializasen, puesto que la confianza generada automáticamente disminuye el coste de la deuda que se emite desde ese mismo momento.

Consecuentemente, hay que tener claro que determinadas iniciativas pueden llevar consigo automáticamente una reacción en sentido contrario, es decir, un  aumento de la rentabilidad exigida (para empezar), con impacto inmediato en el coste de la financiación de la deuda pública. Los efectos no se agotan aquí –y esto es fundamental- porque la pérdida de confianza lleva aparejada una pérdida de credibilidad que acto seguido arrastra hacia el encarecimiento de la financiación del sector privado. Los tipos de interés entonces aumentan, complicando así el acceso a la financiación empresarial y familiar, esto acaba afectando a la renta disponible de los hogares y los flujos de caja que obtienen las empresas y en última instancia se daña el consumo y, por supuesto, los ingresos públicos.

Los intereses de la deuda en 2010 ascendían a unos 23.200 millones, en 2012 a 38.000 millones y en 2014 a 36.000 millones de euros

Para hacernos una idea de la seriedad de este tema, téngase en cuenta que los intereses de la deuda en 2010 ascendían a unos 23.200 millones (algo más del 2% del PIB), que en 2012 dicha cantidad ascendía a 38.000 millones y que en 2014, a pesar de la importante caída de los costes de financiación por las medidas adoptadas desde 2010, los intereses ascendían a unos 36.000 millones de euros. Todo esto debería ser más que suficiente para explicar y comprender que la aprobación de proposiciones de ley que pongan en entredicho la línea seguida hasta ahora generaría inseguridad y desconfianza exterior en la política económica española, y consecuentemente un incremento de la carga financiera, con un impacto inmediato en el déficit y un aumento de los créditos presupuestarios.

En conclusión, conviene tener muy presente que nuestro país no ha salido en absoluto de los apuros económicos que atraviesa desde hace ya años y no debe olvidarse tan pronto el mes de Mayo de 2010. Es por tanto responsabilidad de todos aceptar que las medidas desde entonces impulsadas por los diferentes gobiernos, incluida la reforma del artículo 135 de la Constitución, son medidas que aunque siempre resultan insatisfactorias e insuficientes para unos y otros, globalmente han sido correctas. Unas medidas auspiciadas desde instancias internas y externas, sí, pero medidas que en última instancia están destinadas a protegernos contra el peor de los vicios públicos: eluso temerario de las finanzas públicas.


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