TV3: La Generalitat ha invertido 2.000 M. en su aparato de propaganda desde el inicio del 'procés'

Los partidos independentistas han cuidado tradicionalmente a la prensa amiga. Incluso en los años más duros de la crisis económica, la Generalitat mantuvo el reparto de subvenciones a la edición en catalán, del que se beneficiaron decenas de medios de comunicación en toda la región, muchos de ellos, difusores del catecismo secesionista. La generosidad del Govern ha sido especialmente amplia con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), a la que el PdeCAT y ERC han entregado más de 2.000 millones de euros durante el proceso soberanista.

Sus medios de comunicación -TV3 y Catalunya Ràdio- han funcionado con normalidad durante los últimos meses, dado que el Parlamento -ante la negativa del PSOE- decidió excluirlos del paquete de medidas puesto en marcha con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso ha provocado que Vicent Sanchis y Saúl Gordillo se hayan mantenido al frente de estos medios y que la línea editorial de sus noticiarios y tertulias haya sido benévola con los independentistas y crítica con los constitucionalistas, según han denunciado estos últimos.

Desde que Artur Mas dio el pistoletazo de salida al procés, esta corporación pública ha recibido 2.022 millones de euros en subvenciones directas (2010-2017), según los datos extraídos de sus informes anuales de cuentas, disponibles en el Registro Mercantil. El primer año de la década actual ingresó 293,5 millones en este concepto, mientras que el pasado ejercicio, un total de 236,2 millones.

Una buena parte de esa cantidad -159 millones de euros- se destina al pago de su plantilla, conformada por 2.271 empleados, es decir, prácticamente igual a la suma de los contratados en Canal Sur y en la EiTB vasca, la segunda y la tercera televisiones autonómicas con más personal. Actualmente, uno de cada tres trabajadores de los medios públicos regionales lo hace en la CCMA, lo que da una idea de su enorme dimensión.

Al igual que otras de las grandes cadenas autonómicas, su estructura de costes no ha variado en exceso durante los últimos años, pero sí lo han hecho sus ingresos, que se han reducido drásticamente desde el inicio de la crisis económica. En 2008, su cifra de negocios fue de 118 millones de euros, mientras que, en 2016, de 67,53 millones, lo que explica la dificultad que implica cuadrar sus cuentas.

Ciertamente, la radio-televisión pública catalana está lejos de ser rentable. De hecho, entre 2010 y 2016 registró un déficit de 75 millones de euros. A esto, hay que sumar los casi 600 millones de euros que perdió durante los ejercicios anteriores, según se explica en sus cuentas.

La Agencia Tributaria reclama a esta corporación un total de 167 millones de euros en concepto de IVA de anteriores ejercicios.

A esto hay que sumar sus problemas con el fisco. No hay que olvidar que la Agencia Tributaria reclama a esta corporación un total de 167 millones de euros por diferentes deducciones del IVA que sus gestores realizaron durante varios ejercicios de forma presuntamente irregular.

Desde la federación de televisiones autonómicas (FORTA) señalan que este problema se debe a un cambio de interpretación de Hacienda a la hora de contabilizar el IVA que pagan estos medios de comunicación y confían en que el contencioso se resuelva pronto a su favor. Es más, inciden en que la televisión gallega (TVG) ya ha recibido la opinión favorable del tribunal económico regional y esperan que prosperen próximamente todos los recursos presentados por las cadenas regionales. En caso contrario, directivos como el propio Sanchis ya han advertido de las nefastas consecuencias que tendría para su actividad.

Manipulación informativa

Sea como fuere, resulta significativo el número de denuncias que ha recibido TV3 durante los últimos tiempos por su alineamiento con los independentistas. Sin ir más lejos, el pasado domingo, el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta aseguraba que esta televisión “se ha convertido en un engranaje clave en el golpe de Estado” independentista y lamentaba que estuviera alentando una respuesta callejera.

Sus directivos no se han esforzado especialmente por disimular su simpatía con los partidos secesionistas. Sirva como ejemplo la actitud demostrada el pasado septiembre por Sanchis y Gordillo, que mantuvieron en la parrilla los anuncios del referéndum ilegal del 1-0 pese a que el Tribunal Constitucional había ordenado que no se emitieran. Preguntado a este respecto, Sanchis afirmó que con esa decisión simplemente cumplía con la ley (de referéndum) dictada por el Parlament.

Asociaciones como el Grupo de Periodistas Pi i Margall han denunciado en varias ocasiones la manipulación informativa de TV3 o los exabruptos de colaboradores como Empar Moliner, quien quemó un ejemplar de la Constitución española en uno de los programas de esta televisión. Sin embargo, la autoridad audiovisual de esta región -Consejo Audiovisual de Cataluña- ha fallado en su contra en la mayoría de las ocasiones, en las que el voto de los consejeros afines a los partidos independentistas ha paralizado las sanciones.

La Generalitat cuida a los aliados

Pero el problema trasciende a los medios públicos, puesto que en Cataluña existen diversos medios privados que han crecido al calor de las ayudas de la Generalitat y que actualmente defienden el independentismo en cada una de sus ediciones. Como se detallaba en este artículo, el Ejecutivo catalán otorgó en 2017 otorgó subvenciones a 86 medios de comunicación digitales (1,5 millones de euros), a 198 publicaciones escritas (3,89 millones), a 18 empresas radiofónicas (570.000 euros) y a 19 televisiones (570.000 euros). En todos los casos, se justificaron por la difusión de contenidos en catalán o en aranés.

Por otra parte, también concedió varios miles de euros a asociaciones que promueven el pancatalanismo y a investigaciones sobre el autogobierno. La mejor dotada de 207 fue una de 60.000 euros que servirá para la realización de un trabajo titulado 'Las relaciones Cataluña/España en el contexto europeo. Consecuencias económicas y financieras de los diferentes escenarios político-constitucionales'. En otras palabras, para evaluar el impacto de la independencia.