Los trabajadores de Zeta preparan una nueva guerra judicial por el sueldo de sus directivos

El período de paz armada que se instauró en el Grupo Zeta después de que la Audiencia Nacional fallara en contra de sus trabajadores en el juicio contra el “alto sueldo” de sus directivos finalizará en los próximos días. Una buena parte de los empleados del holding de los Asensio presentará una nueva demanda ante los tribunales para intentar demostrar que los miembros del staff de la compañía no se bajaron el salario en la medida en que se comprometieron en 2014, cuando se acordaron las condiciones del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que sigue vigente entre su plantilla, según han avanzado fuentes implicadas en este litigio.

Durante el proceso, exigirán una indemnización, toda vez que sus nóminas han incluido durante todo este tiempo la rebaja del 9% comprometida con la empresa. En el caso de que el tribunal acepte este argumento y obligue al Grupo Zeta a devolver todo el importe del ERTE, la empresa tendría que hacer frente a un gasto extraordinario de 21 millones de euros, según sus propios cálculos. Los sindicatos consideran esa cifra “exagerada” y aseguran que la cantidad que tendrían que devolver a sus trabajadores sería de alrededor de 131.000 euros, que se corresponden con la diferencia entre el 7% que ha disminuido el sueldo del personal de fuera de convenio desde 2014 –al que pertenecen los directivos- y el 9% que debería haber alcanzado.

La Audiencia Nacional falló el pasado 9 de enero en contra de los representantes de estos 600 trabajadores al entender que su demanda incluía algunos defectos de forma –acumulación indebida de acciones-. En esa ocasión, no se pronunció sobre el fondo del asunto, lo que ha impulsado a los afectados a abrir un nuevo frente judicial.

Según argumentaron los representantes legales de los trabajadores durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, la bajada de salarios que se pactó en 2014 entre la empresa y el personal de convenio se ha cumplido “a rajatabla” y “sobre todos los conceptos retributivos”, incluidos los variables, como los domingos, las nocturnidades, las guardias o el kilometraje. A su juicio, no ha ocurrido así con el salario del personal de fuera de convenio –donde se encuentran sus directivos- que solo ha decrecido el 6,9%, según se detalla en los informes de la Comisión de Seguimiento del ERTE.

La empresa asegura que todos sus directivos, salvo dos, cobran menos que en 2014. En ambos casos, como medida para evitar su marcha.

La empresa afirmó durante el proceso que dicho personal de fuera de convenio no estaba afectado por este Expediente pero que, aun así, su salario fijo se ha reducido el 9% y que solo en dos casos no se ha hecho para evitar su marcha de la empresa. Y añadió: “Hay 50 personas de convenio a las que se les ha subido el sueldo. De los que están fuera de convenio, cuatro cobran menos de 52.000 euros y no se les ha aplicado una reducción, incluso cobran menos que algunos de sus subordinados”.

Los efectos de la crisis

En el periodo comprendido entre 2008 y 2016, el Grupo Zeta ha perdido un 60% de sus ingresos en el área general, un 52% en prensa y un 50% en revistas, lo que le ha obligado a reducir sus gastos de producción, así como sus costes internos y de personal, según se expone en el fallo de la Audiencia Nacional.

Hace unos años, la compañía empleaba a 2.500 trabajadores, mientras que actualmente a algo más de un millar. En 2009, planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que segó 442 puestos de trabajo; en 2011, una reducción del salario del personal fuera de convenio (10%) y, en 2012, una bajada de los sueldos de la plantilla que osciló entre el 5 y el 10%.

En 2014, la compañía pidió un nuevo esfuerzo a sus empleados, consistente en aceptar una rebaja del 9% del salario y de los variables y del 10% de las horas de trabajo. Entonces, sus sindicatos exigieron que sus directivos hicieran un sacrificio y redujeran su salario en la misma medida que el resto de sus trabajadores. A eso se comprometieron, aunque ahora los empleados incluidos en el convenio critican que no hayan cumplido su promesa. La empresa rechaza este supuesto.

En este tiempo, la compañía presidida por Antonio Asensio Mosbah ha conseguido refinanciar su deuda financiera y ha cerrado la entrada en el accionariado de El Periódico de Catalunya de la familia Lara y del inversor Domingo Muguira. En 2015, logró unos beneficios de 13,2 millones de euros gracias al considerable aumento de sus ingresos financieros y a la venta de algunos activos.