El rescate de Moncloa a la 'casta' mediática: el contribuyente paga la fiesta

Sucedió hace unos meses que Ana Botín apareció en el programa de Jesús Calleja para mostrar a los españoles que los banqueros también tienen corazón y opinión sobre los asuntos mundanos. La mayoría de las crónicas ensalzaron su desenvoltura ante las cámaras y su espontaneidad, como si aquello fuera una aventura improvisada y desinteresada. Desconozco cuántas décadas llevan las ópticas San Gabino incluyendo las gafas de sol en su catálogo, pero no deja de llamar la atención la capacidad de la prensa para deslumbrarse en determinadas situaciones. Quizá deberían hacérselo mirar, pues suele pasar que, cuando en los más altos despachos hay exposición directa al sol, sus páginas se llenan de piropos, como si hubieran concluido que, tras los potentes rayos lumínicos, se encontrara una deidad. Tal es así que, cuarenta años después, todavía hay alguno que demuestra ciertos problemas de enfoque al describir al Bribón que navega por las aguas mallorquinas. Quizá por la velocidad a la que se mueve.

Los medios que tanta poca puntería han demostrado a la hora de describir las peores dinámicas de la política y del capitalismo de amiguetes hispánico, concluyeron hace unos cuantos días que necesitan ayuda para sobrevivir. La situación entraña cierto peligro, pues sus problemas visuales no se explican en una patología ocular, sino en su costumbre de dejar de vigilar aquellos lugares cuyo dueño les ha inyectado una buena suma monetaria. Por eso, el hecho de que hayan solicitado auxilio al Gobierno en un momento tan complejo e incomparable en la historia reciente de España, debería provocar ciertos recelos en cualquiera que conociera los precedentes, pues en la presbicia mediática se explica la expansión de algunos de los cánceres más peligrosos que afectan a este país.

Cualquiera podría extrañarse hace unos días al escuchar a alguna de las más rutilantes estrellas de la televisión mañanera despotricar contra Alemania y Países Bajos por su escasa solidaridad con los españoles, pues rara vez los reyes del agitprop mediático -a la izquierda y a la derecha- son expertos en política internacional. De hecho, es extraño que sean especialistas en alguna temática diferente a la de contar versiones interesadas.

Rara vez los reyes del 'agitprop' son expertos en política internacional. De hecho, es extraño que sean especialistas en alguna temática diferente a la de contar versiones interesadas

Unos días después, al observar el Boletín Oficial del Estado, se podía encontrar una ayuda de 15 millones de euros, aprobada por el Consejo de Ministros y a repartir entre todos los empresarios de la TDT. Que no es mucho, si se tiene en cuenta que dos de estas compañías facturan cientos de millones de euros cada año, pero que es un gesto a valorar en estos tiempos de crisis.

Publicidad institucional

Las siguientes medidas caritativas que planea Moncloa -al menos, están sobre la mesa- parece que serán la de desgravar un porcentaje de la inversión que realicen los anunciantes en los medios de comunicación durante los próximos meses y la de aprobar un plan 2020 de publicidad institucional mejor dotado que en los años anteriores. Según El Español, con 100 millones de euros. Todo, a fin de repartir fondos entre los medios de comunicación para ayudarles a mitigar los efectos de la crisis del coronavirus, que ha provocado una merma de sus ingresos publicitarios.

Las grandes del Ibex 35 -y algunas otras empresas- ya han hecho su parte del trabajo, pues han optado por mantener los 'acuerdos institucionales' rubricados con los medios de comunicación y transformar las campañas comerciales en otras 'de marca'. Es decir, donde estaba previsto anunciar una cuenta bancaria, una alarma, una tarifa de internet o un automóvil, ahora se celebra el coraje de los sanitarios o se pide paciencia durante el confinamiento. Es evidente que ninguna acción es plenamente filantrópica cuando implica a un anunciante y a un medio de comunicación. Pero lo cierto es que estas transacciones se realizan entre empresas y, por tanto, las explicaciones habrá que prepararlas ante los accionistas; y no ante el contribuyente.

Por esta razón, convendría vigilar el destino de cada euro que salga de las arcas del Estado con destino a los medios de comunicación. Primero, porque el dinero público es, junto con la corrupción, el elemento que más contribuye a alterar la libre competencia de cualquier mercado. Y ya se sabe que la mano de Hacienda suele prestar más atención a los amigos del Gobierno que a los buenos gestores a la hora de distribuir recursos.

También es evidente que la publicidad institucional no se suele repartir de forma equitativa, como han demostrado tantas y tantas administraciones durante los últimos años. Un buen ejemplo es el que se registró en Cataluña cuando El Periódico decidió desmarcarse del proceso soberanista y pasar al ataque contra la Generalitat. Pese a que su difusión no cayó más que la de sus competidores, sus ingresos por publicidad institucional cayeron el 40% en 2017 y otro 40% en 2018, tal y como se puede ver en la documentación pública.

Ya se sabe que estos fondos suelen servir para que los aliados ganen vigor, en detrimento de sus enemigos. Por eso, distribuir 100 millones de euros en campañas durante los próximos meses, en el sector de la prensa, puede servir para dar aire a la 'Brunete mediática' del Gobierno y ahogar a quienes han criticado su gestión. Y, por eso, todo lo que sea repartir este dinero con un criterio distinto a su audiencia, debería levantar sospechas. Todo, evidentemente, pese a que la audiencia de la prensa digital está manipulada por mil y una triquiñuelas. Pero, ¿acaso hay un criterio mejor en este caso?

Deberían también los editores de medios de comunicación de este país realizar un ejercicio de introspección y preguntarse acerca de la conveniencia de encomendarse al dinero público mientras realizan una gestión tan nefasta de sus empresas

Deberían también los editores de medios de comunicación de este país realizar un ejercicio de introspección y preguntarse acerca de la conveniencia de encomendarse al dinero público mientras realizan una gestión tan nefasta de sus empresas, con deudas que, en algún caso, hoy equivalen a tres veces la capitalización bursátil del grupo. Es el caso de Prisa, que, por cierto, fue rescatada en 2013 por lo más granado del Ibex 35. Vuelvo a decir: cada empresa hace con su dinero lo que sus accionistas le permiten, pero, eso sí, no deja de llamar la atención el interés de compañías como Santander por influir en los medios. En Prisa, de hecho, el presidente no ejecutivo es Javier Monzón, para satisfacción de Ana Botín.

En otros casos, han presentado planes de recortes entre sus empleados mientras, en ejercicios anteriores, han repartido varios millones de euros de dividendos entre sus accionistas. Desde luego, en esas condiciones, hay que tener la cara muy dura para tratar de aferrarse a la ubre de lo público. También habría que hablar del caso de Javier Moll, quien ha planteado ERTEs 'salvajes' en sus periódicos sin casi esperar a ver la evolución de la crisis. Lo ha hecho unos meses después de que dos instituciones públicas, como el Instituto Catalán de Finanzas y su homólogo valenciano le condonaran una parte de la deuda que mantenían con el Grupo Zeta para no entorpecer la operación de compra. Desde luego, da la impresión de que, en este peculiar juego, siempre ganan y pierden los mismos.

Convendría hacer una reflexión sobre los peligros que conlleva el hecho de que las dependencias de los medios incrementen en un momento tan complejo. También, por descontado, por los objetivos que persigue Moncloa con este 'gesto de buena voluntad'. La próxima vez que una asociación de la prensa remarque que 'sin periodismo, no hay democracia' o que los medios son necesarios para luchar contra los bulos, quizá alguien debería subrayar la irresponsabilidad de tantos y tantos editores; y el papel nocivo y tóxico que una buena parte de estas empresas interpretan hoy en día en esta España carcomida.