Reivindicar el legítimo derecho a odiar al personal

El programa 'Equipo de Investigación', de La Sexta, provoca una especie de atracción fatal. Cada viernes por la noche, esa voz en off, que es de Gloria Serra, narra con intriga alguno de los más memorables episodios nacionales contemporáneos. El otro día, la acción se centraba en un horticultor ilerdense que se está haciendo de oro a costa de quienes confían en que sus plantas medicinales curen sus dolencias, incluidos el sida y el cáncer. Unas semanas antes, se desmenuzó por enésima vez el crimen contra Marta del Castillo. Poco antes, las truculentas peripecias de 'el rey del cachopo'. Cada semana, en su pantalla, puede usted conocer la historia de algún indeseable y, de paso, apreciar la valentía de periodistas que llaman al portero automático de la casa de los criminales o de sus familiares, jugándose un tortazo

Este año se cumplirán 30 primaveras desde que los estadounidenses comenzaron a disfrutar de 'Cops', el popular programa de televisión que lleva a los hogares de aquel país las más rimbombantes actuaciones policiales. Aquí se emite desde hace un tiempo un sucedáneo que muestra algunos de los hechos más evidentes de los bajos fondos. Quien observe con frecuencia estos espectáculos, a buen seguro mirará hacia ambos lados al salir por la puerta de casa y explorará los bajos del coche antes de arrancarlo. El mismo efecto producen esos magacines matinales plagados de sucesos con los que tantas veces se ha pedido legislar en caliente. Cada vez que una joven es asesinada o una feminista no está de acuerdo con una decisión judicial, se repite el mismo guión y se pide endurecer la ley.

Algo falla en un país cuando un tipo como Juan José Cortés alcanza el legislativo. El partido que le propuso como cabeza de lista por la provincia de Huelva lo hizo por su capacidad para atraer votos, ante la empatía que genera el despreciable asesinato de su hija pequeña, acaecido hace una década. Cortés -al igual que otros tantos- no tiene mucho más que ofrecer, lo cual dice todo. Pero ya se sabe que la prioridad de los partidos es aglutinar escaños, algo, sin duda, más importante para ellos que dotar al Congreso de los Diputados de legisladores de cierto nivel que contribuyan a mejorar el Estado.

El padre de Mari Luz Cortés ha recibido horas y horas de atención dentro de los programas especializados en narrar tragedias. Como definió el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni en su publicación Página 12, adoptó el papel de estrella mediática por su relación -como afectado- en un crimen. Eso le valió una popularidad que ha cimentado su carrera política, sin que se le conozca mayor mérito.

La máquina del fango

El siniestro mecanismo funciona preocupantemente bien: los medios se nutren de las miserias humanas, los espectadores se alarman y los partidos aprovechan la situación para conquistar corazones. Entonces, se ponen en marcha reformas tan cuestionadas como la del Código Penal de 2015 o la más reciente, de 2019. Sobre esta última, hay un prólogo memorable en la edición de la editorial Tirant Lo Blanch que está firmado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III Francisco Javier Álvarez, que se despacha sin excesivos miramientos contra los redactores y consentidores de determinadas aberraciones legales.

Dice lo siguiente: “Una de las características de nuestro legislador es que no aprende ni de sus errores ni de sus desastres. Al contrario, es multireincidente en su insistencia en empeorar la legislación penal española”. Un poco antes, afirma: “Cuesta decirlo, pero es una realidad: técnica, que no político-criminalmente -lo cual es obvio-, se legislaba mejor en los años sesenta del pasado siglo de lo que se hace actualmente”. De paso, define a Rafael Catalá como “el posiblemente más nocivo ministro de Justicia de la reciente historia de España”.

En el citado prólogo, realiza una interesante reflexión sobre la intolerable subjetividad de quienes redactan actualmente determinadas leyes, sobra decir que influenciados por la acción de los partidos y de determinados lobbies ideológicos de oscuras intenciones. “El legislador penal ha comenzado a transitar, amenazando con sanciones penales, el peligroso camino de la perfección humana” y ha creado figuras como la del delito de odio.

Y añade: “¿Por qué debería estar castigado el (...) odio a las mujeres, a las mujeres o a las personas de raza negra que pueda implicar menosprecio de las personas de estos grupos? (…) Debe reivindicarse el derecho a odiar o a ser malo, pues constituye una manifestación más del libre derecho de la personalidad (…) Otra cosa distinta es que a través del odio (…) se aliente a la discriminación o a la humillación de integrantes de los respectivos grupos”.

En una conversación telefónica con el autor, utiliza la sorna para referirse a las líneas anteriormente expuestas: “Yo no quiero perder el derecho a odiar a Rafael Catalá”.

La maldad del legislador

El problema es que los políticos, como buitres, aprovechan las causas trendy y los sucesos luctuosos para proponer modificaciones normativas en caliente, aunque eso derive en contradicciones y en hechos tan estúpidos como que se castigue con la misma pena abandonar a la víctima de un accidente causado por imprudencia, cuya vida está en peligro; que largarse del lugar donde se encuentra el fallecido en un siniestro -menos grave- que está siendo velado, tal y como critica Álvarez.

La maquinaria mediática es devota de los criminología, pero también de las mil y una causas de lo políticamente correcto. Desde luego, se ha demostrado que la prensa tiene influencia en los partidos, que, por un puñado de votos, son capaces de auténticas aberraciones. Entre otras, la de justificar un Real Decreto electoralista sobre vivienda en la “extraordinaria necesidad y urgencia” de las medidas para paliar la subida de los alquileres. O la de endurecer las penas para calmar las ansias del populacho. O la de impulsar hasta el Congreso de los diputados a auténticas calamidades, sin oficio ni beneficio.

Buenos ejemplos son también determinados artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana o el desarrollo de los delitos de odio o contra los sentimientos religiosos, que contribuyen peligrosamente a sobreproteger a lobbies influyentes y a los popes de la corrección.

Contra todo esto, no está de más reivindicar el derecho a odiar. Tampoco lo está pedir a los políticos que apaguen la televisión cuando se emite 'Equipo de investigación'. Es un programa entretenido y bien hecho, pero la criminología mediática no suele generar buenas ideas en los impresentables.