En tiempos de crisis e incertidumbre, es más fácil que afloren las diferencias entre los miembros de casi cualquier organización. La Asociación de Medios de Información (AMI) ha representado históricamente a los principales editores de periódicos y, entre otras cosas, ha defendido su posición en la negociación del convenio de prensa diaria.

Las relaciones entre sus socios han sido tirantes, por lo general, pero en los últimos tiempos han empeorado. Principalmente, por sus diferentes puntos de vista con respecto al papel que Google debe tener en el sector, pero también por los efectos que ha ocasionado la covid-19 en el negocio.

Unidad Editorial y, sobre todo, Vocento, marcan la voz cantante en la defensa del punto de la ley de propiedad intelectual –aprobada en 2014- que obliga a Google a abonar a los editores una ‘tasa’ por la utilización de sus informaciones. La posición de Prisa y Godó es menos firme en este sentido; y la de varios de los grupos de mediano y pequeño tamaño es contraria, dado que opinan que cualquier empresa debe estar capacitada para negociar su relación comercial con los proveedores tecnológicos sin necesidad de que exista una norma que determine las condiciones.

Fuentes de los editores de prensa apuntan a Vozpópuli que el Ejecutivo se encuentra en conversaciones con las partes para tratar de ofrecer una ‘solución salomónica’, sin embargo, no parece sencillo conciliar todas las posturas, dado que los grandes grupos citados anteriormente consideran que, si no se pone coto al negocio de Google, la libertad de prensa podría quedar sometida a su criterio.

Prensa dividida

Las rencillas con constantes y, de hecho, entre alguno de los pequeños editores se critica que Unidad Editorial defienda el establecimiento de la tasa a Google en España, pero RCS MediaGroup –su dueña- pacte con la compañía en Italia para compartir sus contenidos, tal y como detalló El Español.

De las discrepancias de AMI surgió la Asociación de Prensa Regional Independiente, que reclama su libertad para negociar con Google. De este grupo forman parte Henneo, Diario de Navarra, Joly, Última Hora, La Gaceta de Salamanca, Diario de León, Progreso de Lugo y Segre.

Esta confrontación no es la primera que surge en el grupo con respecto a este tema, pues hace un lustro, cuando se aprobó la ley y Google decidió echar el cierre a su servicio News en España, los editores también se dividieron. De hecho, a Juan Luis Cebrián (Prisa) le acusaron de cambiar de postura tras la aprobación de la norma tras haberla considerado necesaria.

En esas fechas, los grandes grupos también se enfrentaron con respecto a la entrada en la asociación de los medios de comunicación digitales, que finalmente se consumó en 2017, cuando la organización se rebautizó como AMI y dejó atrás su denominación de AEDE.

La prensa española

Hay que tener en cuenta que la asociación –presidida por Antonio Fernández-Galiano (Unidad Editorial- ejerce de lobby de la prensa en foros nacionales e internacionales; y de mediadora ante los diferentes gobiernos. Con el actual han tenido discrepancias en temas como el relacionado con el Real Decreto sobre la publicidad de las casas de apuestas, que se encuentra en manos del Tribunal Supremo, pues los editores de prensa denunciaron la discriminación a las que le sometía el texto legal.

En los próximos meses, se espera que se pongan sobre la mesa de AMI las condiciones de la plataforma tecnológica que desarrollará Telefónica –con financiación europea- para que los medios de comunicación que lo deseen tengan acceso a herramientas de medición de audiencias o la explotación de la denominada ‘publicidad programática’.

Eso se hará en un momento complejo de la historia de la asociación, en el que las posturas están enfrentadas y el Ejecutivo trata de ofrecer una solución que respete todas las sensibilidades, expresan estos informantes. No obstante, se muestran escépticos con respecto al verdadero peso específico de la patronal en el futuro, dado que, al final, como ocurre en el caso de la célebre UTECA (de las televisiones), cada cual libra la guerra por su cuenta y defiende sus intereses por separado, ante las instituciones o las empresas en las que haya que negociar en cada momento.