Grupo Zeta: la banca y la política vuelven a condicionar una operación mediática

En teoría, el sector de los medios de comunicación se rige por las dinámicas del libre mercado. Sin embargo, en la práctica, está sometido a la fuerza de los vientos de los poderes político y económico. La venta del Grupo Zeta es un ejemplo de cómo la oferta más alta no es siempre la que más posibilidades tiene de triunfar en este tipo de operaciones, pues ha estado condicionada por el proceso soberanista catalán y por el criterio de los bancos que tienen la titularidad de la deuda de la empresa de los Asensio.

Para entender lo que ha ocurrido en el Grupo Zeta hay que mirar su balance de situación, en el que aparece una deuda con varios bancos que asciende a más de 90 millones de euros. Este préstamo sindicado ha sido refinanciado en varias ocasiones durante los últimos años (2009, 2012, 2013, 2015 y 2017) ante la imposibilidad de la editora de El Periódico de hacer frente a los vencimientos. Principalmente, por la mala situación de sus medios de comunicación y por el exigente calendario de pagos de su deuda con Hacienda, que a principios de la década actual ascendía a 24 millones de euros.

Antes de la refinanciación de 2015, la compañía logró la entrada en el accionariado de El Periódico de la familia Lara (Planeta y Atresmedia) y del empresario cafetero mexicano Domingo Muguira, lo que dio oxígeno al grupo y favoreció la operación con la banca acreedora. Sin embargo, no logró solucionar la crisis de Zeta, que dos años después volvió a solicitar ayuda de las entidades financieras ante su imposibilidad para afrontar los compromisos de pago. En ese período, vendió Ediciones B por 39 millones de euros, planteó recortes en sus periódicos y cerró Interviú y Tiempo.

El proceso de venta de la compañía -que se ha explorado en varias ocasiones- se volvió a poner en marcha entonces, aunque no cristalizó antes por las altas pretensiones de Asensio, que, por cierto, causaron malestar entre sus acreedores.

La opción Vocento

Entre quienes se interesaron por el grupo se encontraba Vocento, dado que la posibilidad de entrar en Cataluña a través del diario más vendido en los quioscos de esta comunidad autónoma resultaba atractiva. El Ejecutivo de Mariano Rajoy realizó, entonces, algunos movimientos para intentar que la editora de ABC se quedara con El Periódico, pero no dieron resultado, dado que el alto precio solicitado por los Asensio disuadió a sus propietarios.

El objetivo del anterior Gobierno era evitar que un diario que ha defendido las tesis de los partidos constitucionalistas durante la parte más complicada del procés cambiara de rumbo editorial. En este sentido, inquietaba el interés de Jaume Roures (Mediapro), quien es confeso simpatizante de Podemos y quien se muestra partidario del derecho a la autodeterminación de Cataluña. La Guardia Civil le situó el año pasado como uno de los "elementos capitales" del separatismo, pero su entorno siempre ha negado esa tesis con rotundidad.

El interés de Roures por el Grupo Zeta se materializó hace unas semanas, cuando presentó una oferta de alrededor de 60 millones de euros por la compañía. El movimiento cogió con el pie cambiado a Javier Moll y a Henneo, con una menor potencia de fuego, a priori, que Mediapro, que en los últimos años se ha convertido en una de las principales productoras audiovisuales de Europa.

Jaume Roures ha lamentado durante las últimas semanas que las entidades financieras no le han concedido el mismo trato que a sus rivales.

La oferta de Roures era muy superior a la de Moll, que había ofrecido unos 30 millones de euros. Pero, como se dice al principio de este artículo, las condiciones económicas no son el único factor que pesa en las operaciones mediáticas. 

Implicaciones políticas

Dentro de ERC, la opción preferida era la de Roures, pues se estimaba que su entrada en El Periódico acercaría su línea editorial a este partido. Pero entre los partidos constitucionalistas esta opción disgustaba, puesto que podría implicar la pérdida de uno de los pocos aliados que conservan en Cataluña, donde la Generalitat se ha granjeado muchas simpatías en el sector mediático a través de la publicidad institucional y de las ayudas por la edición en catalán.

La palabra más importante, sin embargo, la ha tenido la banca acreedora, que en su mayor parte se ha posicionado del lado de Moll en esta operación. De hecho, este lunes se anunciaba un principio de acuerdo entre Editorial Prensa Ibérica y Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA, para la venta de la deuda que estas entidades mantienen con Zeta con un 70% de descuento. Esto permitirá a Moll negociar con Asensio con el plácet de los bancos y, en teoría, facilitará el desenlace de la operación.

Jaume Roures ha lamentado durante las últimas semanas que estas entidades no le han concedido el mismo trato que a sus rivales. De hecho, fuentes del sector financiero inciden en que el presidente de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, no es en absoluto partidario de que Roures se haga con el control de El Periódico. Del mismo modo, los otros tres bancos no quieren verse metidos en problemas con el establishment político, ante un posible viraje editorial de este diario generalista.

La Generalitat también ha actuado en consonancia con su opinión, dentro de esta operación. Por esta razón, el Instituto Catalán de Finanzas -controlado por el Govern- no ha querido adherirse al acuerdo alcanzado por los acreedores de Zeta con Javier Moll.

Este martes, Vozpópuli adelantaba que Jaume Roures ha expresado su disposición a mejorar en 10 millones de euros la oferta que han recibido los bancos por parte de Moll. Fuentes de Mediapro precisaban este miércoles que no habían recibido respuesta al respecto.

A partir de ahora, está por ver si Asensio aceptará la oferta de Mediapro o la del dueño de Editorial Prensa Ibérica. También habrá que ver si esta decisión estará influenciada por el criterio de los poderes político y económico; o si sólo estará condicionada por el montante de las propuestas que tiene sobre la mesa.