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Púnica salpica a la CNMC: un consejero estuvo asociado con uno de sus cabecillas

El consejero de la CNMC Eduardo García Matilla

Los alargados tentáculos de la Trama Púnica han tocado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo público que, por sus importantes atribuciones, debería estar compuesto por personas con un currículum casi intachable. Uno de sus consejeros, Eduardo García Matilla, fue presidente durante casi dos décadas de Corporación Multimedia S.A., una empresa dedicada a la investigación y la asesoría sobre el negocio audiovisual que estuvo participada por Zima Iniciativas S.A., al menos, entre 2009 y 2012. Esta entidad figura en el sumario de esta operación anticorrupción por estar en la órbita de Mistral Inv. S.L., una sociedad pantalla que fundó José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y considerado como uno de los conseguidores de la trama. El administrador en ese momento era su hermano, Agustín.

Vozpópuli publicó el pasado 21 de julio que García Matilla cobró más de 1 millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de Corporación Multimedia S.A.. El consejero ocultó el dato al Parlamento cuando presentó su candidatura al organismo súper regulador en 2013, a pesar de que en el ejercicio de su función debe tomar importantes decisiones sobre el sector de las telecomunicaciones, entre las que está la de imponer multas millonarias a estas compañías.

García Matilla cobró más de 1 millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de Corporación Multimedia S.A.

El sumario de la Operación Púnica le relaciona con el exdiputado del PSOE José Antonio Alonso Conesa (1989-1996), pero también con el principal conseguidor de contratos con las Administraciones Públicas de esta amplia red de corrupción y tráfico de influencias, Alejandro de Pedro. Según un informe proporcionado a la Fiscalía por la Agencia Tributaria, el también imputado poseía en 2010 el 20 % del capital social de Mistral Inv. S.L.

Alonso Conesa, en su web personal, cita algunas “grandes empresas” de las que ha sido consejero durante su trayectoria profesional. Entre ellas, sitúa a empresas investigadas por ser sospechosas de haber sido utilizadas como vehículo para mover el dinero conseguido de forma ilegal por los responsables de la trama como Zima Iniciativas S.A. y Atalia Grupo Inmobiliario S.L. (de la que a su vez fue socio con David Marjaliza). En esta relación de compañías en las que ha participado también incluye Corporación Multimedia, que el informe que Hacienda proporcionó a la Fiscalía incluye como socios a Zima Iniciativas, S.A. (57 %), Saturnino Santos Montiel (20,51%) y Eduardo García Matilla (20,51%).

La cabeza visible de Corporación Multimedia

El consejero de la CNMC lideró Corporación Multimedia S.A. entre 1992 y 2011, dentro de un periodo en el que la empresa realizó estudios sobre las audiencias de televisión, investigación en temas relacionados con los medios de comunicación y trabajos sobre el impacto de la "digitalización" en las compañías audiovisuales tradicionales, según figura en su currículum. Su memoria de 2010 -consultada por Vozpópuli- refleja que el 2 de septiembre de ese año solicitó el concurso voluntario de acreedores y adjuntó un plan de liquidación del negocio por su mala marcha. En ese ejercicio, perdió 3,3 millones de euros.

Una simple búsqueda a través de los boletines oficiales da como resultado que Corporación Multimedia S.A. obtuvo en 2009 una ayuda de 199.471,50 euros por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de una “plataforma online para la industria y el comercio audiovisual”. Dos años antes, en 2007, la Región de Murcia le contrató para la realización de un servicio de Consultoría y Asistencia por 140.000 euros.

El mandato de este consejero finaliza el próximo septiembre y, para continuar en la CNMC, deberá pasar un examen en el Congreso

García Matilla es uno de los tres miembros de la CNMC -junto con María Ortiz y Diego Rodríguez- cuyo mandato finaliza el próximo septiembre. Para asegurarse su permanencia durante otros cuatro años en el plenario del antiguo Palacio de los Urquijo deberá pasar un "examen" ante el Congreso de los Diputados en el que se evaluarán las actuaciones que ha llevado a cabo en estos últimos dos años en los cuatro sectores en los que su sala dispone de competencias: el audiovisual, el de telecomunicaciones, el energético y el postal.

Su llegada a la CNMC se produjo en 2013, después de que el PSOE se negara a pactar con el PP para designar a consejeros de su cuerda para este organismo. Su elección estuvo respaldada por su amplio conocimiento del sector audiovisual, al que ha dedicado toda su carrera profesional. Eso sí, en el momento en que presentó sus credenciales en el Congreso de los Diputados, reconoció sus carencias sobre algunos de los sectores que tendría que vigilar, aunque eso no frenó su candidatura.

Entre las decisiones que ha tomado durante estos dos años, ha dado especialmente que hablar el voto particular que emitió a la resolución que autorizaba la venta de Digital Plus a Telefónica, en el que criticaba la inconcreción de algunos de los compromisos adquiridos por la compañía de telecomunicaciones ante el regulador del mercado. También el polémico voto que recientemente ha emitido para expresar su disconformidad sobre un estudio del mercado mayorista de los carburantes, cuyo texto lo redactó la vicepresidenta de Competencia, María Fernández Pérez, y al que también se adhirió el consejero Fernando Torremocha.

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